REDACCIÓN. Todo el mundo sabe lo que pasó en la cárcel de El Porvenir y todo el mundo, especialmente Honduras, parece haberlo olvidado: cuando a las 9:10 de la mañana del 5 de abril de 2003, 10 minutos después de que estallara el motín, la Policía y el Ejército entraron a los patios con sus armas largas y sus pistolas, en teoría para poner orden, solo habían muerto cinco personas. Dos horas después, en aquel penal de una veintena de celdas se amontonaban 68 cadáveres.
La batalla la iniciaron los pandilleros del Barrio 18, entre ellos y los Paisas había un acuerdo de no agresión que se había respetado durante meses. A pesar de ser los eternos protagonistas de las portadas de diario, a pesar de encarnar todos los males y provocar todos lo miedos, a pesar de su talento para la violencia, la historia indica que en Honduras, cuando se trata de plantar batalla a otros grupos criminales o a las fuerzas de seguridad, los pandilleros llevan las de perder. En esa certeza descansaba la paz de El Porvenir, en la costera ciudad de La Ceiba. Los paisas cuadruplicaban a los pandilleros en número, aun contando a los recién llegados. Y eran paisas los “rondines”, el grupo de presos en los que las autoridades delegaban desde hacía años el orden en los patios, los hombres que a golpe de tolete o de machete imponían ley intramuros.
En plena explosión del plan “Cero Tolerancia” contra las pandillas impulsado por el gobierno del presidente Ricardo Maduro, si en las calles se temía y despreciaba a los pandilleros y la Policía había comenzado a perseguirlos a plomazo limpio con el aplauso de la población, en la cárcel se les vigilaba y trataba como a animales peligrosos. En El Porvenir, las autoridades habían dado a los rondines las llaves de las celdas 2 y 6, ocupadas por el Barrio 18. Los paisas, liderados por su coordinador general, Edgardo Coca, decidían quién entraba y salía, y cuándo. Hacían constantes registros, hasta tres al día. Establecían para los pandilleros castigos colectivos.
Esa paz desigual, sin embargo, comenzó a agrietarse el 7 de marzo, cuando Mario Cerrato, el Boris, aterrizó en El Porvenir con otros 29 dieciocheros. Habían sido trasladados desde la Penitenciaría de Támara, en teoría para evitar roces con otros presos. En teoría para evitar muertes.
Una vez en El Porvenir, el Boris no tardó en comprobar, indignado, que su Barrio bajaba la cabeza ante los abusos de los presos no pandilleros. Casi de inmediato conjuró reglas no escritas en la pandilla y logró desplazar al hasta entonces líder de los dieciocheros en el penal, Edwin Calona, El Danger, en la toma de decisiones. El Boris tenía en mente una guerra. Se sabe que sobornó a un custodio para que le proporcionara un arma y organizó un plan de ataque durante cuatro semanas.
El sábado 5 de abril tomó su nueva pistola y se dirigió a la celda en la que estaban reunidos Coca y el resto de líderes de los rondines. Con él iban El Danger y otros ocho pandilleros armados con palos y cuchillos. El primer disparo de El Boris mató a José Alberto Almendárez, el subjefe de rondines. Encaramados a la confusión inicial, los pandilleros lograron abatir a balazos o machetear hasta matarlos a otros cuatro paisas. Buena parte de los rondines huyeron y buscaron refugio en los baños de sus celdas. Otros, los más veteranos, corrieron a buscar sus armas, para responder a El Boris.
Todos los testigos coinciden en que cuando, 10 minutos después del primer disparo, los policías que custodiaban el penal y los soldados de refuerzo entraron en los patios, lo hicieron a cañón suelto y con la intención clara de proteger a los paisas, matando a todo pandillero que encontraban a su paso. De inmediato, rondines, custodios y militares formaron un solo batallón que hizo retroceder a la mayor parte de dieciocheros hacia sus celdas. La carnicería estaba por comenzar.
Un rondín cerró con candado la celda 6, en la que se habían refugiado 25 personas, incluida una mujer y una niña que habían entrado de visita poco antes de la balacera, colocó cartones y colchones sobre la puerta de reja, los roció con combustible y les prendió fuego. Los policías que le vieron hacerlo no movieron un dedo.
A pocos metros, frente a la celda número 2, policías, soldados y rondines descargaron sus armas hacia los pandilleros que se habían refugiado allí, al tiempo que les gritaban que se rindieran. Por un instante cesó el fuego cruzado: los pandilleros se rindieron y lanzaron sus armas hacia el patio, pero los primeros que se atrevieron a salir con las manos en alto fueron acribillados. Uno murió en el acto. Los que quedaron en el suelo, heridos, retorciéndose, fueron rematados a golpes y cuchilladas por los rondines. Aquellos que en un primer momento se quedaron parapetados en la celda sufrirían una muerte más brutal: cuando el humo y las llamas que de la celda 6 ya pasaban a la 2 les forzaron a salir, fueron tumbados boca abajo en el suelo. En esa posición los ejecutaron. Después de lincharlos y acuchillarlos, todos fueron rematados a tiros. Los mismos tiros que más tarde permitirían reconstruir lo sucedido a Arabeska Sánchez.
En cada rincón del penal, respaldados por las armas de la Policía y los militares, los presos paisa completaron la venganza. Policías remataban a los pandilleros heridos, soldados contemplaban en silencio cómo rondines se ensañaban con cadáveres ya desfigurados.
El comandante a cargo del operativo, el subcomisionado Carlos Esteban Henríquez, detuvo la matanza alrededor de las 11, cuando supo que desde la escalera de un camión de bomberos que acababa de llegar a sofocar el incendio un camarógrafo lo grababa todo. Solo entonces ordenó a sus hombres dejar de disparar y trasladar hacia un hospital a los heridos. En su primera declaración a los periodistas, un vocero del Ministerio de Defensa, el subcomisario Leonel Sauceda, dijo que, de los incidentes carcelarios causados por pandilleros en los últimos meses, este había sido “el más grave”.
23 de las 68 víctimas tenían heridas por arma de fuego. 60 de ellas eran pandilleros del Barrio 18. Cinco murieron desangradas. Una recibió 20 machetazos en la cabeza. En la celda número 6 murieron 25 personas asfixiadas o quemadas. El cuerpo de una de ellas quedó calcinado a tal punto que fue imposible identificarla, y ni siquiera se pudo conocer su edad o su sexo. Los cuerpos de los muertos fueron trasladados a San Pedro Sula para que se les realizara la autopsia. Llegaron como podridos a la morgue. No aguantaron las cuatro horas de viaje a bordo de camiones sin refrigeración.
