Tegucigalpa, Honduras.- La llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), estaría «condicionada a la ratificación de la Junta Directiva» del Congreso nacional, señaló la jueza de Sentencia del Poder Judicial, Karla Romero.
En ese sentido, Romero indicó que, de igual manera, lo estaría el nuevo Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes en Estados Unidos. Asimismo, aseveró que estas situaciones generan desorden en el fortalecimiento del Estado de Derecho. También señaló que la situación «entorpece las negociaciones» para los programas antes descritos.
«Nos están pidiendo que fortalezcamos el Estado democrático de derecho para que llegue una CICIH. Quiten leyes, impunidad para que llegue, pero sobre todo para que les den el TPS a nuestros compatriotas en EEUU», expresó la jueza.
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Solicitud de investigación a Romero
Por su parte, el titular del Poder Legislativo, Luis Redondo, pidió que se investigue a la jueza de Sentencia. La petición la hizo tras conocerse públicamente que ella habría interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía. Es así que, de ser aceptados tales recursos, se supondría que la Junta Directiva es ilegal.
«No puedo entender cómo alguien como esta persona pueda estar donde está, investiguen y se sorprenderán, así como me sorprendí yo», dijo Redondo en medios locales.
Por su parte, la abogada, quien por la crisis en la Junta Directiva catalogó las declaraciones de Redondo como un «ataque personal», recalcó que sus recursos son contra el decreto de amnistía.
«Yo no he presentado ningún recurso de forma directa contra la legalidad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ahora, que dentro del recurso vaya mencionado el efecto de la validez de la norma, es otra situación, porque adolece circunstancias normativas exclusivamente«, añadió.
Redondo insiste en que JD es legal
Adicionalmente, Redondo reiteró una vez más que la actual Junta Directiva está enmarcada en la legitimidad y que la encabezará por 4 años. Que entregará cada año un informe donde se verán los hechos y resultados de su gestión.
De igual manera, Redondo agregó que su objetivo principal «es atacar los artículos 8 y 9 del decreto 04-2022 que establece la llegada de la CICIH«.
La CICIH fue una promesa de campaña de la ahora presidenta Xiomara Castro, sin embargo, no se han informado avances después de un memorándum de entendimiento respondido por el Gobierno a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado 22 de agosto.
En el caso del TPS, que beneficia a unos 58 mil hondureños, fue cancelado en 2018, pero tras una demanda aún en litigio interpuesta por migrantes contra su finalización, ha permitido que se extienda hasta el próximo 31 de diciembre.
