TEGUCIGALPA, HONDURAS.– Las nuevas modificaciones al Código Penal y la Ley de Lavado de Activos que aprobó el Congreso Nacional, podrían afectar negativamente el derecho a las manifestaciones en Honduras, así lo advirtió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo expresó que la modificación a esos dos instrumentos, ocasionarían una grave alteración al derecho de la libertad de expresión. Asimismo, al permitirlas prácticamente se estaría limitando que los hondureños puedan protestar.
En lo que respecta a los cambios realizados en el Código Penal, la CIDH dijo que provocaría restricciones que no son correctas a la libertad de expresión.
«Podrían derivar en restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y reunión pacífica al limitar el ejercicio de la protesta en espacios públicos. También propiciarían la criminalización de personas defensoras», manifestó el CIDH en un comunicado.
Revisión de reformas en Honduras
Sobre los ajustes a la Ley de Lavado de Activos, la organización dijo que «incluyen la incorporación de la figura de Personas Expuestas Políticamente (PEP), dentro de la cual se encontrarían las organizaciones de la sociedad civil que administren fondos de cooperación externa, que se dediquen a ejecutar proyectos o programas de diferente tipo, y a la veeduría, investigación, evaluación o análisis de la gestión pública», explicó.
Ante la serie de cambios realizados al Código Penal y a la Ley de Lavado de Activos, el ente solicita que las autoridades hagan una revisión minuciosa a esas modificaciones para así poder evitar que violenten los derechos humanos del pueblo hondureño.
«Se debe garantizar que el derecho penal no sea utilizado como medio para restringir el ejercicio de la libertad de reunión pacífica», reza el escrito.
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Cambios al Código Penal
El pasado 1 de noviembre, el Congreso Nacional publicó en el Diario Oficial «La Gaceta» distintas reformas al Código Penal. En las modificaciones se incorpora la figura de «detentación del espacio público» como una modalidad del delito de usurpación.
La CIDH le reiteró al Estado que está obligado a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos en contextos de manifestaciones sociales.
«La protección de los derechos humanos requiere que los actos estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la persona», finaliza el texto.
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