TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) se pronunció respecto al alivio de la energía eléctrica que el gobierno de la presidenta, Xiomara Castro, anunció durante su discurso de toma de posesión.
La promesa que Castro hizo el pasado 27 de enero, se volvió una realidad luego de que el Congreso Nacional (CN) aprobara un decreto de ley. Este decreto reforma la Ley General de la Industria Eléctrica, para que 1 millón 335 mil familias tengan energía gratis.
Según la propuesta de la presidenta, aquellos hogares que consuman menos de 150 kilovatios, no deberán pagar la factura de energía. Sin embargo, este subsidio se verá reflejado en las tarifas del sector industrial y comercial. Además, otra parte saldrá de la Secretaría de Finanzas (Sefin) a través del Presupuesto General de la República.
Ante esta situación diferentes sectores se manifestaron, algunos a favor y otros en contra. Tal es el caso del consejo de empresas privadas, que consideró que el alivio energético atenta contra las finanzas del subsector energético.
Provocaría otros incrementos y desempleo
De acuerdo con el análisis realizado por COHEP sobre las consecuencias económicas que dejará el alivio, se advierten incrementos. Según el ente, si se obliga a las empresas a pagar un incremento en sus facturas, ellos deberán incrementar el costo de sus productos. Asimismo, prevén que el costo final sería deducido a la sociedad hondureña.
«Generan mayores costos para los usuarios, dado que las empresas podrían
verse en la obligación de trasladar estos incrementos a los usuarios, ocasionando incrementos en los costos operativos y de producción, provocando pérdida de mercados, lo que a su vez genera el cierre de empresas y, por ende, la pérdida de empleos», dice el análisis.
De la misma forma, señalan que los subsidios no focalizados no contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas vulnerables. Al contrario, tienden a beneficiar al «sector rico» de la población, puntualizaron.
«Ha demostrado que, en promedio, un 43 % de los subsidios energéticos benefician al 20 % más rico de la población», dijo.
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Dos consecuencias directas
En el análisis del COHEP se establece que el subsidio aprobado para la energía eléctrica tendría al menos dos consecuencias. Ambas afectarían directamente las finanzas públicas y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
La primera sería el incremento de hurto de energía por parte de aquellas personas que consumen más de 150 Kw/h y que se quieren beneficiar del subsidio. Estos robos de energía incrementarían el porcentaje de pérdidas no técnicas de la estatal. Además, elevarían el costo mensual del subsidio previamente calculado por el Gobierno.
Mientras que, la segunda consecuencia sería lo contrario a la anterior, es decir, que aquellas personas que consumen menos de 150 Kw/h se motivarían a consumir más, sin temor a que se vea reflejado en la factura.
De acuerdo con el análisis, el subsidio viola los principios regulatorios de transparencia y equidad.
Además, «perjudican grandemente la competitividad de los países al imponer altos
costos a la industria y el comercio, que los dejan en desventaja con el resto de los
países».
¿Quiénes deberían de absorber la carga financiera del subsidio?
Para poder hacer frente a esta carga financiera adicional, por concepto del costo de la energía, el COHEP formuló tres escenarios posibles:
- El primero es que el subsidio sea distribuido entre el total de consumidores comerciales e industriales del país.
- Otro escenario es que el subsidio sea distribuido entre los consumidores comerciales que consuman más de 500 KW/h de energía al mes.
- El tercero es que el subsidio se distribuya únicamente entre los consumidores industriales.
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Asimismo, realizaron una serie de recomendaciones, que las autoridades gubernamentales pueden tomar en cuenta para la aplicación del alivio energético.
Primero recomiendan que las autoridades nacionales se abstengan de tomar decisiones políticas, que pongan en peligro la estabilidad jurídica del país.
También, recomiendan que las autoridades identifiquen los fondos necesarios dentro del Presupuesto General para reorientar el gasto y poder financiar este alivio a la energía sin afectar el comercio y la industria.
De la misma manera, recomiendan que el gobierno establezca una serie de requisitos que deben cumplir las personas beneficiadas con el alivio energético. También, sugieren segmentar a la población que necesita la solvencia y a la que puede y debe pagar la energía.
«Es necesario que el Gobierno establezca requisitos mínimos para ser beneficiados, como estar solvente con la estatal eléctrica y tener en pleno funcionamiento su aparato medidor de energía, entre otras», expone el material.
El COHEP también dejó claro que no está en contra de la iniciativa que favorecerá a las familias más pobres del país, sino que se busca mejorar las políticas públicas que midan el impacto económico y social de la implementación del decreto del subsidio.
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