TEGUCIGALPA, HONDURAS. La comisión especial del Congreso Nacional (CN) para investigar a operadores de justicia en casos de extradición, sugirió esta noche realizar un juicio político a Óscar Chinchilla y Rolando Argueta.
Chinchilla es el Fiscal General del país y Argueta funge como el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Además, esa comisión recomendó, en la lectura de su informe, que el Congreso interpele a la titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH), Blanca Izaguirre.
Para que ocurran estos juicios políticos a funcionarios, se requiere de votación calificada, es decir, dos tercios de los votos de los diputados.
Debate sobre juicios políticos
En el debate del informe de la comisión especial, varios diputados del Partido Nacional se pronunciaron en desacuerdo con que se realice el juicio político contra Chinchilla y Argueta.
En cambio, congresistas del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), afirmaron que están a favor de lo recomendado por la comisión legislativa.
Al respecto, el diputado Jari Dixon afirmó que esos funcionarios, Chinchilla y Argueta, “no tienen autoridad moral” para seguir en sus cargos, así lo aseguró cuando el presidente del Congreso Nacional le cedió la palabra.
Por su parte, el congresista Antonio Rivera Callejas, del Partido Nacional, dijo que todo es un “show mediático”, porque no tienen los votos necesarios para llevar a cabo un juicio político.
“Es persecución política por donde lo quieran ver y no contarán con los votos requeridos para esos juicios políticos”, reiteró “Toño” Rivera.
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Hallazgos de la investigación hecha por la Comisión Especial
La diputada Silvia Ayala, fue la encargada de darle lectura a las conclusiones del informe de la investigación realizada por la comisión.
“Algunos documentos de personas con órdenes de captura pendientes y archivos pendientes relacionados con la extradición, fueron sacados del lugar para evitar que fueran encontradas”, afirmó Ayala.
Expresó que “las actuales autoridades tuvieron que reconstruir los expedientes y que esta situación debe de ser investigada”.
Además, Ayala indicó que el expresidente Juan Orlando Hernández, extraditado a los Estados Unidos, habría facilitado el narcotráfico a través de entes nacionales.
“Utilizó el poder político, controló el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para favorecer las actividades de narcotráfico en Honduras”, explicó la diputada.
Sobre el fiscal Chinchilla
Silvia Ayala señaló que era deber del Fiscal General investigar y enjuiciar a cada uno de los hondureños que fueron solicitados posteriormente en extradición.
«Así como promover antejuicios y acciones de responsabilidad civil contra jueces y magistrados, quienes sobreseyeron por delitos de narcotráficos a los extraditados”, agregó Ayala.
“Debió promover acciones civiles contra los magistrados que declararon sin lugar los antejuicios solicitados contra jueces que dejaron en libertad a los narcotraficantes”, señaló.
Conclusiones de la comisión en relación a Argueta
La diputada Ayala agregó más detalles encontrados en la investigación acerca del presidente del Poder Judicial, Rolando Argueta.
“No sancionó a los jueces y magistrados que conocieron las causas penales contra narcotraficantes”, reveló.
Ayala afirmó que Argueta tampoco sancionó a los magistrados de las Cortes de Apelaciones, quienes, conociendo de los antejuicios formulados contra jueces, fueron declarados sin lugar.
«Dejaron en completa libertad a narcotraficantes, que posteriormente fueron condenados en Estados Unidos”, subrayó la diputada de LIBRE.
También, la parlamentaria indagó acerca de la titular del CONADEH, Blanca Sarahí Izaguirre.
“Actuó de forma parcializada en la función de su cargo privilegiando al expresidente Juan Orlando Hernández”, afirmó, refiriéndose a Izaguirre.
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