El presidente Ricardo Maduro, su ministro de Seguridad Óscar Álvarez y su viceministro Armando Calidonio, llegaron al penal a las 4 de la tarde, cuando todavía había cadáveres en el suelo. A los minutos, un miembro de la comitiva presidencial ordenó a los bomberos limpiar de inmediato el escenario de la masacre para que los presos sobrevivientes, que también habían sido evacuados tras el alto el fuego, regresaran lo antes posible a sus celdas. No importó —todavía hoy hay quien sugiere que ese era el propósito de la orden— que con el agua se borraran posibles pruebas y se convirtiera en tabula rasa la escena del crimen.
La de El Porvenir fue la primera de las tres grandes masacres ocurridas en la última década en cárceles hondureñas. Un año después, en 2004, la quema del sector de la Mara Salvatrucha en el penal de San Pedro Sula causó 107 muertos. En febrero de 2012, como en una escalada macabra, otro incendio consumió casi totalmente la granja penal de Comayagua y murieron 361 hombres y una mujer que había llegado de visita. Medio millar de muertos en tres zarpazos bajo el aplauso de buena parte de la sociedad hondureña, que suele recibir la muerte de presos como una purga sanadora. Pero la huella puntiaguda de estos tres episodios en las gráficas oficiales de muertes violentas en los penales de Honduras no cuenta la verdadera historia. Es en el valle de los muertos casi diarios y en la negativa del Estado a asumir la responsabilidad por ellos donde brutalidad de la política penitenciaria en Honduras se vuelve transparente.
La hemeroteca y el relato de quienes sobreviven intramuros rebalsa de casos extraordinarios: en marzo de 2008 un grupo de expandilleros fue trasladado desde San Pedro Sula hasta Támara tras un motín en el que hubo nueve muertos. Una vez en la Penitenciaría Nacional fueron metidos en plena noche en sectores de paisas, pese a la certeza de que acabarían muertos.
Así fue, al amanecer había 18 pandilleros acuchillados. A mediados de 2009, dos juezas ordenaron medidas cautelares para proteger a un preso por homicidio cuya vida peligraba si era ubicado en el mismo sector en que cumplía pena el hermano de su víctima. Pese a haber recibido y leído las órdenes judiciales que explícitamente pedían que se le asignara al reo otro área del penal, el director del centro lo envió a la muerte. El director está hoy acusado de homicidio. En 2011 otro director penitenciario mantuvo a un preso epiléptico engrilletado de pies y manos en una pequeña celda de castigo en la base de un torreón de vigilancia, y se negó a que el personal de la clínica le diera su medicación. El preso murió y nadie señaló culpables.
Son constantes los enfrentamientos entre internos, con armas de fuego. El 29 de marzo de 2012 un grupo de presos de la cárcel de San Pedro Sula derrocó por las armas a su coordinador general y estableció en el penal un nuevo orden. Tras varias horas de tiroteo se contaron 14 cadáveres.
Los informes de diversos organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana o Naciones Unidas, han denunciado regularmente desde hace más de una década la crueldad de las condiciones de las cárceles hondureñas y el constante riesgo para la vida de los presos. Sin que haya habido cambios. Solo en los últimos tres años han muerto de forma violenta en cárceles de Honduras más de 450 presos. En promedio, uno cada dos días y medio. Baleados por los guardias, acribillados por disparos de otros reos, perforados por las esquirlas de una granada, estrangulados, acuchillados, ahorcados, apaleados, empalados, decapitados, quemados vivos.
Resulta imposible acceder a registros sistematizados y completos de muertes violentas en las últimas décadas, pero los datos oficiales de mortalidad en cárceles, que convenientemente mezclan los decesos naturales con homicidios y asesinatos, no logran esconder lo evidente: el promedio entre 2003 y 2012 fue de 106 muertes anuales dentro de prisión, la inmensa mayoría de ellas por hechos violentos. Si Honduras es el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 79 por cada 100 mil habitantes en 2013, y tiene una mortalidad total de 4.78 por cada mil habitantes según datos de 2012, sus cárceles son el lugar más peligroso de Honduras con una tasa de mortalidad promedio que supera los 7.8 por cada mil presos en la última década.
Las autoridades hondureñas suelen sugerir que los incendios en cárceles son excepcionales e imprevisibles, que las muertes de presos en plena fuga son inevitables y justas, y que los motines o las venganzas entre internos son aleatorias. Como si las lógicas salvajes de los presos fueran incomprensibles. No es sino una forma de mentira institucional. En las cárceles, las muertes siempre tienen una explicación. Y las masacres de El Porvenir, San Pedro Sula y Comayagua no son sucesos aislados sino cimas, cumbres, de la normalidad asesina del sistema penitenciario de Honduras. Unas veces el Estado mata directamente a través de sus funcionarios de prisiones; otras, facilita que sean otros los verdugos en un sistema de pena de muerte tácita.
10 años después, sentada en el bar de la zona hotelera de Tegucigalpa, Arabeska Sánchez reflexiona sobre la masacre. Es evidente que le alegra que a alguien le importen aquellos muertos tanto tiempo después y en un país que todavía aplaude sin pudor diversas formas de limpieza social.
Lo que llegó a la mesa de Arabeska Sánchez no parecía una bala. Ese pedazo de metal deforme podía ser cualquier cosa, y aun asumiendo que fuera un proyectil iba a ser imposible rastrear el arma del que salió. Ella, corpulenta, bajita, arrugó la cara, detrás de sus lentes entrecerró aun más sus pequeños ojos e intentó adivinar alguna pista en esa esquirla de plomo, pero terminó por rendirse. Había visto en televisión las escenas de la masacre de la cárcel de El Porvenir y la carcomía el deseo de ayudar a identificar a los perpetradores. Pero de los centenares de balas y casquillos recogidos por el Ministerio Público después de la matanza, su astilla era la más inútil. Incómoda, la devolvió a la bolsa en la que venía etiquetada como indicio y escribió en su dictamen: “El fragmento ha perdido masa y características de clase e individualizantes. No tiene valor analítico.”
Sentada en la parte menos ruidosa de un bar que pretende ser bohemio, en medio de la zona hotelera de Tegucigalpa, Arabeska Sánchez se aferra a un vaso con hielo y seven up mientras rememora su intento de descifrar los secretos de aquel pedacito de plomo. No he conseguido que acepte una cerveza o que me acompañe con un trago de ginebra. Dice que mañana tiene que madrugar.
