Margarette May Macaulay, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó y pidió a Honduras revocar la concesión a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por ser «legalmente inválida» y motivar el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres.
«Es mi humilde opinión, en base a mis antecedentes jurídicos y a haber sido magistrada de la CIDH, que esa concesión fue otorgada en contradicción con la jurisprudencia establecida por la Corte y la Comisión», dijo Macaulay.
Las declaraciones fueron brindadas por Macaulay en una audiencia pública durante el 170 periodo de sesiones de la CIDH en Washington. En ese sentido, explicó que claramente la concesión es ilegal y el Estado hondureño debe encontrar la forma de revocarla.
Cabe destacar que la concesión permitía a DESA construir una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque; el cual está ubicado en tierras ancestrales indígenas. Cáceres, la ambientalista ganadora del premio Goldman 2015, se opuso al proyecto y el 3 de marzo de 2016 la asesinaron en La Esperanza, Intibucá.
Durante la audiencia, activistas denunciaron que la concesión se otorgó sin respetar la voluntad de la población indígena. Asimismo, Marcia Aguiluz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), pidió iniciar el trámite de revocatoria.
Aguiluz se dirigió a la procuradora de Honduras, Lina Cardona, presente en representación del Estado hondureño, y dijo que debe ocurrir con la brevedad posible.
Condena para implicados en muerte de Berta Cáceres
El pasado 29 de noviembre, el Tribunal de Sentencia declaró culpables a siete de los ocho implicados en la muerte de Berta Cáceres. La ambientalista estaba en su vivienda cuando llegaron a quitarle la vida. Días antes había recibido amenazas por liderar la oposición del proyecto que afectaría y desplazaría a indígenas lencas.
Los condenados por el delito de coautores de asesinato:
- Douglas Geovanny Bustillo, exmilitar
- Sergio Ramón Rodríguez, gerente de la empresa del Proyecto Agua Zarca
- Elvin Heriberto Rápalo
- Henry Javier Hernández
- Edilson Duarte Meza
- Óscar Arnaldo Torres
A los dos últimos también se les condenó por asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio del ambientalista mexicano Gustavo Castro. Por su parte, a Emerson Duarte Meza, lo señalaban de encubrimiento pero lo absolvieron.
Al presidente ejecutivo de DESA, Roberto David Castillo, lo acusaron como el autor intelectual del asesinato. Cáceres había recibido medidas cautelares de la CIDH por las amenazas que recibía de Castillo y otros ejecutivos de DESA.
