TEGUCIGALPA, HONDURAS. Hoy a través de una sesión virtual, el Congreso Nacional de Honduras sometió a votación la solicitud de juicio político contra 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
De acuerdo con las votaciones, la bancada nacionalista, mayoría del Congreso Nacional, votó en contra de la solicitud de juicio político contra 12 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los 12 magistrados votaron a favor de la creación de una jurisdicción especial para las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
La solicitud de juicio político fue presentada por la bancada de diputados del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD). También, por el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, el pasado jueves 24 de junio del presente año.
«No se admite la solicitud de juicio político presentado por los diputados del PINU y de Jari Dixon de Libre. No se admite a trámite. Se rechaza la solicitud y se manda archivar las diligencias a la Secretaría del Congreso», expresó el secretario del Legislativo, Tomás Zambrano.
El juicio político iba dirigido contra los magistrados de la CSJ por decretar resolución favorable a las ZEDEs:
- Rolando Argueta
- Reynaldo Hernández
- Edwin Ortez
- Reina Hércules
- María Castro
- Jorge Serrano
- Lidia Lavaez
- José Rodríguez
- Jorge Zelaya
- Rafael Bustillo
- Miguel Pineda
- Garin Urquía
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CSJ aprobó jurisdicción para las ZEDE
El 14 de junio el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobó por mayoría de votos el establecimiento de la Jurisdicción Especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
A través de un comunicado, el Poder Judicial argumentó que es su responsabilidad establecer tribunales con competencia “exclusiva y autónoma sobre estos”.
Además, el análisis planteado los magistrados indican que “la función jurisdiccional debe adaptarse a los nuevos requerimientos que la sociedad demanda”.
Asimismo, el Poder Judicial aclaró que esta jurisdicción especial conocerá de los asuntos en la materia penal, niñez y adolescencia de conformidad con la Constitución de Honduras.
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