—Nada de alcohol si hay que trabajar. Es, y lo demuestra en cada frase y cada gesto, una mujer serena. Dura, agresiva en sus opiniones, pero serena. Supongo que solo anclado en esa serenidad puede uno haber visto desfilar ante sus ojos toda la muerte que cabe en Honduras y continuar creyendo que se puede salvar a este país de sí mismo.
Aquel abril de 2003, como si se apiadara de su frustración, el azar quiso que el peritaje fallido le abriera a Arabeska Sánchez una puerta mayor en la investigación de la masacre. Puesto que era la única miembro del laboratorio que no presentaría prueba balística en el juicio, la fiscal del caso le asignó una nueva tarea: reconstruir con la mayor precisión posible, usando los informes de sus compañeros, la masacre de la granja penal de El Porvenir. Sin pedirlo, se convirtió en una pieza clave para probar cómo el Estado hondureño, en complicidad con una banda de matones, asesinó de manera salvaje en dos horas a seis decenas de seres humanos.
Asegura que, más aun que la masacre en sí, y por despiadado que parezca, fue el largo y tenso juicio posterior el que retrató el nivel de desprecio del gobierno de Honduras por la vida de los prisioneros.
—Si quieres saber cómo es, incluso 10 años después, el sistema penitenciario de Honduras, buscá y revisá el expediente del caso de El Porvenir. Fue la primera vez que se desnudaron todas sus debilidades.
Arabeska no lo dice, o lo dice con otras palabras: la de El Porvenir no es una historia del pasado. El país más violento del mundo mantiene aún hoy, como política no oficial, el exterminio sistemático de sus presos.
El juicio por la masacre de El Porvenir inició en marzo de 2008 y fue un pulso del Estado hondureño consigo mismo. Mientras el Ministerio Público pujaba por el esclarecimiento de las 68 muertes, el Ejecutivo ponía todo su empeño en el encubrimiento. Quedó probado que la dirección del Sistema Penitenciario había alterado en su libro de incidencias la hora en que comenzó la masacre. Quedó probado que los informes de novedades de la Policía Preventiva se habían falseado para hacer ver que la voz de alarma se dio tarde y el operativo policial había durado una hora menos de lo que realmente duró.
Quedó probado que el jefe policial a cargo del operativo mintió en su informe y escribió que sus agentes habían sido recibidos a balazos por los pandilleros y solo habían disparado en defensa propia. La Secretaría de Seguridad pagó los abogados de los custodios, contrató a peritos en balística e incluso reclutó a investigadores del Ministerio Público para que argumentaran en contra de las pruebas de la acusación.
Con la mirada endurecida detrás de sus inseparables lentes, Arabeska Sánchez explica la sensación de desventaja que tuvo el equipo fiscal durante todo el proceso que duró 159 días, algo más de cinco meses.
—Éramos cuatro personas: dos fiscales, un médico forense y yo, y delante teníamos un buró de 60 defensores, una barbaridad de gente. Sentíamos una presión terrible.
—¿Recibieron alguna amenaza?
—Hubo vehículos sospechosos siguiendo el carro de la Fiscalía que usábamos en La Ceiba, así que pedimos un vehículo de refuerzo que nos acompañara cada vez que nos desplazábamos del hotel a la audiencia. Después de cada sesión teníamos que encerrarnos. Balearon a un muchacho en el parqueo de mi hotel, y también hubo disparos frente al hotel en que se estaba quedando la fiscal.
Las salas de audiencia de los tribunales en La Ceiba eran demasiado pequeñas para un proceso de estas dimensiones, así que el juicio se celebró en la sede local del colegio de abogados. Todos los días se desplegaba un cordón policial que rodeaba el edificio en el que se estaba juzgando, principalmente, a policías por el asesinato de presos. Aunque se esgrimía razones de seguridad, para el equipo fiscal era una forma más de intimidación. Durante las audiencias, los jueces pidieron a los acusadores que no se levantaran al baño en los recesos para no exponerse a recibir ataques. A los pocos días de comenzar el juicio, una amenaza de bomba obligó a desalojar todo el edificio y suspender la audiencia durante horas.
Toda La Ceiba se convirtió para Arabeska Sánchez y su gente en territorio hostil. Mientras los acusados y sus familiares celebraban barbacoas por la noche, los cuatro miembros del equipo fiscal comían aislados en su hotel. No había quien quisiera sentarse con ellos ni se podían dar el lujo de caminar tranquilamente por la ciudad costera.
Las pruebas y testimonios eran, en todo caso, aplastantes. Durante el juicio se mostraron imágenes de televisión en las que se veía a agentes golpear a pandilleros moribundos de la mano de presos rondines. Los informes de balística confirmaron que la mayoría de víctimas habían muerto por disparos de armas asignadas a policías y soldados. También pusieron en evidencia que algunas de las armas homicidas nunca llegaron a ser entregadas a la Fiscalía por parte de la Policía. Simplemente desaparecieron.
21 de los 33 acusados fueron declarados culpables y recibieron condenas que oscilaron entre los 3 y los 1,035 años de cárcel. El comandante de la Policía al frente del operativo, Carlos Esteban Henríquez, fue declarado culpable de omisión en 19 asesinatos y condenado a 17 años de prisión. El director del penal, Danny Alexander Rodríguez Valladares, no fue en cambio ni siquiera imputado porque el día de la masacre, aunque no tenía permiso, no se presentó a trabajar. En el año siguiente a la masacre fue trasladado varias veces y dirigió los penales de Santa Bárbara y Danlí, y en 2012, como si en Honduras la burla fuera una política de Estado, fue enviado de urgencia a sustituir al director del penal de Comayagua, fulminantemente suspendido tras el incendio en que murieron 361 personas.
Desde junio de 2013, Rodríguez Valladares es el director del penal de San Pedro Sula, el segundo más grande del país. Allí, como una década antes en El Porvenir, comparte el poder con un equipo de rondines armados, presos que, bajo el liderazgo de otro preso, imponen disciplina, operan como la verdadera autoridad de la cárcel y deciden sobre la vida y la muerte del resto de internos. Como si no hubiera huella del pasado y la muerte de 68 reos fuera un apunte marginal, anecdótico, en la doctrina del sistema y la carrera de un funcionario.
