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HONDURAS. Lufussa tiene dos contratos energénicos con el Estado, mismos que fueron aprobados en julio pasado, con un beneficio económico de, al menos, 1.800 millones de dólares, que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) le pagará a lo largo de 10 años.

Uno de los contratos que se otorgó a Lufussa fue el 15-2018. Dicho documento consiste en un acuerdo de potencia firme y energía asociada de 70 MW en la zona sur del país. El mismo tiene una validez de dos años. Y el segundo contrato es el 04-2018, el cual consiste en el suministro de potencia y energía asociada de 240MW por 10 años, siempre en la zona sur de Honduras.

Se debe mencionar que ambos documentos fueron firmados en 2018 por Jesús Mejía, cuando aún estaba al frente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), pues renunció a su puesto en julio del siguiente año.

Pero, ¿cuál es la cantidad de dinero que Lufussa llevará a sus arcas durante la vigencia de los contratos? Para contestar dicha interrogante, TIEMPO Digital se comunicó con Leonardo Deras, exgerente de la ENEE.

No obstante, antes, se debe saber que la empresa generadora de energía vende cada kilovatio hora que produzca su planta Pavana III a un costo de 3.4 centavos de dólar. La cifra antes dicha es la que se especifica dentro del contrato más oneroso y de mayor duración.

Entre tanto, la planta Pavana II produce energía más cara, pues el combustible que utiliza es más costoso. Por esa razón, la ENEE solo comprará 70 megativos de ésta, durante dos años.

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Casi 2,000 millones de dólares

Leonardo Deras dijo que no podía dar una cifra exacta de cuánto pagará la ENEE a la Lufussa mensualmente por cada contrato, «pues puede variar», porque «se paga lo que genera», por tanto, unos meses puede ser más y otros menos.

Pero, al pedirle que mencionara una cifra aproximada, mencionó que por el contrato de 10 años y 240 megativos de energía, el Estado desembolsará «unos 350 millones de lempiras mensuales», y por el segundo, de dos años y 70 megativos, otros «80 millones de lempiras al mes».

Es así como haciendo una fácil multiplicación, se puede determinar que, según lo dicho por Deras, el contrato con vigencia de 10 años tiene un valor total de 42 mil millones de lempiras aproximadamente (350 millones por 10 años), lo que, al cambio actual, es 1,703 millones de dólares.

Entre tanto, utilizando la misma fórmula, se puede decir que el contrato de dos años tiene un beneficio de otros 1,920 millones de lempiras para Lufussa, es decir, unos 77 millones 858 mil dólares. Por ambos contratos, la cifra es de 1,770 millones de dólares.

«De los más baratos del mercado»: Deras

Aun así, Leonardo Deras afirmó que el contrato de Lufussa con la ENEE «es uno de los mejores a nivel centroamericano», económicamente hablando, lo cual, según él, permite que el Estado se ahorre «entre 600 y 700 millones de lempiras» cada mes.

En contraste con las declaraciones de Deras, se debe resaltar que Lufussa acumula ya 25 años vendiéndole energía a Honduras, desde el 1995, y lo hará por al menos 10 años más, luego de la aprobación del pasado julio 2020.

En 2008, mediante una comparecencia en Radio América, el ingeniero David Castillo, en su condición de funcionario de la ENEE, reveló que el contrato Lufussa I era el más costoso para el país, según informó una periódico impreso en esa ocasión.

Además, en 2010 surgió una tremenda polémica entre Lufussa y la ENEE, pues, los ejecutivos de Luz y Fuerza de San Lorenzo SA dejaron sin 80 megavatios al Estado alegando que la estatal le debía L700 millones, pues los altos costos de compra de energía hacían a la estatal entrar en números rojos.

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Fátima Mena: MP y TSC deben investigar sobre contratos de energía

Pero a criterio de la abogada Fátima Mena, de la Coalición Contra la Corrupción, el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) están obligados a investigar y señalar a quienes han hecho negocios con los contratos de energía.

Según la togada, la problemática energética de Honduras tiene un trasfondo, y es la corrupción, la cual, se acarrea desde hace varios años. Por tanto, considera que dichos contratos deberían ser cancelados. Pero, para hacerlo, hay que «tener la voluntad de revertir el daño causado», dijo a Radio América.

“No podemos seguir permitiendo que los entes contarlos se estén tirando la pelota, deben actuar de forma inmediata», agregó.


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