TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por los supuestos delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos en un monto que asciende a 25 millones de lempiras el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció ante el Ministerio Público (MP) al ex presidente Porfirio Lobo Sosa.
De esa manera, se da la primera solicitud de requerimiento fiscal del año. Porfirio Lobo Sosa fungió como presidente durante el periodo 2010-2014. Según el CNA, el expresidente desvío dinero del bono diez mil.
Otras solicitudes
La misma denuncia presentada por el CNA solicita que se investigue a Wilfredo Cerrato Durón. Lo anterior, por la violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos.
Cabe recordar que Cerrato Durón, ex administrador de Casa Presidencial ya enfrenta un proceso judicial, tras ser señalado en el caso la “Caja chica del hermano”.
La investigación se entregó al director de la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). El documento fue calificado “bajo reserva” y que habría sido presentado la semana pasada.
El CNA asegura que la investigación se originó por una denuncia anónima. Dicha denuncia se efectuó en mayo del 2017. Ésta establecía presuntos actos de corrupción en las secretarías de la Presidencia y Finanzas. En ese sentido, se denunció la malversación de fondos que serían destinados para financiar programas de asistencia social en el 2013.
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La investigación
Según la investigación del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se identificaron transacciones de junio a noviembre del 2013. Estas transacciones en el Patronato Nacional de la Infancia (Pani), la Secretaría de Finanzas y Casa Presidencial, por un monto de 310 millones.
El dinero provenían del Fondo de Cooperación Canadiense. Las transacciones se realizaron a dichas dependencias a seis meses de concluir el período presidencial del exmandatario.
En ese sentido, el escrito del CNA apunta que existe una sospecha que dichos recursos habrían sido utilizados para la campaña política del actual presidente Juan Orlando Hernández, “por su proximidad”.
Los 25 millones que, según la investigación, habría malversado el exmandatario y su administrador de Casa Presidencial, formaban parte de los recursos transferidos.
Asimismo, establecen que la malversación de caudales está fundamentada en que los recursos iban destinados a financiar obras sociales para personas vulnerables. Sin embargo, los recursos se ejecutaron en apoyo a la seguridad presidencial, cuya responsabilidad constitucional es de la Guardia de Honor Presidencial.
Conclusiones de la investigación del CNA
1.- El Pani, por medio de dos resoluciones realizó la transferencia de 310 millones de lempiras a la Secretaría de Finanzas. Lo anterior, con destino a financiar programas de asistencia social ejecutados por la Casa Presidencial.
2.- En cuatro meses, la Presidencia de la República realizó cinco solicitudes de fondos a Finanzas destinados a la seguridad presidencial por 106,620 mil lempiras.
3.- Las solicitudes de fondos atendidas por Finanzas representan “un gasto excesivo e injustificado”, dada la crisis financiera que impedía atender a la población vulnerable.
4.-Finanzas y Casa Presidencial consumaron la malversación de 25 millones de lempiras por haber ejecutado estos fondos en fines contrarios a los que originalmente se habían aprobado en el Pani para ejecutar programas de asistencia social y terminaron financiando la seguridad presidencial.
