TEGUCIGALPA, HONDURAS. Los diputados del Partido Libertad y Refundación (Libre) Jari Dixon y Mario Sorto, llegaron ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con un recurso de inconstitucionalidad contra del decreto que permite el pago de prestaciones a altos funcionarios del Estado.
Jari Dixon confirmó que se busca los mecanismos legales para eliminar el decreto que da luz verde al pago de prestaciones. Asimismo, dijo que se pretende obligar a los funcionarios del gobierno anterior que devuelvan sus prestaciones.
El recurso presentado por ambos congresistas detalla que el decreto 107-2021 contiene injusticias impregnadas. “Queremos dejar al descubierto el ambiente de malicia y conciencia de la injusticia impregnadas de dolo con que se concibió la normativa cuestionada, precisamente justo cuando en el país se avizora cambio de gobierno”, indica el recurso.
Dixon expuso que “El Partido Nacional va a dañar este país hasta el último minuto que estén en el poder, pero no podemos permitir que sigan con sus arbitrariedades”.
Según proyección del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el gasto que tendría el Estado para pagar las prestaciones ronda de entre 300 a 500 millones de lempiras.
Por su parte, Sorto repudió el decreto declarando que “se comprometen las finanzas del nuevo gobierno. Es una ilegalidad y se les advierte a los que lo aprobaron que cometen delito”.
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PN manifiesta que con el decreto se le quitaría permanencia de maestros y doctores
Por otro lado, diputados del Partido Nacional se muestran en contra y aseguran que el decreto también da permanencia a trabajadores de la salud y educación. Al respecto, manifestaron que se les quitaría el derecho a estos funcionarios que constantemente piden acuerdos.
Dixon sostuvo que se revisarán todos los factores que implicaría esa ley. “No se ha tomado una decisión, eso va a ser objeto de análisis por una comisión de dictamen, pero aquello que puede afectar a grupos no se va aprobar”, puntualizó.
De igual forma, el congresista de Libre aseguró que los nacionalistas están tergiversando la información.
“Estamos pretendiendo que los altos funcionarios del estado no se les pague prestaciones laborales. Nos parece injusto que, entrando como persona de confianza, sabiendo que no podían cobrar prestaciones, se auto pagaron”, aclaró.
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