Honduras.- La falta de consensos y de acercamientos entre las diferentes bancadas representadas en el Congreso Nacional incrementa la incertidumbre que rodea la elección del nuevo fiscal general y el fiscal adjunto del Ministerio Público (MP).
Tras un largo y señalado proceso coordinado por una Junta Proponente que envió al Poder Legislativo un listado de cinco postulantes a la fiscalía el pasado 1 de agosto, comenzaron los diálogos a lo interno de los partidos políticos. Pero fue hasta el 29 de agosto cuando se convocó a sesión para llevar a cabo la elección. Sin embargo, esa fecha significó el primer intento fallido.
En los siguientes días hasta el 31 de agosto, las convocatorias a sesiones fueron igualmente infructuosas. Dos nóminas fueron presentadas; una por parte del oficialismo y otra de la oposición.
El partido Libertad y Refundación (Libre) propuso al abogado Johel Zelaya como fiscal general y a Marcio Cabañas como fiscal adjunto. Por su parte, el diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Jhosy Toscano, presentó la nómina apoyada por el Partido Nacional (PN) y el Partido Liberal de Honduras (PLH), que propone al abogado Marcio Cabañas como fiscal general y a Jenny Almendares como fiscal adjunto.
Ambas nóminas no fueron tomadas en consideración, pues no recibieron los votos de la mayoría calificada, es decir, al menos 86 votos. En el cuarto intento para realizar la votación la nómina del oficialismo solo recibió 52 votos a favor y la de la oposición 74.
Tras los cuatro intentos fallidos, el titular del CN dio un discurso en el que anunció el fortalecimiento técnico y financiero de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), para que a partir del 1 de septiembre este ente administre el MP, basado en el decreto 67-2022 aprobado por el Congreso Nacional.
La junta directiva no ha anunciado cuándo reanudarán la sesión legislativa, debido a que siguen sin llegar los acuerdos para elegir a los nuevos fiscales del ente acusador.
Comisión para el MP aumenta distancia entre bancadas
En medio de la tensión por la elección de las autoridades del MP, Luis Redondo anunció en Twitter la creación de una comisión especial para investigar la gestión del fiscal general Óscar Chinchilla y el fiscal adjunto Daniel Sibrián. Lejos de ser considerada una medida relevante para establecer diálogos, esta acción de Redondo ha sido señalada y rechazada por la oposición.
La comisión especial está presidida por la diputada de Libre, Silvia Ayala, y fue integrada además por los diputados Ramón Barrios, Hugo Noé Pino y Ligia Ramos. Además de los parlamentarios Ernesto Lezama, Angélica Smith, Netzer Mejía y Carlos Raudales.
Este martes, la comisión ofreció su primera comparecencia pública. Detallaron que solo investigarán los últimos 10 años, pertenecientes al mandato de Chinchilla y Sibrián. También, sostuvieron que si la comisión decide que comparezca un fiscal o exfiscal, la asistencia de estos será de carácter obligatorio.
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Rechazo a la comisión
La oposición se pronunció en contra de la comisión. El Partido Nacional apuntó que la decisión de «el presidente de facto, Luis Redondo«, es arbitraria y representa un rompimiento del orden jurídico constitucional. Por su parte, el Partido Liberal de Honduras (PLH), también se posicionó contra el nombramiento de la comisión para investigar a los fiscales.
«Estamos en contra de cualquier acción que socave la democracia y debilite el Estado de derecho. Nos oponemos a los abusos de poder o acciones totalitarias«, manifestó el PLH.
No sólo es opinión de la fuerza política, algunos expertos también señalaron la acción de la junta directiva del CN como una acción tomada a espaldas de la Constitución de la República.
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«Caballo de Troya»
El abogado constitucionalista Oliver Erazo considera que «con la comisión que Luis Redondo nombró transforma al Poder Legislativo en un órgano de investigación criminal. El Legislativo no es el Ministerio Público, el Poder Legislativo no tiene esas facultades como tal».
«Esa comisión que está siendo nombrada de forma inconstitucional simple y sencillamente responde a una estrategia de caballo de Troya. Están nombrando esa comisión para que investigue cuando realmente en el fondo están generando una comisión para que intervenga el MP«, explicó Erazo.
Ignorancia y abuso de autoridad
De su lado, el abogado Raúl Pineda dijo que la comisión «pone a Redondo muy cerca de la línea que separa la ignorancia del abuso de autoridad. Esa comisión puede mandar cualquier informe a la Fiscalía, pero ellos no pueden de por sí investigar. El pleno puede nombrar comisiones, no don Luis, allí hay un abuso a la autoridad”.
Diferentes sectores coincidieron en que la acción de Redondo solo ha generado más incertidumbre en el panorama, pues una atribución como la que se tomó le compete al pleno del hemiciclo.
Chinchilla en Nicaragua y Sibrián continúa en el cargo
Óscar Chinchilla, quien se desempeñaba como fiscal general de Honduras hasta el 31 de agosto, el pasado 3 de septiembre salió del país con rumbo a Nicaragua. Inicialmente se hicieron especulaciones de todo tipo. Sin embargo, Chinchilla aclaró que había salido para ser juramentado para fungir como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) hasta el 2027.
Por otra parte, Daniel Sibrián sigue ostentando el cargo de fiscal general, según confirmó el Ministerio Público a través de un comunicado. Esto se da, luego de que el Congreso rechazara la renuncia interpuesta por el abogado.
«Con base a lo expuesto, la Fiscalía General Adjunta de la República, seguirá ejerciendo con
responsabilidad las funciones administrativas establecidas por el artículo 18 de la Ley del Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo«, indica el escrito.
No hay diálogos
El jefe de la bancada nacionalista, Tomás Zambrano, ha manifestado en reiteradas ocasiones que no han tenido acercamientos con el partido de gobierno ni con las autoridades del Congreso para lograr consensos.
«Desde el jueves anterior (31 de agosto) no hemos tenido ningún acercamiento ni diálogo con la gente del oficialismo. No es con Redondo que se platican los consensos ni las decisiones de la mayoría calificada. Con Luis Redondo no se construyen estas decisiones, él solo coordina ilegalmente el Congreso Nacional«, expresó.
Libre acusa al PN
Para el diputado oficialista Jari Dixon, el Partido Nacional es quien rehúsa tener acercamientos porque «no les interesa que haya nuevos fiscales». «Esto siempre fue la jugada del PN. Nunca les importo el proceso de la Junta Proponente, ni impulsar candidatos de esa organización, porque sabían que no teníamos los votos».
Además, según Dixon la falta de diálogo no es otra cosa que «una estrategia política del Partido Nacional«, cuyos diputados «se van a negar contundentemente a dar los votos».
Ante este oscuro panorama, el congresista de Libre cree que «de la forma tradicional (…) será prácticamente imposible» nombrar al fiscal general. «Se tendrán que buscar otras formas. Se tiene que tomar una decisión política contundente o radical, pero no podemos permitir que los nacionalistas sigan impunes con los delitos que han cometido», concluyó.
Expertos y la sociedad hondureña en general muestran su preocupación ante esta compleja situación. Los conocedores del tema además han enfatizado en que la falta de consensos en el Legislativo provoca un irrespeto a los tiempos constitucionales y repercute en la inseguridad jurídica, inversión extranjera y podría estancar los procesos judiciales.
