TEGUCIGALPA, HONDURAS. En búsqueda de evitar más propagación de COVID-19, el Congreso Nacional (CN) aprobó este jueves, en reunión extraordinaria, la realización de sesiones legislativas virtuales.
La nueva posibilidad estará contemplada en una resolución a la Ley Orgánica de la cámara legislativa. De igual forma, la opción se aplicará para las reuniones de las comisiones de diputados.
Según se informó en el comunicado oficial de la determinación, el sistema informático será de uso obligatorio para todos los parlamentarios.
El presidente del hemiciclo legislativo, Mauricio Oliva, será el encargado de efectuar la convocatoria a las juntas en línea. Se podrá acceder al sistema en casos de emergencia, pandemia, calamidad, desastres o cualquier situación que haga difícil o no aconsejable un encuentro físico.
En cuanto a las reuniones de comisión, será el presidente de la misma que tendrá potestad de convocación.
Por su parte, Oliva aclaró que, con el propósito de la nueva modalidad, no se pagará por un equipo especializado.
«No se comprará equipo, lo que se está adquiriendo es una aplicación que permita la realización de las sesiones virtuales durante esta época de crisis», precisó.
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Funciones legislativas proseguirían ante cualquier adversidad
Tomás Zambrano, secretario del CN, sostuvo su aprobación a la tecnológica posibilidad, asegurando que: «El Congreso debe garantizar que, independiente de las dimensiones de una crisis, ya sea a corto o largo plazo, se sigan ejerciendo las funciones legislativas constitucionales en beneficio del bien común».
La manera de operación será completamente digital, según expresa el escrito.
Los proyectos de ley deberán ser remitidos por quien propone la iniciativa a través de un correo electrónico, justo después de ser presentados en sesión. Los mismo tendrán que ir con la particularidad de texto editable.
Los dictámenes subsiguientes serán expuestos en la plataforma de sesiones, o, se enviarán a cada diputado vía email u otro método móvil que permita una constancia de recibido.
De igual forma, se manifestó que la herramienta «garantizará el carácter público de los debates», así como la «identificación y ejercicio pleno de los derechos de los congresistas».
