TEGUCIGALPA, HONDURAS- El presidente del Congreso Nacional (CN), Mauricio Oliva, introdujo ayer miércoles un proyecto que exime del pago de multas y recargos por responsabilidades civiles y administrativas emitidas por el Tribunal
Superior de Cuentas (TSC), dicha ley va dirigida a beneficiar a más de 10 mil maestros.
De acuerdo a la explicación de Oliva, el proyecto presentado es para que más de 10 mil docentes que recibieron pago de colaterales y compensación del Estatuto del Docente entre el 2003 y el 2008, ya no tengan que pagar capital, intereses o recargos por responsabilidad civil o administrativa que haya encontrado el TSC luego de algunas auditorias practicadas por ese ente.
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Para que los docentes apliquen a este beneficio se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Respecto de los a los docentes cuyo expediente se encuentre en trámite, el Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, y cualquier otra entidad, deberá proporcionar un listado que contenga los datos personales de los amnistiados, datos que deberán ser tratados conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en relación a la Protección de Datos, no pudiendo divulgarse públicamente tal información.
b) En aplicación al Presente Decreto, la Entidad Pública correspondiente, expedirá un solo Acto Administrativo ordenando archivar los Expedientes de los sujetos docentes beneficiados con la condonación, declarándolos solventes con el Estado de Honduras en relación únicamente a los casos objetos del presente Decreto.
c) Respecto de los docentes favorecidos con la condonación, cuyos expedientes se encuentren cursando juicios en los Tribunales de Justicia Ordinaria, el Juez o Tribunal de Alzada correspondiente procederá a aplicar la amnistía a la mayor brevedad posible, so pena de incurrir en falta disciplinaria
Este proyecto busca también establecer una solución expedita y legal, a todos los expedientes pendientes de resolución del TSC, que permita reducir la mora imperante en la emisión de resoluciones, permitiendo que dicho ente fiscalizador pueda dar pasos a nuevos procesos de control y auditoría hacia casos de mayor impacto económico y social para el país y la población misma.
