Redacción. En respuesta a la emergencia ambiental declarada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), el Congreso Nacional ha aprobado un conjunto de iniciativas y reformas destinadas a proteger el medio ambiente.
Entre estas medidas, destacan las reformas al Código Penal, que aumentan las penas por delitos ambientales.
El dictamen, presentado por la congresista del Partido Libertad y Refundación (Libre), Silvia Ayala, y evaluado por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, propone las siguientes reformas al Código Penal:
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Artículo 324: Contaminación del aire, las aguas o los suelos
Se aumentan las penas de prisión a un rango de seis (6) a diez (10) años, y se establece una multa de quinientos (500) a ochocientos (800) días. Sanciona a quienes, infringiendo la legislación ambiental, realicen actividades contaminantes que pongan en grave peligro el equilibrio de un ecosistema.
2. Artículo 325: Explotación contra los recursos naturales
Se establecen penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multas de quinientos (500) a ochocientos (800) días. Penaliza la captación, extracción o explotación ilegal de recursos naturales, como recursos hídricos, forestales, minerales o fósiles, que pongan en peligro grave el equilibrio de un ecosistema.
3. Artículo 327: Incendio forestal
Las penas de prisión se fijan en un rango de seis (6) a diez (10) años, con multas de quinientos (500) a ochocientos (800) días. Si el incendio es de considerable importancia, la pena puede aumentar a diez (10) a quince (15) años. Además, si se producen resultados graves según los artículos 183 y 184 del Código Penal, la pena se incrementará en un cuarto (¼). Castiga a quienes provocan incendios en terrenos forestales, masas boscosas o zonas vegetales protegidas.
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4. Artículo 337-A: Responsabilidad de las personas jurídicas
Este nuevo artículo establece la responsabilidad de las personas jurídicas en delitos ambientales, imponiendo multas que pueden ser hasta el triple del valor del daño causado o del beneficio obtenido. Adicionalmente, se pueden imponer sanciones como la suspensión de actividades específicas, clausura de locales y establecimientos, prohibición de realizar actividades específicas en el futuro, y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con el sector público y recibir beneficios fiscales o de Seguridad Social por hasta diez (10) años.
El decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”.
Contexto de las reformas
Silvia Ayala, por su lado, destacó la necesidad de revisar y fortalecer las sanciones actuales para proteger al medio ambiente en en país. Dijo que las modificaciones a las penas buscan asegurar que toda la población pueda disfrutar de una vida saludable.
La diputada afirmó: «Ustedes han oído las miles de hectáreas de bosques afectadas cada año, han oído sobre las consecuencias de la salud y vida de las personas por la contaminación de las fuentes de agua, adicionalmente a los compromisos que ha adquirido el Estado de Honduras por la suscripción de convenios internacionales de protección al medio ambiente que nos obliga a tener la indignación que proteja los recursos nacionales».
Ayala explicó que la revisión de las penas incluidas en el Código Penal es crucial para que se den de manera proporcional al daño causado al medio ambiente.
