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viernes, noviembre 22, 2024

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Tegucigalpa, Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) instó al Estado de Honduras a investigar la muerte violenta de al menos 31 mujeres y niñas de la etnia lenca registradas durante el último año.

En ese sentido, la titular del ente, Blanca Izaguirre, realizó un llamado a las autoridades para que realicen una «investigación exhaustiva» enfocada específicamente en las muertes violentas de mujeres y niñas indígenas.

Asimismo, pidió que se atiendan de «manera oportuna» las denuncias de violencia doméstica e intrafamiliar para evitar que muchos de los casos terminen en feminicidios.

«El Conadeh respalda y se une a la alerta de organizaciones de mujeres y defensoras de derechos humanos ante el aumento de las muertes violentas de mujeres y feminicidios», dice parte del comunicado.

Blanca Izaguirre instó al Estado a realizar una investigación exhaustiva.

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Violencia contra la mujer

También, agregó que antes la violencia doméstica e intrafamiliar eran las principales formas de violencia contra la mujer. No obstante, señaló que en los últimos años han surgido otras modalidades que propician «más crueldad y odio».

Por ende, señaló que, como consecuencia, han aumentado «los grupos de crimen organizado, sicariato, trata de personas. Colocando la vida de las mujeres en mayor riesgo, sobre todo cuando hay demora o poca respuesta por parte de los entes estatales».

31 muertes de mujeres y niñas de la etnia lenca se han registrado durante el último año.

El Conadeh recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto en relieve la obligación de los Estados de actuar ante cualquier tipo de violencia. Además, de «garantizar el acceso adecuado y efectivo a la justicia».

Por otra parte, la titular refiere que «la discriminación contra las mujeres indígenas es una causa fundamental de la violencia en sí misma. Así como también de la falta de respuesta ante la violencia», añadió.

Según el Conadeh, lo anterior refuerza la obligación estatal de garantizar el derecho de las mujeres «a vivir una vida libre de violencia». Esto implicaría que las autoridades prevengan y den respuesta a los crímenes registrados

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