TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público notificó las sentencias de los dos asesinos del fiscal Orlan Arturo Chávez, a quienes se les condenó a casi 30 años.
En ese sentido, el expolicía Wilmer Samuel Álvarez Pagoada completará una pena de 24 años de prisión. Mientras que Luis Alejandro Castro Núñez fue sentenciado a 28 años seis meses de reclusión. A este último se le sumó el cargo de portación o posesión ilegal de arma de fuego comercial.
Álvarez y Castro fueron capturados por la ATIC en el marco de la «Operación Dignidad» que se ejecutó el 13 de febrero de 2017. Esa misma fecha se acusó al comisario de policía, Mario Guillermo Mejía Vargas, de 47 años, por considerarlo autor intelectual del asesinato.
Mejía tiene una orden de captura a su nombre y deberá responder ante la justicia hondureña, sin embargo, se encuentra en un proceso legal en Estados Unidos por narcotráfico.
Así fue el asesinato
El crimen ocurrió el 18 de abril de 2013, a eso de las 8:15 de la noche, cuando el funcionario regresaba de impartir cátedra en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al fiscal y atacaron a disparos el vehículo en el que se conducía. El hecho se dio a la altura del puente Juan Ramón Molina que conduce al Estadio Nacional Tiburcio Carías Andino.
Según el relato de los policías, luego del atentado los sicarios huyeron con rumbo desconocido y minutos después llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos localizado a inmediaciones del Estado Nacional.
Los bomberos le dieron los primeros auxilios y de inmediato lo trasladaron ala sala de emergencia del Hospital Escuela, donde el personal médico hizo lo posible por salvarle la vida. Desafortunadamente las heridas recibidas pusieron fin a su vida.
De acuerdo a los informes médicos, Chávez presentaba tres disparos en la cabeza y cuatro en el pecho. En la escena del crimen se encontraron 7 casquillos de bala.
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Considerado el «fiscal de oro»
Orlan Arturo Chávez era coordinador de la Unidad contra el Lavado de activos de la Fiscalía de Privación de Dominio. Además se le consideraba como el «fiscal de oro» por su integridad y honestidad al momento de realizar su trabajo.
Chávez también fue un investigador y creador incansable de legalizaciones sobre el combate a la delincuencia. Cuando Chávez falleció, tenía más de una década de trabajar para el Ministerio Público.
Además se desempeñó en la Fiscalía regional de San Pedro Sula, Cortés. También fungió como coordinador del Juzgado de Letras cuarto de lo penal.
Chávez también era profesor universitario desde 1996 en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en las áreas de pregrado y postgrado; además es el autor de obras de texto, leyes y otros.
El honorable fiscal fue el redactor del anteproyecto de Ley contra el Financiamiento al Terrorismo, proyecto de reglamento de inversiones sobre el dinero incautado en base a la Ley contra el Delito de Lavado de Activos. Además del proyecto de reglamento de la Oficina Administrativa de Bienes Incautados (OABI).
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