TEGUCIGALPA, HONDURAS. Recientemente se aprobó la reforma al decreto 107-2021, el cual permite el pago de derechos adquiridos a los funcionarios públicos. Ante esta situación, los abogados Jari Dixon y Mario Sorto llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra dicho decreto.
Ambos abogados llegaron en representación del partido Libertad y Refundación (Libre). Ese recurso es contra el decreto 107-2021, el cual contiene el Presupuesto General de la República y las disposiciones para el ejercicio 2022.
Según lo descrito en el documento, el artículo 129 del decreto violenta la justicia y los principios del régimen constitucional financiero y laboral.
«Es algo que está fuera de ley. Con ello, se comprometerán recursos que deberían ser destinados a la salud, la educación y la seguridad alimentaria de los hondureños y las hondureñas», indicó Dixon afuera del Palacio de Justicia.
De acuerdo con el diputado electo, son más de seis millones de lempiras los que se han comprometido para pagar esas «prestaciones». Asimismo, dijo que los funcionarios ya gozaron de los beneficios de formar parte del equipo administrativo del país.
Además de eso, explicó que todos los colaboradores del Estado de Honduras tienen el conocimiento que no gozarán de prestaciones laborales.
«La justicia hondureña tiene que recapacitar y decirle a los funcionarios que ya gozaron de privilegios durante estos últimos 12 años. Ellos aceptaron esos cargos bajo el entendido que no tenían prestaciones laborales, eran personal de confianza, y no es justo que sigan sangrándole el bolsillo al pueblo hondureño», manifestó.
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Piden derogar el artículo
Según lo manifestado por los togados, la CSJ «tiene la obligación de manifestarse en contra de las ilegalidades». Asimismo, explicaron que lo que buscan es que las autoridades judiciales deroguen el artículo, el cual han considerado como lesivo para el país.
«Buscamos que se derogue el artículo. Estos funcionarios están incurriendo en actos de corrupción y por lo tanto, solicitamos a la Corte que se pronuncie de forma inmediata», señaló Mario Soto.
Por su parte, Jari Dixon explicó que independientemente de lo que indica el artículo, se «violenta al Código de Trabajo y a la Ley del Servicio Civil«, debido a que estos funcionarios «son personas que no están protegidas por ninguna de las dos normativas».
«Estos son cargos nombrados por confianza. Por lo tanto, esperamos que la Corte suspenda esta acción y no permita que estas personas cobren un solo centavo«, puntualizó.
Dixon indicó que en caso de que la Corte no emita un fallo favorable o que no admita el recurso, elevarán la causa al Congreso Nacional.
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