Cortés, Honduras. La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) se pronunció sobre el caso en contra del proyecto habitacional Ciudad Jaraguá, que está llevando el Ministerio Público (MP).
Según indicaron a través de un comunicado, el rubro de la construcción es el segundo mayor empleador en el país, generando bienestar, desarrollo y oportunidades a las familias hondureñas.
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También, recordaron el artículo 68 de la Constitución, que menciona el derecho que tiene toda persona a que se respete su integridad.
«Nadie debe ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes», añadieron.
Más adelante en el documento sostienen que las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle legalmente. Asimismo, que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República.
«Exhortamos a los entes encargados de la administración, supervisión e investigación, el respeto estricto de los derechos humanos«, agregaron.
CHICO señaló que llevando a cabo este proceso de la manera correcta se garantizará a los inversionistas nacionales y extranjeros del sector construcción, la legalidad y la seguridad jurídica, antes, durante y después de la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura.
«Órdenes de captura fueron un exceso»
Los apoderados legales de Ciudad Jaraguá consideraron «un exceso» las acusaciones y órdenes de captura ejecutadas por el Ministerio Público.
Ellos dijeron que sus representados «ya se habían presentado voluntariamente» hace 7 años, cuando iniciaron las investigaciones del caso.
El MP acusó y liberó órdenes de captura contra algunos desarrolladores del proyecto habitacional y cinco funcionarios municipales, por los delitos de violación de los deberes de los funcionarios a título de autores en perjuicio de la administración pública.
En tal sentido, en conferencia de prensa, Clovis Duarte, apoderado legal de la empresa inmobiliaria El Activo S. de R.L., e Inversiones MPG S.A de C.V., dueña del proyecto, valoró las acciones acusatorias.
Él consideró que la Fiscalía «nunca debió ejercer una acción penal pública en contra de nuestros representados y las sociedades mercantiles que también representamos».
