TEGUCIGALPA, HONDURAS. El contrato entre Honduras con una empresa internacional para brindar el servicio de cámaras al Sistema Nacional de Emergencias 911 está protegido por la polémica Ley de Secretos Oficiales, lo que impide conocer a profundidad todo lo que engloba.
El pasado miércoles 31 de agosto se conoció que las líneas telefónicas y cámaras del 911 dejaron de funcionar. Explicaron que la razón es una supuesta deuda de 150 millones de dólares de parte del Estado de Honduras con la empresa.
En tal sentido, la compañía aseguró que no va a reducir los costos operativos que se acordaron con el gobierno pasado. De acuerdo con expertos, esta situación atenta contra la seguridad nacional y es un grave problema para Honduras.
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Además, al consultar a fuentes como funcionarios de gobierno o diputados, señalaron que no tienen conocimiento del contrato y no han accedido a él.
DIARIO TIEMPO consultó con expertos en temas de transparencia y seguridad, quienes coinciden que el contrato nadie lo conoce y está en duda de si lo suscribieron siguiendo el proceso con base en la ley.
IAIP: No se sabe nada del contrato
La comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ivonne Ardón, detalló a DIARIO TIEMPO que el contrato del 911 no se hizo público y se supo sobre él hasta este momento en que la empresa exigió cancelar la deuda.
«Eso lo tenían ellos (administración anterior) en reserva con fondos de la Tasa de Seguridad y fue una información que nunca publicaron y tampoco le dejaron detalles a la Tasa», detalló Ardón.
Asimismo, la funcionaria reiteró que el documento no se publicó en ningún momento y la Secretaría de Seguridad de la administración pasada tampoco brindó detalles.
«Todo lo reservaban a través de la Dirección de Investigación e Inteligencia, que eran los que ejecutaban la política del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa«, agregó la comisionada del IAIP.
La legislación hondureña manda que se publique a través del IAIP todo tipo de compras, gastos, inversiones y otros desembolsos que se realizan con fondos del Estado de Honduras.
Por último, Ivonne Ardón recalcó que nadie sabía de este contrato por el tema de las cámaras y Sistema del 911.
«Documentado no tenemos nosotros publicación en el Portal de Transparencia y ni siquiera sabemos quién es el proveedor del servicio, porque tampoco se conoció cómo fue el procedimiento y si lo licitaron cumpliendo con la Ley del Proceso de Contratación del Estado«, cerró.
No se conoce sobre la empresa
De acuerdo con la experta en seguridad y directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, que el contrato esté en secretividad impide conocer sobre la empresa proveedora.
«Lo que han colocado en Secretos Oficiales es el hecho de no dar información que quiénes son a los que contrataron y los montos en lempiras. Ese es un problema de transparencia en las instituciones del Estado y de los que desarrollan este proceso de contratación», manifestó a DIARIO TIEMPO.
Además, Ayestas destacó que este proceso de contratación se hizo sin importar la cantidad monetaria que iba a costar y de qué partida presupuestaria iba a salir.
«Lo hacen y encima lo trasladan a Secretos Oficiales, prácticamente para que nadie les pida por cierto tiempo información sobre los mismos», aseguró la experta.
A la vez, la directora del OV-UNAH recordó que en Honduras un dato o información dura en la palestra pública, al menos una semana, y luego se olvida. Sin embargo, recalcó que «cómo se puede olvidar un problema tan grave y que hay que pagar 150 millones de dólares a una empresa».
¿Movida escondida?
Según Ayestas, por ahora no se puede asegurar que esto se trate de una movida con la finalidad de favorecer a alguien porque no se sabe mucho de la empresa, así como de sus dueños y socios.
«No sabemos quiénes son los dueños y cómo fue la negociación. Allí es donde se requiere la transparencia, la rendición de cuentas de los funcionarios porque vamos a encontrar muchos casos más como este sobre que los funcionarios usan a discreción los fondos del pueblo hondureño», sentenció la experta.
También, la directora del OV-UNAH destacó que en este caso se debió hacer un proceso de licitación pública, debido a que la ley manda a realizarla por el alto monto de dinero que implica.
«Ese dinero sale de la Tasa de Seguridad y ese es un dinero extraordinario de la gente. Allí es donde se vuelve un problema de que la opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas les afecta porque nadie sabe nada de eso y de un solo lo enviaron a Secretos Oficiales», cerró.
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