La noche lo calla todo menos al río, cuyo rugido parece advertir que en este suelo, donde hubo una vez risas y bailes con orquesta, nadie debe volver a construir nada. Por décadas la corrupción hizo de La Mora -el pabellón de los presos ricos en la antigua Penitenciaría Central de Honduras- un lugar feliz para quien pudiera pagar. Mientras los presos comunes, encerrados en la parte alta del recinto, malcomían y asistían a la escuela para aprender a leer, en las celdas de La Mora se instalaron mesas de casino y en su patio se celebraban a menudo veladas de boxeo con púgiles invitados.
El huracán Mitch barrió todo eso. El 30 de octubre de 1998 las aguas del río Chiquito, convertidas en el brazo de un gigante desbocado, redujeron La Mora a un predio baldío. Del resto del penal quedaron ruinas de cierta solemnidad, pero de La Mora solo sobrevive un torreón de vigilancia, en extraño equilibrio sobre sus bases mordidas.
Entre los cimientos de ese torreón, a oscuras, Dionisio Sánchez ordena sin prisa sus montículos de cartón, sus redes llenas de latas y sus amasijos de quincalla. El aire en Tegucigalpa está limpio, como entre lluvias. Dionisio es pequeño y tiene una sonrisa burlona. Al hablar despereza dos ojos sorprendidos, como si conversar fuera para él una excentricidad o un placer olvidado y redescubierto.
Se asentó bajo este techo prestado en el año 99, pocos meses después del paso del huracán y vive de vender basura y cargar bultos en el mercado mayorista. Nunca ha pisado una cárcel, pero sabe perfectamente qué sucedió acá el día que desapareció La Mora:
—Cuentan que se iban y los mataban. Los presos se iban y los mataban.
Aquel jueves, con Tegucigalpa entera en estado de alarma, con el río a punto de desbordarse, entre los presos de la Penitenciaría Central corrió el rumor de que nadie iba a llegar a evacuarlos. En mitad de la emergencia, mientras temblaban los muros que trataban de sostener el río y se filtraba el agua, decenas de reclusos de La Mora treparon uno tras otro por las paredes pensando que era su oportunidad de escapar o de salvar la vida. Los guardias dispararon a matar. Alrededor de 30 presos fueron arrastrados por el río heridos o ya muertos. Sus cuerpos nunca aparecieron.
Años después, en una nota que pretendía resultar entrañable, el diario El Heraldo escribió que en las ruinas de la vieja cárcel de Tegucigalpa hay fantasmas de guardias y de presos muertos. Como si la leyenda negra de un país que mata a sus presos fuera un juego de miedos infantiles. Como si los asesinatos en una cárcel hondureña fueran cosa del pasado o de otros mundos.
Esta noche, en mitad del antiguo patio de La Mora, a pocos metros de su torreón, Dionisio Sánchez parece uno de esos fantasmas. Sabe que desde este torreón mataron a gente porque se lo contó un amigo que cumplía sentencia en aquellos días en La Mora y vio con sus propios ojos morir y hundirse en los remolinos de agua a compañeros de encierro. Una rata del tamaño de un gato atraviesa el predio en dirección a Dionisio y se cuela entre sus cartones.
El Doctor de la cárcel de Támara fue un fantasma en la vieja Penitenciaría Central en los años 90 y la condena de ver pasar cadáveres de presos le ha acompañado hasta hoy. “Aquí la primera causa de muerte es la herida por arma de fuego”, dice, y mantiene una postura fría, los brazos sobre el escritorio, la espalda recta, el gesto ausente, como si hubiera repetido esta frase mil veces y no sirviera para nada.
La Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, conocida popularmente como Támara, estuvo una vez llamada a ser la primera piedra de un nuevo sistema penitenciario en Honduras. Cuando Mitch derribó los muros de la antigua Penitenciaría Central, en Támara se estaba terminando de construir una cárcel modelo para 1,800 personas, diseñada para facilitar la clasificación de internos por perfil criminológico y tipo de delito, a la medida de un futuro sistema progresivo de reinserción. Apenas albergaba entonces a 300 presos y debía irse llenando paulatinamente, bajo nuevos criterios de administración.
También eso se llevó el huracán. Los presos de la Central fueron finalmente evacuados de urgencia la tarde del 30 de octubre e instalados temporalmente en los bajos de las gradas del Estadio Nacional, a 200 metros de distancia cruzando el río, pero a salvo de las aguas y al cabo de unas semanas se les trasladó a todos, a los 3,500 que se amontonaban en la Central, a la nueva penitenciaría, donde quedaron de nuevo amontonados. No hubo, claro, más criterio que la prisa a la hora de asignarles celda. Ni perfil, ni distinción entre condenados y pendientes de condena, ni clasificación por grado de peligrosidad. Aún hoy los sectores del penal de Támara se llaman Procesados 1 y 2, y Sentenciados 1 y 2. Una falsedad.
En los desagües del Estadio Nacional aparecieron a los pocos días restos humanos. Los presos de la Central habían hecho sangrientos ajustes de cuentas mientras estuvieron en ese albergue temporal y llevaban consigo hasta el nuevo penal la tradición carcelaria de muerte y corrupción de las décadas anteriores.
El Doctor vivió aquel tránsito de la Central a Támara y ha estado en esta cárcel los últimos 15 años. Él ronda los 60. Su pelo peinado hacia atrás, su afeitado riguroso de médico viejo, y su camisa impecable debajo de la bata blanca contrastan con la clínica en ruinas en la que trabaja, sin equipo de rayos x, sin apenas camas, entre telarañas y pasillos a los que les faltan las ventanas. Como el resto de médicos y enfermeros de Támara, trae cada día de casa sus bisturíes, sus tijeras, su estetoscopio, sus guantes.
El penal es una ciudad pobre, sobrepoblada por 4,000 personas a las que las autoridades alimentan con una dieta única de frijoles y arroz tres veces al día. Además, el agua de Támara, los días que no falta el suministro, no es potable. El Doctor dice que la tratan para eliminar algunos gérmenes, pero que de ninguna manera es potable. Aun así, se bebe. Hacinados, malnutridos, maltratados, enfermos, en los meses de verano tres cuartas partes de los presos tienen sarna.
—Hubo un tiempo en que sí, como a finales de los 80, por el sida, pero desde hace unos 15 o 20 años ya no son las enfermedades las que matan a la gente aquí en las cárceles —aclara el Doctor—. Primero crecieron las muertes por arma blanca, y ahora ya no, ahora son por arma de fuego.
