San Pedro Sula, Honduras. El proyecto habitacional Ciudad Jaraguá manifestó, mediante un comunicado, su «repudio» contra las «actuaciones ilegales» efectuadas este viernes por parte de agentes de la ATIC y miembros del Ministerio Público.
Esto a raíz de los allanamientos y órdenes de captura ejecutadas por las autoridades judiciales contra algunos desarrolladores del proyecto.
«Sus ejecutivos y socios han sido objeto del atropello más ominoso e ilegal, al darse órdenes de captura amparadas en un juicio que no llena ninguno de los requisitos y procedimientos que las leyes actuales del país ofrecen a los ciudadanos en general y a los inversionistas en particular», reza el documento.
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La investigación de la Fiscalía apunta que el proyecto habitacional habría causado daños al medio ambiente en la zona de reserva de El Merendón, donde está ubicado.
Legalidad del proyecto
No obstante, los responsables del proyecto aseguran haber «cumplido hasta el último de los requisitos para poder operar legalmente«. Además, aseguran que cuentan «con todos los permisos, estudios legales y ambientales del país».
Según el comunicado, estas acciones de la Fiscalía «ponen mal predicado no solamente a los funcionarios sino al país en general». Y pone en entredicho a «un Estado que no respecta las leyes ni da seguridad a sus ciudadanos e inversionistas».
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En el comunicado, INMOBILIARIA EL ACTIVO S. de R.L., dueña de Prados Jaraguá y Cumbres de Jaraguá, se desmarca así de las acusaciones. Además, lamenta el accionar de los entes judiciales.
Además, afirman que este se trata de un «juicio sumario» que no llena ninguno de los procedimientos legales que constituye «una afrenta ominosa» en contra de sus intereses.