Tegucigalpa, Honduras. En una «catástrofe histórica» para la inversión extranjera y la economía hondureña podría convertirse la invasión de tierras en el sur del país en caso de que el Estado no reaccione con rapidez, según el director de la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCITSur), Carlos Zelaya.
La invasión de tierras es un problema que se ha venido arrastrando desde hace varios años. Sin embargo, en los últimos meses ha tomado aún más fuerza ya que, hasta el momento, los pobladores han tomado más de 2,500 manzanas de tierras.
De acuerdo con estimaciones del sector privado, actualmente unos siete departamentos de Honduras reportan invasión de tierras, generando un ambiente de conflictividad social.
Según se ha dado a conocer, quienes están tomando las tierras son colectivos del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) que buscan recuperar tierras «que le pertenecen al Estado».
Estos activistas planean fundar una comunidad a la que llamarán «Mel Zelaya» y aseguraron que miles de familias buscan obtener terreno al no contar con un hogar.
Las acciones parecen no avizorar un final, pues cada vez se realizan con mayor frecuencia en varios departamentos del país.
Esta situación ha mantenido preocupados a varios sectores empresariales, sobre todo a la CCITSur que, a través de un comunicado, pidió al Gobierno interferir en el caso. «Exigimos una oportuna y rápida intervención del Gobierno de Honduras para que a través de sus operadores de justicia asegure la tutela al derecho de la propiedad privada», reza una parte del texto.
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Se acerca una catástrofe
El titular de la CCITSur, Carlos Zelaya, comentó a Diario TIEMPO las graves consecuencias y los efectos que desde ya se está sufriendo a raíz de las invasiones.
Una de estas consecuencias, según Zelaya, sería alejar la inversión nacional y extranjera, pues los inversionistas se irán si saben que sus tierras están tomadas. También mencionó que eso conllevaría a la perdida de empleos, disminución en la producción y reducción en la generación de divisas, entre otras problemáticas.
Zelaya contó, además, que las invasiones forman parte de la industria exportadora dedicadas al cultivo de melón, okra y azúcar, así como para labores de ganadería.
En ese sentido, detalló que ya están sufriendo los efectos, sobre todo en el área de la producción de okra. «Las consecuencias hasta este momento han sido bastante severas, en el caso de la okra tenemos testimonios de una de las empresas socias que solo una operación de esa empresa ha perdido directamente 300 trabajadores», explicó.
Agregó que «en la región sur había empresas dedicadas al cultivo del melón y sandía que han tenido que salir por diferentes factores, incluyendo las invasiones».
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, aseguró que ese problema no debe de permitirse.
«Estas cosas se daban en países donde no había una forma clara de Gobierno, donde habían problemas de tecnología para esclarecer limites de propiedad. Hoy en día debemos de buscar cómo se respeta el Estado de Derecho y esto es de demasiada preocupación porque aleja a la inversión», dijo Facussé.
Estiman caída de un 50% en producción de melón y okra
De igual modo, el director del CCITSur advirtió que, de no haber una intervención inmediata por parte del Gobierno, lo que pasará es una caída en la producción del melón y la okra.
«Si el Gobierno no hace lo suyo, nuestras estimaciones son que en los próximos 12 meses, en el caso del melón y la okra, su producción y su contribución con la generación de empleos y divisas van a tener una caída de un 50%», lamentó.
Según dijo Zelaya, ambos rubros generan alrededor de 25 mil empleos directos y unos 40 mil indirectos. Además, aseguró que las divisas que generan solo los dos rubros andan alrededor de los 165 millones de dólares. «Entonces, imagínese usted que eso caiga la catástrofe que se avecina», reiteró.
Además, el director avisó que podrían perder 5 mil empleos solo en el rubro de okra, en caso de no parar estos conflictos. También advirtió que de continuar con las invasiones a final de año pasarán de tener media docena de compañías productoras de okra a contar solo con tres.
De igual manera, explicó que en los últimos 20 años las empresas meloneras pasaron de 30 a solo 2 por problemas entorno a las invasiones.
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Exhortan al Gobierno
Debido a la incertidumbre y preocupación por lo que pueda pasar de continuar las invasiones en la zona sur, los empresarios aprovecharon el contacto con Diario TIEMPO para exigir una vez más al Gobierno que actúe.
Eduardo Facussé pidió a las autoridades estatales hacer cumplir la Ley y conceder tierras legales a los pobladores que lo exigen. «No estamos en contra que el Gobierno busque maneras de darle tierras a los pobladores, el Gobierno debe buscar mecanismos legales, pero no se puede hacer así a la fuerza», expuso.
Además, aseguró que la respuesta debe ser rápida, antes que se produzcan graves consecuencias en la inversión. «Si la gente que invierte en el campo no tiene seguridad sobre la inversión, vamos a alejar a esa gente y vamos a tener que importar toda la comida. Eso solamente aumenta la pobreza, aumenta el desempleo, no es algo sano desde ningún punto de vista», agregó.
De igual manera, Carlos Zelaya opinó que el Gobierno debe dar respuesta a los invasores sobre los derechos que reclaman. «Nosotros también demandamos muy contundentemente que a estas personas que están ocupando estos 76 predios se les dé una solución conforme a Derecho y se les respete su dignidad como persona humana», expuso Zelaya.
No al diálogo
En cuanto al llamado al diálogo que hizo el dirigente campesino, Rafael Alegría, tanto Zelaya como Facussé coincidieron en que no puede darse mientras haya tierras invadidas.
«Yo creo que el dialogo siempre tiene que estar abierto pero no con tierras tomadas, esa no es manera de sostener dialogo» señaló Facussé.
Agregó a eso que si se retiran de las tierras y comienzan a dialogar sí sería manejable, pero de lo contrario no se podría dar ese escenario. «No ocupando las tierras de forma ilegal, eso no es diálogo, eso es un diálogo con pistola en la cabeza«, expresó.
A criterio de Zelaya el diálogo sí tiene que darse, pero entre los invasores y el Gobierno, pues no pueden hablar los dueños de la tierra cuando se las han usurpado. «El diálogo debe de primar, pero entre las personas que están ocupando la tierra y el Gobierno que tiene que ver cómo restituye el derecho de la propiedad y ver la manera de cómo les otorga un derecho de propiedad pero en otras latitudes a las personas que las demandan», manifestó.
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