TEGUCIGALPA. Miembros del Comité de Patronatos de La Unión, Copán, se reunieron con los personeros del gobierno para reclamar la protección de miles de puestos de trabajo que están en riesgo por una toma de miembros de una ONG que tiene paralizadas las operaciones de la empresa Minerales de Occidente.
Los representantes de comunidades piden el desalojo de quienes invaden la zona de exploración de la mina. Cabe indicar que en dichas comunidad habitan unas tres mil personas.
En ese sentido, la petición se hizo en una junta desarrollada con el ministro de Justicia y Gobernación, Leonel Ayala.
A la cita asistió el representante del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Roberto Herrera Cáceres. Además del ministro de Defensa, Fredy Díaz.
También estuvieron representantes de las centrales obreras y del sindicato de trabajadores de la empresa MINOSA, así como sus ejecutivos.
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CONSECUENCIAS DE LA TOMA
La toma se ha mantenido durante dos meses, sin que las autoridades ordenen desalojo.
Javier Trigueros, presidente del Comité de Patronatos dijo que son siete las personas en la toma. Y además aseguró que no representan a las comunidades.
Dijo también que esas personas están asesoradas por la Asociación de Organizaciones No Gubernamentales de Honduras (ASONOGH).
Asimismo, precisó que la toma atenta contra los intereses de la comunidad, que depende del empleo que la mina genera.
Por su parte, el presidente del sindicato de la mina, Fernando Trigueros explicó que la toma ya tiene consecuencias fatales.
Trigueros expuso que tres mil empleos directos e indirectos están en riesgos porque la empresa no puede operar normalmente.
A la reunión estaba invitado un representante del Ministerio Público. Eso, en virtud de que es esa institución la que debe ordenar el desalojo, pero no asistió ningún fiscal.
A efecto de eso, solicitaron una reunión de urgencia con el Fiscal General, Oscar Fernando Chinchilla. A quién le piden que defienda su derecho al trabajo y al desarrollo comunitario.