En Támara, la cárcel más grande del país y la más cercana a la capital, conseguir un revólver .38 cuesta alrededor de 25 mil Lempiras, 1,300 dólares, y que las autoridades dejen pasar una pistola 9 mm. cuesta 45 mil, unos 2,300 dólares. Un AK47 o una granada tienen precios lógicamente mayores, pero igual se pagan. Los agentes policiales que custodian la cárcel se dejan sobornar tanto por paisas como por pandilleros y los surten de armas para que se maten entre ellos, como auténticos vendedores de muerte. En un círculo vicioso que se ha perfeccionado con el paso del tiempo, las mafias de los internos alimentan la corrupción y la corrupción a su vez fortalece a las mafias de los internos.
—Mire, en las cárceles hay un poder fáctico que está por encima del director —dice el Doctor—. Los llaman “los Toros”. Son los reos poderosos, los que en cada penal manejan el narcotráfico, los negocios ilícitos, el crimen…
El Doctor no ha necesitado hacer preguntas incómodas ni meterse en los asuntos de otros para averiguar lo que sabe. Por su clínica pasan las consecuencias de todos los problemas de la cárcel. Hace algunos años comenzaron a aparecerle heridos con unos extraños cortes circulares en el cuero cabelludo, un mosaico de incisiones regulares y profundas. Le llevó un tiempo deducir de dónde venían. Los coordinadores de los sectores usan un tablero lleno de corcholatas, chapas de botella, clavadas boca arriba, y colocan al reo con la cabeza sobre las chapas, con los pies levantados y apoyados en la pared, sin manos, para que todo el peso del cuerpo descanse sobre la cabeza y los filos dentados de las corcholatas atraviesen lenta pero profundamente la piel.
Es solo una de las muchas formas en las que Támara se autogobierna de muros para adentro con la absoluta complicidad de las autoridades. Al igual que sucedía con los rondines de El Porvenir, y como sucede en casi todos los penales de Honduras, en Támara los internos que regentan los patios disciplinan al resto con torturas sistemáticas. En cada sector tienen celdas reservadas expresamente para el castigo y la tortura. A esas salas las llaman CORE, como el CORE VII, la posta Metropolitana n°1 de la Policía Nacional en Tegucigalpa, en la que tradicionalmente se ha dicho que las autoridades torturan a su vez a sus detenidos.
15 años después del huracán, la que pretendía ser una cárcel ejemplar está carcomida por la corrupción y la desidia institucional. Las autoridades tratan a los presos como animales y les permiten gobernar su propia jungla. El resultado es un poder, el de los internos, que nadie logra ni -tal vez- quiere domar. Las autoridades se limitan a fingir que al menos pueden evitar que ese poder salga de su jaula. Por eso, cuando no se trata de un escape planeado y pagado a las redes de corrupción del penal, que inician en los coordinadores de cada sector y terminan en las oficinas administrativas del penal, los custodios disparan a quienes tratan de fugarse.
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El 19 de mayo de 2009, Alexander Noé Moncada Zúñiga, un joven de 29 años condenado por allanamiento de morada trató de fugarse de la prisión Marco Aurelio Soto de Honduras, conocida por todos como Támara. Llevaba menos de un mes de reclusión, pero estaba nervioso como un adicto separado de sus dosis. La cárcel, al principio, puede ser un picor insoportable. A las 11 de la mañana de un martes de mayo, ese preso delgado y con bigote se lanzó, vestido con ropa deportiva, sobre el primer muro de los dos que forman el perímetro de seguridad del penal. Los vigilantes le descubrieron en la llamada “zona muerta” entre las dos paredes y le hicieron disparos de aviso. Él dudó unos instantes, midió sus remotas posibilidades de éxito y decidió que lo más seguro era volver a saltar de regreso a su sector. Pese a ver que el preso regresaba al recinto, un custodio le disparó por la espalda y le hirió en el glúteo.
El disparo no lo mató. El escapista frustrado recibió atención primaria y llegó incluso a hablar con los periodistas a su llegada al hospital Escuela de Tegucigalpa, un par de horas después del suceso. Explicó que quiso fugarse por la ansiedad de que su familia no lo llegara a visitar. Sonrió a las cámaras. Antes de que anocheciera estaba muerto. Desangrado, según la versión oficial. Un año después, el custodio fue condenado a 15 años de cárcel.
Es el único caso de este tipo por el que el Ministerio Público de Honduras ha conseguido jamás una condena. A los internos les da miedo denunciar o testificar porque al regresar al penal temen que los custodios, o los coordinadores de sectores, coludidos con las autoridades corruptas, los vayan a asesinar.
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El Fiscal batalla con cientos de casos como el de Moncada: torturas, abusos, violaciones a los derechos humanos en las cárceles. Como El Doctor, cuenta sus anécdotas desde la protección que da el anonimato, porque ha recibido amenazas directas de muerte y porque en Honduras los asesinatos de fiscales y defensores de Derechos Humanos en los últimos tres años han hecho del miedo un rasgo de sentido común. Los canallas no quieren que cambie el sistema, y El Fiscal sabe que los canallas, especialmente los que trabajan en despachos oficiales, le conocen y le odian. Por eso aprendió a disparar y anda siempre armado.
—Es típico, ocurre a veces que un interno logra pasar la zona muerta y lo persiguen 10 o 15 policías, y cuando lo tienen casi sometido, y así es más fácil, le disparan en la espalda y muere. O lo capturan, lo ingresan al penal y muere.
—¿Se abren expedientes internos o investigaciones por esos casos?
—Al Ejecutivo no le interesa. Nunca hay sanción para el custodio que dispara. Nunca hay una investigación interna cuando muere un preso. Si la Policía se da cuenta, no investiga. Solo se abre un caso cuando el Ministerio Público toma su propia iniciativa o por denuncia de una oenegé.
Cuenta El Fiscal que una vez llegó a Támara para investigar un caso de abuso de autoridad y se le arremolinó alrededor un grupo de presos ansioso de que viera algo. “Ya le van a conseguir los lisiados”, le dijeron. Al poco vio acercarse a una docena de personas cojeando, malcaminando, apoyada en muletas. Una procesión de tullidos y gente rota. Se trataba de presos que habían intentado fugarse y recibido castigo de los guardias por ello. Muchos tenían brazos rígidos y doblados por fracturas que nunca les fueron enyesadas, o pies ladeados.
—Me han hablado de disparos en los pies, como castigo ejemplar -le pregunto.
