Tegucigalpa.– El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), pidió este jueves la derogación de la reforma aprobada la semana anterior por el Congreso Nacional, a la Ley Orgánica del Presupuesto Nacional para este 2018.
En ese sentido, el CNA viene a sumarse a los diversos sectores que se han pronunciado en contra de esta reforma.
Lo anterior, porque la mayoría de la sociedad, ha calificado esta reforma como un beneficio para funcionarios públicos que han cometido actos de corrupción.
Los primeros en denunciar dicha reforma, fue la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
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De tal forma, la MACCIH, señaló esta reforma como un “pacto de impunidad”.
Ya que la misma favorece a funcionarios para no ser investigados por los entes penales; antes de realizárles las debidas auditorias por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
CNA
Por su parte, el CNA también ha señalado esta reforma. Y ha pedido que la misma sea derogada por el mismo Congreso Nacional.
Lo anterior, debido a que dicha reforma genera “suspicacia y preocupación en la ciudadanía hondureña».
“Las reformas aprobadas, estimulan que las investigaciones ya emprendidas por el Ministerio Público (MP) se paralicen”, cita el comunicado del CNA.
De tal manera, esto acarrea que se obstaculicen los requerimientos fiscales que tenía planeado el MP extender en los próximos días.
Pacto de impunidad
El portavoz de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, dijo que el 18 de este mes el Congreso Nacional reformó los artículos:
16 y 131-A; de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Reformas que en opinión de Jiménez, establecen un ‘nuevo procedimiento de liquidación de fondos públicos; destinados a la ejecución de proyectos o ayudas sociales. Incluyendo los fondos gestionados, recibidos, administrados y ejecutados por servidores públicos, diputados y Organizaciones No Gubernamentales (ONG)’.
A partir de esa reforma, la Corte Suprema de Justicia decidió el miércoles archivar el caso conocido como «Red de Diputados»; mismo que investiga a más de 60 legisladores y exlegisladores por corrupción. Incluyendo al propio presidente del Congreso y a otros funcionarios que fueron acusados en 2017 por la MACCIH.
La Maccih denunció que de esta forma se busca facultar al TSC con autoridad para determinar la responsabilidad penal «de los ilícitos que se encuentren respecto a altos funcionarios (…). Lo cual es una pretensión inconstitucional».
A continuación el comunicado del CNA en relación a esta reforma:
