AFP. Unos 8.000 indígenas peruanos tienen altos niveles de plomo, arsénico y mercurio en el cuerpo a causa de faenas mineras cerca de sus aldeas en la provincia sureña de Espinar, según un informe divulgado este martes por Amnistía Internacional.
«Se encontraron niveles de metales y sustancias tóxicas (plomo, cadmio, arsénico, mercurio y manganeso) en los participantes del estudio, lo que evidencia el riesgo para la salud al que están expuestas las comunidades indígenas en Espinar», dice el informe, fruto de una investigación de tres años.
«Son 11 comunidades indígenas en el entorno de la zona de impacto social y ambiental de la minería, alcanzando a unas 8.000 personas», explicó a la AFP la responsable de la investigación, María José Veramendi.
Salvo el manganeso, que es útil para el cuerpo del ser humano, la presencia de estos metales en el organismo «puede generar diferentes tipos de enfermedades, náuseas, vómitos, algunos tipos de cáncer y problemas hepáticos», agregó. «Si bien no podemos asociar el síntoma con la consecuencia de estar expuestos, sí llama la atención para identificar la correlación con éstos».
La investigación incluyó el análisis de metales y sustancias tóxicas a una muestra de 150 voluntarios y de calidad de agua en 292 puntos.
País minero
Perú es uno de los mayores productores mundiales de cobre, oro, plata, zinc y plomo. La minería aportó al país el 16 % de la inversión privada durante la última década. Además, genera 1,8 millones de empleos directos e indirectos, y representa casi 60 % de las exportaciones.
Veramendi exhortó a las autoridades sanitarias a que «se establezca un programa de vigilancia epidemiológica permanente en Espinar, para determinar el impacto total en toda la población expuesta».
La investigadora explicó que se hicieron entrevistas individuales durante el estudio, en las que los pobladores reportaron síntomas como dolores de cabeza, problemas renales, de próstata y dentales afecciones estomacales y hasta tumores cancerígenos en dos personas.
Espinar es una provincia en el departamento andino de Cusco, donde se encuentra la ciudad homónima, la antigua capital del Imperio Inca, y también la ciudadela inca de Machu Picchu, la principal atracción turística peruana.
Conflicto prolongado
El malestar social en las comunidades próximas a zonas de producción minera o de hidrocarburos ha devenido en Perú en decenas de conflictos registrados por la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y en episodios de violencia.
En 2015 varias provincias del sur de Perú, incluyendo Espinar, fueron declaradas en emergencia tras protestas que dejaron cuatro fallecidos.
Además, las protestas fueron en rechazo a ciertas actividades del proyecto cuprífero Las Bambas, el más grande de Perú, por considerar que serían contaminantes.
Según datos de la Defensoría del Pueblo a marzo de 2021, los conflictos mineros representan el grueso de las disputas socioambientales. Asimismo, el 41 % del total de conflictos sociales del país.
A fines de 2020, la justicia peruana dictaminó que el gobierno nacional y el gobierno regional de Cusco eran responsables por problemas de salud pública en Espinar, por lo que debían ejecutar un plan de emergencia para resolverlos.
«Las autoridades deben tomar el liderazgo para resolver la grave crisis de salud en Espinar y, en particular, garantizar la implementación de la Estrategia de Emergencia ordenada por el Poder Judicial en diciembre de 2020», dijo Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía en Perú.
«No puede normalizarse el que las personas vivan con metales y sustancias tóxicas en sus cuerpos», agregó Navarro en un comunicado.
«Doble emergencia»
Amnistía Internacional recordó en su informe que el Estado peruano reconoce que 10 millones de sus habitantes, están en riesgo de exposición a metales pesados. Asimismo, más de 20 % (6,8 millones de personas) a metaloides como el arsénico, y más del 6 % (dos millones de personas) a hidrocarburos.
La población de Espinar «vive una doble emergencia con la contaminación y el Covid-19«, expresó Navarro.
Veramendi, por su parte, afirmó que «las empresas privadas tienen una obligación de no violar los derechos humanos de las poblaciones. Además, hay una responsabilidad fundamental del Estado de supervisar la responsabilidad empresarial, y velar por los derechos de las personas».
También reclamó que haya más transparencia en la información técnica sobre la gestión ambiental de las empresas.
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