TEGUCIGALPA, HONDURAS. Decepcionado se mostró el miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Eliot Engel, a través de su cuenta de Twitter, debido a las últimas decisiones tomadas por la Corte Suprema de Justicia de Honduras, sobre todo en el caso «Fraude sobre el Gualcarque».
El político manifestó: «Estoy decepcionado por la decisión de la Corte Constitucional de Honduras de ponerse del lado de muchos de los involucrados en el caso de fraude de Gualcarque».
De igual forma escribió: «Estoy con Honduras, con el director de la UFERCO, Luis Santos, al condenar esta decisión y agradecerle su compromiso con el trabajo crítico contra la corrupción. Es imperativo que el fiscal Luis Javier Santos continúe haciendo su trabajo, pero con la protección y seguridad adecuadas que necesita».
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Decisión
Hay que recordar, que el jueves pasado, la CSJ oficializó el recurso de amparo a 10 imputados del caso «Fraude sobre el Gualcarque».
Además, hay que detallar que los imputados beneficiados son el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Darío Roberto Cardona, y Julio Ernesto Eguigure. También está en la lista, Saida Odilia Pinel, Julio Adalberto Perdomo, Catarino Limberto Cantor, Ana Lourdes Martínez, y Mauricio Fermín Reconco.
A ellos se suman Oscar Javier Velásquez, Francisco Rafael Rivas y Aixa Gabriela Zelaya.
Cabe señalar que la resolución anula la medida dictada por la Corte de Apelaciones en materia de corrupción, al revocar el sobreseimiento provisional a los imputados, el 29 de agosto de 2019.
Fraude y abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública eran los delitos que imputaba el Ministerio Público.
La Sala de lo Constitucional denegó el amparo al exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Roberto Martínez Lozano, a Carolina Lizeth Castillo y Roberto David Castillo Mejía.
Los imputados son acusados de los delitos de fraude, negociaciones incompatibles con sus funciones, y uso de documentos públicos falsos. También, están siendo investigados por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
A lo anterior, se le suman supuestos delitos de usurpación de funciones y falsificación de documentos públicos.
Las investigaciones indican que los acusados ampliaron el contrato de operación para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica y la contratación para el uso de las aguas del río Gualcarque para un proyecto hidroeléctrico.
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