—Varios me dijeron: “Mire, yo me escapé, pero cuando ya me tenían detenido me dispararon en la pierna, ‘para que no lo volvás a hacer’, me dijeron, y pummm”. En Támara hay muchos casos. Podés hacer un libro con ellos. Y no es lo peor que ha pasado y sigue pasando.
El 27 de marzo de 2014, a las 2 de la tarde, tres internos trataron de fugarse del penal de Támara después de, aparentemente, sobornar al soldado que ocupaba una torreta de vigilancia. Cuando otros centinelas se dieron cuenta de lo que sucedía, les persiguieron y, tras hacer disparos de aviso, terminaron por apuntar al cuerpo. Uno de los presos, Erik David Sevilla Salgado, recibió un tiro en una pierna. Aunque fue trasladado al hospital en Tegucigalpa, murió desangrado. Otro preso herido que, como Moncada en 2009, murió desangrado.
24 horas después, las autoridades de Támara no habían hecho llegar a las oficinas centrales del Sistema Penitenciario, que están a menos de un kilómetro de distancia del penal, ningún informe escrito sobre el suceso. El Fiscal sabe que, cuando algo así sucede, no va a encontrar ayuda policial para dar con un culpable.
Ya te digo que estos asuntos no le interesan a nadie. El preso más conocido -y probablemente uno de los más aplaudidos- de Honduras se llama Moncho Cálix. En los periódicos le han dado el apodo de “El exterminador de mareros” por la larga lista de ataques que, ya estando en la cárcel, ha perpetrado -con cuchillo, con pistola, con granada- contra presos pandilleros.
El 24 de julio de 2012 volvió a hacer gala de su sobrenombre. Ese martes, en el módulo de máxima seguridad de Támara, una cárcel aparte construida a un centenar de metros de la Penitenciaría Nacional, Moncho Cálix sacó un revólver .38 por la ventana de su celda y comenzó a disparar contra los pandilleros del Barrio 18 que en ese momento estaban en el patio. Hirió a tres. A uno de ellos, al que Cálix disparó primero, su verdadero objetivo, le acertó en la cabeza. Era Norlin Ardón Varela, “Lucifer”, uno de los principales líderes de la 18 en Honduras.
Ninguno de los pandilleros murió pero en Támara se dice que las secuelas de Lucifer son graves y le han dejado a merced de cualquier enemigo. Ya no puede valerse y menos defenderse solo. Por eso no regresó a Máxima Seguridad sino al módulo El Escorpión, donde está con sus homies y el Barrio 18 puede atenderle y protegerle.
Es obvio que fue un custodio, un policía, quien proporcionó a Cálix el revólver. Al día siguiente del ataque se habló en los periódicos de la corrupción del sistema penitenciario y de revisar los videos para ver quién entregó el arma. El Ministerio Público anunció la apertura de una investigación. Pero casi dos años después no ha habido ningún detenido ni tiene sentido pensar, a estas alturas, que algún día lo habrá.
Cuando le pregunto a La Sombra por Moncho Cálix su respuesta es el inicio de una cita enciclopédica: “Moncho Cálix Urtecho… es familiar de los Urtecho, que han sido asesores de seguridad pública…”
De la Sombra diremos solo que, por su trabajo atraviesa a su antojo los muros y conoce desde hace años todos los rincones de las cárceles hondureñas. Conoce a los custodios, conoce coordinadores de cada módulo, conoce a los pobres diablos que sufren sus castigos y sabe tanto de las corruptelas administrativas como de los grandes negocios entre la dirección de cada penal y sus presos. Sabe, siempre, qué dicen los patios sobre cada muerte y sobre cada fuga.
Me recibe en su casa, una vivienda sobria en una colonia obrera del extrarradio de Tegucigalpa. Viendo las limitaciones del lugar, uno dría que La Sombra, pese a moverse entre la corrupción del sistema penitenciario de Honduras, tiene las manos limpias.
—Mucha gente me ha hablado de Cálix -le digo-. Le llaman el asesino de mareros.
—Es de Olancho, pero residía en la Mosquitia. Es un exmiembro de las Fuerzas Armadas con mucha experiencia militar que está ahí dentro por un tema de drogas. Heroína. Cayó con su esposa pero él se hizo responsable y cargó con todo. Y ya una vez en prisión se convirtió en sicario.
¡¿Se convirtió en sicario ya estando dentro?!
—Pues sí. Él no tenía antecedentes violentos, pero al principio le hicieron atribuirse muertos que no eran suyos, y después ya él puso sus muertos. Es el principal enemigo de la 18. Lleva ya… mínimo… 40 o 50 cadáveres dentro de la prisión, pero en tu artículo ponele que son 20 o 30, para que no digan que ando exagerando.
La Sombra habla de los crímenes de Cálix con cierta naturalidad cínica, como lo haría un enterrador, pero poda los números que no puede probar para que nadie le tome por un charlatán. En Honduras la gangrena maloliente de la corrupción carcelaria es tan voraz y ramificada que hay que desbrozarla para que resulte verosímil. ¿Quién demonios va a creer que entre los muros de una cárcel se forjó un asesino en serie de esas dimensiones sin que las autoridades actuaran, sin que el periodismo lo advirtiera y la sociedad se indignara, sin que el esperpento fuera ya una novela o una película?
Yo mismo desconfiaría de La Sombra, de sus números, si no fuera porque el nombre de Moncho Cálix se ha repetido en cada conversación que he tenido las últimas dos semanas acerca de las muertes de presos en Honduras. Cálix es el sicario-símbolo de los penales de Honduras. Entró a la cárcel en 2001 con una condena a 19 años y, a base de cometer asesinatos a plena luz del día en diferentes penales y confesar muchos de ellos, ha sumado condenas hasta tener ahora 340 años de cárcel por cumplir.
Hace unos días, una defensora de Derechos Humanos que sigue su caso, que le teme, que nombra a Cálix en susurros, temiendo que él pueda oírle aunque con certeza sabe que estamos a muchos kilómetros de distancia, me confesó que las sentencias contra Cálix se quedan cortas y ella le atribuye más de 100 asesinatos.
—Analizando sus expedientes le conté 104 muertes en penales, la mayoría por ahorcamiento y casi todos pandilleros, eso entre 2003 y 2006 -me dijo en su pequeño despacho-. Después le perdí la cuenta, dejé de seguir sus casos, hasta que 2012 quiso matar a ese otro… Al pandillero que quedó fregado. Y ahí me vino todo otra vez a la cabeza.
