TEGUCIGALPA, HONDURAS. «Nos morimos de hambre», así avizora Gustavo Solórzano, asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el panorama de Honduras ante un posible nuevo cierre de la economía.
Solórzano reconoció que el tema principal es la salud y la vida de cada persona; sin embargo, apuntó que impedir la normalidad en la actividad económica, deja sin medios de subsistencia a la clase obrera y a otros hondureños que se autoemplean.
Por el mismo lado, instó a que las autoridades tengan cuidado con las decisiones, pues, podrían generar un impacto definitivo en las «pocas empresas formales que quedan«.
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Cierre «cercenaría» las planificaciones actuales
Solórzano agregó que se afectarían los pocos ingresos tributarios que está recolectando el Gobierno. Es así que las arcas estatales no tendrían la capacidad para hacerle frente al plan de reconstrucción y la restauración económica, previstas para este 2021.
«Si vuelven a cerrar la economía en el país, nos morimos de hambre. Es la realidad de Honduras, por lo que hay que tener mucho cuidado con eso», advirtió el jurista.
«No es una opción el cierre de la economía, sino, que debemos tomar conciencia de que estamos en un año que todavía no hemos superado la guerra de la pandemia del coronavirus; pero, hay que estar alerta que la enfermedad convive con nosotros, hasta que no tengamos la inmunización por medio de la vacuna que adquiera el Gobierno y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)», ahondó.
El abogado también expresó que cuidarse y guardar todas las medidas de bioseguridad recomendadas, debe ser un compromiso. Hizo hincapié en que, aunque aumenten los casos de COVID-19, no es factible cerrar la economía.
Peligro en partida doble
Solórzano dejó entrever que un cierre provocaría una doble problemática, pues sumaría una afección económica «grave» a un riesgo sanitario latente.
Entre tanto, el representante empresarial mencionó que la Mesa Multisectorial ha presentado informes sobre el avance de la pandemia; empero, recalcó que no hay ninguna disposición para restringir la circulación de personas.
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