TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado del Partido Nacional de Honduras (PNH), David Chávez, presentó en las últimas horas un proyecto de ley para crear la Comisión Interinstitucional de Precios Justos en Equipo Médico y de Bioseguridad como un órgano temporal mientras dure la pandemia del COVID-19.
Según menciona Chávez en uno de sus párrafos, la comisión tendrá la función de intervenir y ocupar, transitoriamente, industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza. Pero también podrá intervenir en centros de servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada.
Este proyecto ya ha desatado polémica entre el sector privado, pues a criterio de los empresarios consultados por Diario TIEMPO Digital, se habla de una expropiación y se estaría violentando la libertad de empresa.
El abogado constitucionalista, Waldo Rivera, explicó que por la preeminencia del derecho sobre la propiedad, el Estado podría expropiarlas por causa de utilidad pública.
No obstante, se tiene que ver el balance entre el derecho de expropiación y el derecho de la propiedad privada, explicó Rivera. Agregó que al tratarse de un proyecto para establecer precios justos de los insumos médicos, «se debe de establecer un sistema de control de precios. Ya existe la Ley de Protección al Consumidor, pero aquí no podría aplicarse».
Rivera expresó que la Constitución de la República y el Código Penal establecen que quienes exageren o adulteren los precios en tiempos de crisis incurren en delito.
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ANDI: Proyecto violenta la libre empresa
Fernando García, de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), manifestó que está en contra de cualquier decreto o ley que implique expropiación. Como institución, deja claro que siempre abogan por la libertad de empresa y la propiedad privada.
«El diputado Chávez no entiende qué es eso y está totalmente fuera de sentido», opinó.
Para García se deben buscar medidas que beneficien a la población para que pueda salir adelante en la crisis por COVID-19. «Si quieren que las cosas mejoren, que empiecen bajándose los sueldos los diputados, en vez de estar fijando precios».
Pero no solo el sector empresarial ha comunicado su desaprobación al polémico proyecto de ley presentado por Chávez. El compañero de partido y también diputado, Reynaldo Ekónomo, indicó que él está en contra de la expropiación pero sí está a favor de multar al comerciante o empresario que se aproveche de la crisis.
«No se puede dejar de castigar a un comerciante que se aproveche de la crisis y que principalmente lacere los bolsillos de los hondureños. Pero no estoy a favor la expropiación porque es ir contra de los principios de la empresa privada», afirmó Ekónomo.
Seguidamente, dijo «que se castigue, pero que no se le expropie la propiedad a un laboratorio eso no es correcto».
El proyecto presentado por David Chávez habla de una expropiación transitoria, pero Ekónomo no está de acuerdo, pues según él, «tiende a generar demasiadas dudas».
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Proyecto agravará más la situación de las empresas privadas
Por su parte, el empresario y expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Adolfo Facussé, también mostró su descontento con la iniciativa.
Una de las cláusulas del proyecto va encaminada a la fijación de precios de insumos médicos. Facussé cuestionó que ya existe un mecanismo que no ha sido efectivo porque en en Honduras hay pocas industrias farmacéuticas.
«Más del 90 % de las medicinas vienen del exterior y entonces el Gobierno de Honduras no puede ordenarles a los fabricantes de medicinas a qué precio vender, eso es imposible. Ellos venden al precio que quieren», explicó.
Sumado a ello comentó que Honduras es el único país que no grava con impuestos las medicinas del exterior. Sin embargo, a los fabricantes locales sí les aplican impuestos en insumos y otras materias primas para la elaboración de medicamentos.
Sobre el párrafo que habla de expropiación, Facussé se mostró en contra, pues la considera una medida para silenciar a las empresas que se oponen a las decisiones tomadas durante la emergencia del COVID-19.
De aprobarse el proyecto, la situación de las empresas nacionales se agravará aún más, dijo. «En ese decreto le meten una colita, pues no solo habla de laboratorios, sino de otras empresas», lamentó el empresario.
Continúo diciendo que un decreto de «esos» vendría a convertir al Gobierno en un enemigo de la empresa privada.
«Cualquier empresa que le guste a alguien la expropian y después a saber en manos de quién queda. Ya tuvimos esta experiencia con 50 empresas de un empresario hondureño, y estas han quedado en el aire. Se quedó con casi todas ellas el Gobierno, pero ahora están en manos de otras personas» y eso es una práctica «rapaz», expuso Facussé.
Facussé: «Yo lo interpreto como una amenaza»
De igual manera afirmó que ese proyecto es «un claro abuso de quienes ostentan el poder al pretender quitarle las empresas a la gente que ha trabajado durante décadas».
Dejó claro que ese proyecto podría terminar con la poca relación que existe entre el Gobierno y la empresa privada.
«Yo lo interpreto como una amenaza. Para decirle a los empresarios que no protesten, no se quejen, no digan nada. Si ustedes se siguen oponiendo a que compremos al triple o a diez veces el precio las cosas ya van a ver», apuntó.
«Ellos dicen, si esta quiebra, lo agarramos de gratis» pero son incapaces de ver el daño que hacen a la empresa privada, concluyó el empresario Adolfo Facussé.
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