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viernes, noviembre 22, 2024

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Carlos Madero, secretario de Trabajo, dijo que la seguridad social del país solo funciona para las minorías y que el único gobernante que se ha preocupado para que todos la tengan ha sido Juan Orlando Hernández.

Sus declaraciones surgieron en referencia al Plan para la Promoción Solidaria y del Auxilio Recíproco (PROSOLIDAR), el cual beneficiaría, principalmente, a los empleados de la economía informal de Honduras.

El funcionario dijo que la realidad del sistema de seguridad social hondureño “funciona para las minorías». Se habla que menos de un 20%.

Asimismo, opinó que la pandemia del Covid-19 ha demostrado la necesidad de tener seguridad social. Ya que si no era afiliado, lo enviaban a un centro asistencial público.

Escenario Covid-19

Carlos Madero destacó que ante la situación de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en el país, se demostró la necesidad que tiene la economía informal de contar con seguridad social que garantice su salud.

Ejemplificó que si una persona iba al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y no era afiliado, lo mandaban a un hospital público a que buscará atención. Y en el caso contrario, si iba al centro asistencial estatal, lo enviaban donde estaba afiliado. El ministro aseguró que por esa causa, en San Pedro Sula habían hospitales totalmente llenos.

Desigualdad social

Carlos Madero mencionó que existen «diferencias y desigualdades» en la aplicación de la seguridad social. Es una deuda que el gobierno tiene con el pueblo hondureño, especialmente con los más desfavorecidos.

Por tanto, destacó que si estas personas no tienen acceso a una seguridad social plena y que los proteja, provoca es que las desigualdades se empiecen a mostrar más en el país.

Asimismo, mencionó que es un tema central, muy importante, que debe ser tema de discusión en todas las propuesta políticas. Tal como ocurre en otros países del mundo.

¿Cómo incluimos a los que no tiene en los que tienen seguridad social?

El secretario de Trabajo añadió que la mayoría de la población hondureña en edad laboral, que está haciendo una actividad económica, no tiene seguridad social de ninguna forma. «Ni acceso a la salud, ni jubilaciones, ni nada».

Por eso es que la pandemia ha dejado la necesidad de que exista un sistema de esta naturaleza, que garantice los servicios todos los trabajadores y así haya «justicia social» en el país.

Carlos Madero señaló que es consciente de que el Estado no se lo puede otorgar a toda la ciudadanía al mismo tiempo, pues, si no se pudo en 60 años, tampoco se hará de la noche a la mañana.

«Los políticos de aquel tiempo no tuvieron la visión” y que hubo gobiernos que pasaron por las propuestas de ley y no se preocuparon por integrar la seguridad social, pronunció.

Lo que va pasar si se aplica la Ley, comentó Madero, es que el Estado va a cubrir el porcentaje que el empleador no pueda pagar, ya que estos ciudadanos no tienen un patrón formal, como en el caso de las grandes empresas o las instituciones de gubernamentales.

Juan Orlando es el único que se ha preocupado

En ese mismo orden de ideas, el funcionario indicó que, si PROSOLIDAR no se hace vía decreto, va a ocurrir lo que ha pasado con otras iniciativas similares, a las que nadie prestó interés y no se aprobaron.

«Nosotros queremos dejar, efectivamente, un sistema que garantice el aporte del Estado para estos trabajadores», declaró el ministro.

Sumado a esto, afirmó que implementar dicha medida sería un dinero bien invertido, porque va a favor del pueblo hondureño.

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No obstante, Que no se apruebe el proyecto del Plan para la Promoción Solidaria y del Auxilio Recíproco (PROSOLIDAR) es lo que pidió el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) al Congreso Nacional (CN).

Esta Ley busca otorgar el beneficio de seguridad social a miles de trabajadores del sector informal del país; quienes, no tienen acceso a la atención del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS).

No obstante, la iniciativa no fue bien recibida por el sector obrero y empresarial. A tal punto que, emitió una postura oficial en la cual manifestaron su desaprobación al proyecto de Ley.


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