TEGUCIGALPA. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Honduras que permita la salida del ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto para que participe en las sesiones de ese organismo que comenzarán el 2 de abril en Washington, Estados Unidos, informó el abogado Miguel Ángel de los Santos Cruz. “Como Castro Soto es beneficiario de las medidas cautelares, la CIDH quiere que participe en las sesiones y cuente las condiciones del atentado y su retención en Honduras”, agregó en entrevista, de acuerdo con informaciones de Diario Excelsior de México.
Recordó que Gustavo Castro se encuentra en calidad de testigo protegido en la embajada de México en Honduras por una alerta migratoria de 30 días, que vence el 8 de abril, luego de que el 3 de marzo fuera víctima de un atentado en el que fue asesinada la dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), Berta Cáceres, en La Esperanza, departamento de Intibucá. Dijo que la CIDH otorgó medidas cautelares para los familiares de Cáceres, para los integrantes del Copinh y para Gustavo Castro y “en ese mismo pedido solicitó al Estado de Honduras que durante el próximo período de sesiones que inicia el 2 de abril comparezca, como se espera lo han los beneficiarios, para ampliar la información sobre el caso”.
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Las presiones de diferentes organismos y personajes de alta influencia internacionales se han intensificado, mientras agrupaciones campesinas, indígenas y de derechos humanos nacionales recrudecen sus acciones. Como es de información pública, el Banco de Desarrollo Holandés retiró sus actividades en Honduras y en los próximos días una misión de dicho que arribará al país para evaluar los proyectos que son financiados con sus recursos, especialmente la represa hidroeléctrica Agua Zarca en Santa Bárbara.
No se descarta que la determinación de la agencia de los países bajos tenga una acción multiplicadora para que otros organismos de cooperación de la Unión Europea dejen pendiente su ayuda crediticia. La trágica muerte de la señora Cáceres ha tenido eco en círculos políticos de Los Estados Unidos. Al menos 18 legisladores demócratas han solicitado al secretario de Estado, John Kerry, seguir de cerca la investigación sobre las circunstancias en que perdió la vida la activista hondureña, y sugerido suspender la ayuda.
