TEGUCIGALPA, HONDURAS. La diputada del Congreso Nacional por el partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, expresó que no se ha aprobado ninguna nueva amnistía vehicular, solo se realizó una aclaración con respecto a ese decreto.
En declaraciones a Diario Tiempo, Ayala comentó que se tuvo que hacer una pequeña sesión para aclarar unos detalles que la población hondureña no entendía.
“No se aprobó una nueva amnistía, lo que se hizo fue que se aclaró el decreto de amnistía que ya se había aprobado, porque había una contradicción en los años que indica este decreto”, señaló.
De igual interés – Honduras: Publicada en La Gaceta la amnistía vehicular para 2022
Decreto de amnistía vehicular
Durante la reunión que hubo ayer en el Congreso Nacional, se realizó el anuncio de cómo debía entenderse esta norma. Al parecer, algunos ciudadanos no sabían de qué año se pagaba un nuevo precio para la nacionalización de vehículos y de qué año se mantenía el precio normal.
En ese sentido, según se informó, la amnistía vehicular permitirá la nacionalización y el registro de vehículos del año 2005 para atrás al hacer un pago único de 10 mil lempiras.
Mientras que para vehículos que sean de 2006 en adelante, deberán pagar conforme a lo que el régimen impositivo actual indique.
Posible extensión del decreto
Este decreto tiene como fecha de duración un año, pero de acuerdo a lo dicho por Ayala, a finales de este año podría haber una extensión. Asimismo, podría aprobarse una nueva amnistía vehicular.
“A finales del año, dependido del comportamiento económico, se podría revisar para emitir una nueva amnistía”, concluyó.
Los fondos recaudados de este decreto se destinarán de la siguiente manera:
- 50 % para la administración aduanera
- 25 % para el Instituto de la Propiedad
- 25 % para la alcaldía municipal del domicilio del obligado tributario, lo que incluye la matrícula del año 2022.
Sobre este tipo de decretos el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, manifestó que “los tributos tienen por objeto recaudar los recursos necesarios para el financiamiento de las instituciones públicas. El beneficio de la población en general debiendo basarse en principios tales como la racionalidad, eficiencia y eficacia”.
Nota para nuestros lectores:
Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j