TEGUCIGALPA, HONDURAS. En horas de la mañana, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó un nuevo informe donde señalan irregularidades en la ejecución de fondos y rendición de cuentas en el programa «Honduras Solidaria«.
El informe se titula «Prácticas erróneas en la Administración Pública», donde aseguran hicieron veeduría social a municipalidades e instituciones del Estado.
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CNA dice que hay poca transparencia
Uno de los primeros hallazgos del CNA es la falta de cumplimiento en tiempo de la carga de los documentos al portal COVID-19 del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Apuntan una deficiencia, pues no se permite saber si la información se subió dentro del plazo estipulado, muestra mes, no día.
Cabe recordar que las instituciones tienen que publicar la información dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se ejecutaron los fondos.
Otro punto identificado por el CNA es la imprecisión en la fuente de financiamiento de los gastos para hacer frente a la pandemia. Según el informe, se han ejecutado fondos para satisfacer la compra de insumos que componen la «bolsa solidaria».
Sin embargo, los documentos de liquidación revelan que corresponde a la ejecución de otros programas gubernamentales. El CNA explica que eso es una incongruencia significativa, una práctica que debe evitarse con fondos públicos.
Instituciones no publican la información de soporte
Asimismo, en su informe el CNA asegura que no hay documentos que sustenten las entregas de alimentos de «bolsa solidaria«. Varias instituciones públicas no adjuntaron o publicaron en sus portales las actas de entrega o listado de los beneficiados.
El ente considera que existe una falencia «preocupante», sobre el desarrollo de la acción gubernamental. «Todos los ciudadanos esperamos que estas entregas se hayan realizado de la forma más transparente, equitativa, justa y que haya llegado realmente a todos los hogares propuestos», se lee en el informe.
Por lo cual, el CNA explica que la falta de sustento impide concluir sobre la efectividad y transparencia de la labor del programa.
No solo es falta de información, «existe documentación publicada que no coincide con las cantidades de raciones supuestamente entregadas».
Son «incongruencias inquietantes», lo que a criterio del ente anticorrupción «no nos permiten concluir sobre la transparencia en la información cargada a los portales».
La ausencia de material soporte y las incongruencias encontradas «obstruyen y contradicen estándares mínimos de transparencia; y más que generar certeza, producen muchas dudas en la ciudadanía», indican.
Pero esas no son las únicas falencias que encontró el CNA. También indican que detectaron que algunas instituciones realizaron compras de bienes o insumos; sin embargo, no justificaron la utilidad o los beneficiarios finales de las mismas.
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Cómo fueron elaborados los «sacos solidarios»
Sumado a ello, se desconoce qué contenía cada bolsa o sacos solidarios y «sus posibles variaciones» y cómo fueron elaborados. No existe sustento documental y procedimiento empleado en el proceso.
El CNA encontró un total de nueve prácticas erróneas en cuanto a la contratación pública. La primera, es que algunas instituciones contrataron personal sin informar cuál era la necesidad correspondiente.
«Las contrataciones de personal, al igual que de bienes o servicios, en tiempo de emergencia deben estar encaminadas a satisfacer necesidades urgentes que no puedan realizarse mediante los procesos convencionales de contratación pública». Por lo cual piden que se detalle por qué hicieron contratación de ese personal.
La segunda práctica errónea es la falta de justificación del proveedor. Indica que muchas municipalidades no tenían la documentación para sustentar los criterios con los que se seleccionaron las ofertas más convenientes o «adecuada comparación de precios».
Algunas dependencias estatales tienen la cotización del proveedor del bien adquirido. Sin embargo, no tienen la documentación soporte en la cual se aclaren los aspectos que se evaluaron para seleccionarlos.
Como tercer punto, el ente encontró que algunas instituciones realizaron contrataciones directas. Pero estaban vinculadas con la emergencia sanitaria. «No hay certeza en cuanto a que se haya seleccionado debidamente el procedimiento de contratación adecuado», dijo.
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Bolsas solidarias sin los productos enlistados
La cuarta práctica detectada por el ente se refiere a que algunas municipalidades realizaron compras de productos, sin embargo, no están enlistados en el decreto ejecutivo PCM 025-2020.
Por lo cual recomiendan no seguir estas prácticas que «puede implicar una infracción a las disposiciones establecidas por el Poder Ejecutivo para la administración de estos fondos».
El ente también menciona que existen denuncias de que las «bolsas solidarias» no contenían los productos que estaban enlistados en el decreto ejecutivo antes mencionado.
Además, identifica que algunas instituciones realizaron compras o contrataciones a empresas que se dedican a rubros que no tienen que ver con las necesidades derivadas de la emergencia sanitaria.
Se hicieron compras de insumos de bioseguridad a empresas dedicadas a la construcción, empresas de transporte de carga o la venta de frutas y verduras.
No realizaron cotizaciones
El CNA detalla que otras de las prácticas erróneas es que algunos entes realizaron compras sin realizar la cotización correspondiente para comparar precios y «evidenciar que han elegido la oferta más conveniente para los intereses del Estado».
En el portal solo se carga la cotización de la empresa que provee los bienes adquiridos. «No hay claridad en cuanto al método o criterios empleados para seleccionar los proveedores de las instituciones que ejecutan fondos actualmente».
Algunas contrataciones se han hecho a través de intermediarios, con empresas que pueden estar plagadas de ambigüedades, lagunas jurídicas y operativas. El CNA las considera compras con un alto riesgo y «se prestan a manipulaciones e incumplimientos».
Por otra parte, el CNA encontró que algunas contrataciones o compras están concentradas en un solo proveedor. Hay falta de evidencia de negociaciones más beneficiosas para el Estado. El ente detalla debilidades y errores como:
- Recurrencia de pagos por anticipado sin soporte o justificación.
- Pago de anticipos exorbitantes, muy por sobre el porcentaje aceptado por la normativa a veces del 75 u 80 %.
- Contrataciones basadas o sustentadas únicamente en órdenes de compra.
- Falta de exigencia de garantías a las empresas, para proteger los intereses de las
instituciones públicas. - Contratos ambiguos o imprecisos, uso de formatos estándar que no brindan el detalle
necesario, o no adjuntan anexos. - Falta de sanción a las empresas que incumplen las obligaciones contractuales o pactadas.
- Fragilidad en las especificaciones técnicas de los bienes requeridos.
Incongruencias
En cuanto al soporte de las compras, la orden de compra no corresponde con la orden pago, y hay poca información sobre los proveedores.
Además, el CNA detalla que existe una falta de control de las municipalidades en la elaboración de cada «bolsa o saco solidario«. En el mismo tema, las instituciones están reportando deudas y gastos con fechas futuras.
A su vez, evidencia la falta de documentos legales que aseguren las operaciones de las municipalidades. «No se han observado la mayoría de contratos suscritos por los entes estatales en el marco de los procesos de contratación implementados».
Varias instituciones están adquiriendo productos a precios altos, pues los proveedores se aprovechan de la situación de la pandemia para elevar o inflar los precios de sus productos.
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