Le pregunto a La Sombra quién ordena todas esas muertes y de repente transita del cinismo y la indignación. Parece que no termina de decidir si le importa, y cuánto, lo que pasa dentro de los muros. O cuánto está dispuesto a permitir que le importe.
—Lo que ocurre es que los organismos de Derechos Humanos no tienen valor, se acomodan, todos… porque ellos tienen que sobrevivir también.
—¿Quiere usted decir que denuncian solo parte de lo que saben?
—Sí, y no son preventivos, no ponen el dedo donde es, no denuncian a quienes controlan los sectores o las cárceles. Solo se dedican a pedir indemnizaciones.
—Pero ese dinero es para las víctimas.
—¿Y es que con una paga se solucionan las muertes? Mire, al final de todo el problema, la pelea, no es la muerte del recluso… sino lo que reclaman los vivos. Eso es lo que he aprendido.
Que los internos controlen de forma absoluta la vida de los sectores no solo implica que establezcan sus propios y brutales sistemas de disciplina. Significa que en complicidad con las autoridades del centro administran todo lo que hay y sucede en la cárcel como un bien privado. Puesto que la opinión de los coordinadores influye en el diagnóstico de peligrosidad del preso, cobran 300 mil lempiras, más de 15,000 dólares, por no enviar a máxima seguridad a un interno que no se pliegue a su jerarquía, o 150 mil por dejarlo en el sector de Diagnóstico, reservado a los recién llegados y en teoría más seguro. Y una vez allí cada cama, cada espacio para dormir, tiene un precio. Se pagan 6,000 lempiras (300 dólares), por el derecho a dormir en el suelo de un pasillo.
Y las vidas, privatizadas, también tienen un precio.
—En 2013 hubo dos muertes de 2 millones de lempiras cada una, pagadas por narcotraficantes y ejecutadas con autorización del director del centro: la de Tatum, un narco de la Mosquitia, y la de “El Chino”, que era de los Cachiros.
David Dalbet Golcher Tatum tenía 55 años y lo mataron el 19 de julio, en un tiroteo en el sector Diagnóstico de Támara, durante la jornada de visitas. Estaba condenado a 20 años de cárcel por narcotráfico y lavado de dinero. Había llegado trasladado desde otro penal por haber recibido amenazas de muerte. “El Chino”, Wilmer Javier Herrera Sierra, fue ejecutado un mes antes, el sábado 15 de junio en la carretera de entrada a Tegucigalpa, junto a otros tres presos y la esposa de uno de ellos. Los tres tenían permiso de semilibertad y pasaban en casa los fines de semana.
Dos vehículos en los que iban cuatro hombres encapuchados interceptaron el pick up en el que viajaban y los ametrallaron. Los tiradores se ensañaron especialmente con el rostro y la cabeza de Herrera. En el lugar quedaron más de 100 casquillos de bala. Oficialmente fueron dos muertes más, de entre las muchas que quedan sin explicación ni culpables en Honduras. La Sombra dice que cada una costó unos 100 mil dólares.
Hacemos una pausa. El hijo de La Sombra se acerca a la mesa y le dice que va a salir, que tomará su coche.
—Vaya, pero ya sabés: bajá el vidrio. La Sombra ve mi rostro de extrañeza. Esta noche hace frío en Tegucigalpa y el vehículo tiene los vidrios tintados. El sentido común dice que sería más seguro llevar la ventana cerrada. Pero en Honduras conviven varias lógicas:
—No quiero que lo confundan conmigo y le hagan algo. La Sombra teme porque conoce.
—Usted ya ha escrito sobre Chepe en San Pedro Sula, pero hablemos de Támara: Miguel Flores fue el primer coordinador general de la Penitenciaría Nacional después del traslado desde la PC en 1998. Cuando lo liberaron hace cinco años asumió Jacobo Ramírez, que estaba en Procesados 2. Quedó libre en 2013 y desde hace un año el coordinador es Cosme Flores, que está en Sentenciados 2. Y así seguirá la cadena. Ahorita el coordinador de Procesados 2 es el hermano de Jacobo Ramírez, y ya se dice que es el posible sucesor como coordinador general cuando Cosme Flores se vaya.
—Esos son los verdaderos dueños de la cárcel.
—Y está Wilmer Escoto, el coordinador de Casa Blanca (el módulo Sentenciados 1, aislado del resto), que es un histórico, muy sanguinario. No se equivoque, todos son más sanguinarios que Moncho Cálix. Él es solo un comodín, un sicario al que mantienen con comida y dinero desde los módulos. Pero en Honduras, en prisión, va a encontrar a más de 10 Monchos Cálix.
—¡Pero si él ha matado a decenas! Él es mediático, pero otros son los verdaderos sicarios en la prisión.
Pese a las denuncias generalizadas, en la última década no se ha desarticulado o juzgado una sola red de sicariato operada desde prisión. El sistema penitenciario de Honduras no se interpone en el camino de nadie que arroje presos muertos por el desagüe. Aplica un despiadado “dejar hacer y dejar pasar” que sujeta a los presos a los designios de una mano criminal invisible. Y a veces tiene la fortuna de que, gracias a que el Estado mantiene la infraestructura de los penales en permanente riesgo de colapso, el asesino a sueldo se llame fuego.
* * *
La celda número 19 del penal de San Pedro Sula era un cajón rectangular de concreto de 200 metros cuadrados en el que vivían 183 miembros de la Mara Salvatrucha. Un ataúd gigantesco sin ventanas ni ventilación, sin agua corriente, sin duchas ni lavabos y con una única puerta enrejada de salida, de alrededor de metro y medio de ancho.
A la 1:30 de la madrugada del lunes 17 de mayo de 2004, justo encima de esa puerta se produjo un cortocircuito y comenzó un incendio. Durante una hora los presos de la 19 clamaron por auxilio, pidieron extintores, agua, algo. Desde hacía una semana el agua de los retretes, la única que llegaba al lugar, estaba cortada. Pidieron que les abrieran la puerta, que los dejaran escapar de las llamas y el humo. Los custodios que les escucharon hicieron disparos al suelo para advertirles que no se acercaran a la reja. Algunos les insultaban. “Déjenlos, déjenlos”, se decían entre ellos.
“Déjenlos morir quemados”. Las autoridades del penal tardaron 25 minutos en avisar a los bomberos. A las 2:30 los mismos presos, los que quedaban vivos, lograron forzar el portón y volver a respirar. Dentro quedaron 107 cadáveres. Unos pocos abrasados por las llamas, más de un centenar muertos por asfixia.
