TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos se manifestaron respecto a la administración y seguridad de los centros penales de Honduras.
Por medio de una carta enviada al despacho de la presidenta Xiomara Castro, las organizaciones solicitan que las cárceles sean dirigidas por civiles. Es decir, que no sean dirigidas ni por la Policía Militar ni por la Policía Nacional de Honduras, como se anunció.
«Demandamos el retorno al principio de legalidad ya establecido en la Ley del Sistema Nacional Penitenciario, debiendo cesar la prevención policial y militar», señala el documento.
Asimismo, pidieron que el nuevo director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) sea una persona civil y no una persona que esté afiliada a alguna institución policial.
Estas peticiones se dan luego de que la presidenta Castro anunciara la desmilitarización de las cárceles. Sin embargo, la administración y seguridad de las prisiones pasaría al mando de la Policía Nacional con la creación de la Policía Penitenciaria.
Además, se nombró al nuevo director del INP, el comisionado de la Policía Nacional, Otoniel Castillo.
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Nombramiento de la Policía genera preocupación
Por su parte, la comisionada del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV), Glenda Ayala, dijo que las organizaciones se reunieron para externar su preocupación.
Según comentó Ayala, las organizaciones defensoras de los DD.HH., están preocupados tras el nombramiento que hicieron las autoridades de seguridad del país.
«Esta decisión de traspasar a la Policía es una situación que genera mucha preocupación. Por años la Policía Nacional y el Ejército recientemente han administrado los centros de privación de libertad. Y estas privaciones han implicado muchas violaciones reiteradas de derechos humanos«, explicó al comisionada.
En ese sentido, añadió que el nombramiento de la Policía no es un acierto y que no llegará a mejorar las condiciones de los privados de libertad.
«La Policía Nacional no ha sido el mejor acierto para dejar al frente del sistema penitenciario», consideró. Asimismo, dijo que están confiando en que la presidenta Castro rectifique la decisión y deje a cargo a personas que actuarán bajo la legalidad.
Violaciones de DDHH son de la Policía
La comisionada Ayala recordó que «muchas de las denuncias» que tienen se han dado en el Centro Penitenciario de Siria, Francisco Morazán. Además, explicó que esa cárcel está bajo el mando de la Policía Nacional.
«Muchas de las denuncias que nosotros tenemos han ocurrido en Siria que está manejado por la Policía Nacional. También en la Penitenciaría Femenina», manifestó.
Además, señaló que «la persona que detiene no puede ser la misma que rehabilita», pues consideró que existe una incompatibilidad en las funciones para las que se formaron.
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