TEGUCGALPA, HONDURAS.- La «pudrición» existente en la Oficina Administradora de Bienes (OABI) sigue dejando mucho de qué hablar.
Mientras unos buscan cómo recuperar la dependencia encargada de cuidar y administrar los bienes incautados, otros desean sacarle provecho, así lo confirmó el director de la OABI, Jorge Gonzales, quien aseguró para Radio Cadena Voces que un grupo de directivos del Congreso Nacional (CN) busca beneficiarse de los bienes.
Según dijo Gonzales, este grupo está encabezado por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Edgardo Casaña. Asimismo, explicó que los congresistas solicitaron que se les asigne camionetas de lujo.
«Un grupo de colectivos, encabezado por Edgardo Casaña, formalizó la solicitud a la OABI», dijo para RCV.
De acuerdo con el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CODEH), Hugo Maldonado, no es necesario que se usen esos autos. Maldonado dijo en una entrevista para Diario Tiempo que los diputados gozan de un sueldo suficientemente alto como para costearse el transporte.
«Yo creo que el Congreso Nacional de la República podría legislar inclusive para que los carros que están a disposición y bajo custodia de la OABI no sean utilizados por funcionarios que no tengan nada que ver con el país. Por ejemplo, los diputados tienen un salario muy adecuado y estar solicitando a la OABI servicios para uso personal no es congruente», manifestó Maldonado.
Contrario al discurso
El defensor de los derechos humanos también dijo que beneficiarse de los automóviles decomisados es contrario a lo que los políticos gritaban en sus discursos de campaña.
«Me parece que no es congruente al discurso que se tenía en la campaña y no es congruente con lo que se criticaba de las administraciones anteriores«, puntualizó el presidente del CODEH.
«Desde el mismo Congreso Nacional criticaban muchas cosas que al parecer antes eran malas y ahora son buenas», agregó.
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Beneficio de la sociedad
El presidente del CODEH consideró que una buena alternativa sería utilizar los bienes muebles e inmuebles para beneficiar a la sociedad hondureña. En ese sentido, explicó que el Estado podría asignarle vehículos a aquellas organizaciones que luchan por el bienestar del pueblo hondureño
«Creo que el mismo Congreso puede legislar para dar vehículos a organizaciones que hacen un trabajo por los derechos humanos, por los migrantes, por los niños y que tengan una función social en beneficio de la sociedad hondureña. Creo que eso sería fortalecer lo que ha llamado la comunidad internacional, políticas públicas que vayan encaminadas al fortalecimiento de los derechos humanos», manifestó.
Asimismo, consideró que debe ser voluntad de las propias autoridades trabajar por la transparencia dentro y fuera de las instituciones públicas.
«Tiene que surgir. Puede ser del Ejecutivo o puede ser cualquier ministro, porque todos tienen la potestad de elevar mociones que vayan encaminadas hacia la transparencia. Deben ir encaminados hacia fortalecer el Estado y fortalecer la lucha contra la corrupción. Queremos reconstruir, pero lo tenemos que hacer con base a políticas que vayan encaminadas hacia el fortalecimiento de ese Estado de Derecho del que tanto nos habíamos quejado», señaló Hugo Maldonado.
Uso sabio de los bienes del Estado
De acuerdo con lo que explicó el defensor, los funcionarios del Estado de Honduras deben administrar y utilizar los bienes con sabiduría, pues no se les debe olvidar que si se les asigna un automóvil es para uso laboral y no personal.
«Debe darse pie a la transparencia y que tengan bien claro los funcionarios hasta dónde deben llegar con los bienes inmuebles o vehículos. No se trata de andar en la playa con un vehículo del Estado, de ir a ver a la familia en un carro del Estado. No se trata de hacer acciones irregulares que, por cierto, deben irse minorizando» puntualizó.
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