El proyecto de ley se aprobó con 57 votos a favor, 9 en contra y una abstención de los diputados presentes en la sesión virtual.
De ese modo, la secretividad en la compra de vacunas por parte del Estado de Honduras tendrá una vigencia de 10 años. Durante ese tiempo nadie podrá conocer el costo de los inoculantes que adquiera el Gobierno de la República.
El Poder Legislativo informó que ese proyecto de ley se aprobó en su totalidad. Eso se realizó luego de que el diputado, Mario Pérez, presentara una moción para la dispensa de dos debates.
«Dictamen en primer debate, declarar información reservada, la acordada entre el Gobierno de la República y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra la COVID-19, contenida en los acuerdos y contratos vigentes y sean suscritos para la adquisición y suministro de las mismas. Aprobado en su totalidad», publicó el CN en su página oficial de Facebook.
Sesal: Pfizer solicitó la información reservada
«No tenemos ninguna dificultad y problema en que el contrato se exponga al público tal y como dicen sus cláusulas», aseguró Flores.
Asimismo, la funcionaria durante su intervención en la sesión legislativa explicó que la solicitud de información reservada se realizó por parte de la industria farmacéutica Pfizer.
«La solicitud de información reservada es una condición que tiene Pfizer para continuar negociación y entrega de vacunas al país. Caso contrario, en este momento cerramos operaciones y dejamos sin vacuna al país porque no tenemos otra opción», señaló la titular de Sesal.
Según Flores, en su inicio otras empresas farmacéuticas, manifestaron que podrían negociar con Honduras hasta enero del 2022.
En ese sentido, indicó que la única empresa disponible para negociar es Pfizer. «Esta empresa tiene un fiel cumplimiento de calendario y es reconocida a nivel mundial», concluyó.
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