El gobierno de Ricardo Maduro, con la memoria de la masacre en El Porvenir todavía fresca, reaccionó rápido y dispuso una partida especial para indemnizar a las víctimas. Al siguiente día aún quedaban cuerpos por identificar y entregar, pero a las familias ya se les estaban dando 10,000 lempiras (525 dólares de ahora), como ayuda para los gastos del sepelio. El presidente, que estaba de viaje oficial en Europa, suspendió su asistencia a la boda del príncipe de España y regresó a Honduras. Dijo estar consternado. El sentido común hace suponer que debía estar, también, avergonzado: tras la masacre de El Porvenir Maduro ordenó la inmediata creación de una comisión para la reforma carcelaria y un mes después, el 13 de mayo de 2003, tenía en su mesa un informe de más de 100 páginas reconociendo errores, denunciando ilegalidades y corrupción en el sistema penitenciario, proponiendo reformas. Había pasado un año de aquello y 107 cadáveres desmaquillaban su voluntad política.
Lorena tomó los 10,000 lempiras por la muerte de Wilfredo, su esposo, un pandillero de 24 años que iba a salir libre la semana del incendio, y con ellos le compró un ataúd y una lápida. El mismo día que esperaba recibirlo en casa, lo enterró. Seis días llevaba preso y quizá nunca tuvo que haber caído por segunda vez, pero la suerte a veces te condena, de manera justa o injusta.
A Wilfredo, esa segunda vez, le tocó llegar a la cárcel de manera injusta. Por confiado, por creer que a Honduras le importan sus reos y la rehabilitación. Un año antes había pagado unos meses en la cárcel por vender cocaína en una esquina, y una vez dentro había aceptado en secreto entrar a un plan de rehabilitación que incluía borrarse los tatuajes. De regreso en las calles llevaba una carta de la pastoral penitenciaria que decía que estaba en el buen camino y que se iba a rehabilitar.
Por eso no corrió como sus amigos cuando llegó la policía a su colonia, la Rivera Hernández, una de las más violentas de San Pedro Sula. Confió su suerte a la carta que llevaba en el bolsillo y no corrió. Los policías le rompieron la hoja de papel frente a la cara. Y se lo llevaron, por asociación ilícita.
Lorena es una mujer pequeña y redonda que parece sonreír hasta cuando llora. Siempre ha comido de vender. Elotes, yucas… Cuando niña, habitaba en La Satélite, otra de las colonias sampedranas famosas por la presencia de pandillas y por su rutina de homicidios. Su familia salió de allí porque el huracán Mitch, que como toda tragedia natural persiguió a los más pobres para ensañarse con ellos allí donde estuvieran, les arrebató la casa.
Tiene cierta coquetería de vendedora ambulante y descaro al hablar. Le caen tres rizos sobre la frente y cierra los ojos cuando asiente o emite una sentencia, como los niños aplicados de la clase.
—Mire, creen que con 10,000 lempiras le callan la boca a uno. Lo dieron rápido, como para que uno se callara y ya no hablara, pero con eso no pagan todos los años que hemos sufrido. ¡Las muertes tienen que servir para mejorar! -dice, y levanta los hombros en un salto, para convencerme de que lo que dice es obvio.
—¿A qué se refiere? A que el problema ahora es para los hijos, que quedan con aquel dolor, culpando a la sociedad, culpando a todo mundo. Mi hija tenía 6 años cuando lo del incendio y culpa a la Policía y culpa al gobierno.
—¿Porque no abrieron la puerta para que se salvara su papá? Claro.
Al lado de la tumba de Wilfredo, en el cementerio Los Laureles de la colonia Rivera Hernández, hay colocadas en línea otras siete lápidas de pandilleros muertos en el incendio del penal de San Pedro Sula. En Honduras hay colonias enteras en los que la cárcel es como una calle más del vecindario, por la que a veces se pasa por destino o por mala suerte, por culpa de otros o por los pies de uno mismo.
La Rivera Hernández es una de ellas, por eso, el día que se quemó una celda en el penal de San Pedro, en la Rivera Hernández lloraron ocho familias y ahora hay en la colonia una niña, Kailin, que ya tiene 16 años y odia a los policías porque dejaron morir a su padre.
Kaylin se volcó a llorar frente a la pantalla del televisor. Ningún canal de televisión hubiera mostrado en primer plano el cadáver sangrante de un viceministro, de una abogada, de un policía asesinado, pero los cuerpos semicalcinados de los presos no pasaron por los filtros éticos que las sociedades suelen aplicar a los muertos propios. Kaylin vio en la pantalla los humeantes pedazos de seres humanos y se echó a llorar aunque no conocía a ninguna de las víctimas.
—¡Mami, viera qué montón de muertos hay en Comayagua! —le dijo a Lorena por teléfono, entre sollozos—. ¡Otra vez! ¡Otra vez!
El esposo y el suegro de la mujer que tengo sentada delante rogaron por años que los trasladaran de la cárcel de San Pedro Sula porque tenían miedo a que volviera a incendiarse o estallara el enésimo motín. El padre había sobrevivido a la tragedia de 2004 y sentía que quedarse él y su hijo allí era tentar a la maldita suerte. Se alegraron en 2009 cuando supieron que los movían a la de Comayagua, una pequeña cárcel de pueblo, plácida, una granja penitenciaria de espacios abiertos en la que los presos paseaban sus sombreros por los patios.
Allí murieron tres años después. El 17 de febrero de 2012. En plena noche, un incendio se extendió a velocidad vertiginosa por 5 celdas y calcinó el cuerpo de los presos encerrados en ellas. Como en San Pedro antes, ningún custodio abrió las puertas y no había extintores ni mangueras para matar el fuego. Como en San Pedro, a las autoridades no creyeron necesario llamar a los bomberos. Como en San Pedro, la guardia disparó para evitar fugas porque los presos pueden morir pero no escaparse. Se quemaron vivos o asfixiaron 362 de los 852 internos que había en el penal. Más de la mitad no tenían condena. Eran, legalmente, inocentes.
La mujer que tengo delante viste toda de negro. Habló por teléfono con su esposo el día del incendio y escuchó de fondo, por el auricular, los gritos de los que se quemaban. Él había escapado de las llamas por los baños de su celda. Estaba agitado, pero a salvo. La amaba y le iba a llamar al día siguiente, le dijo. Después de colgar descubrió que su padre había quedado dentro y entró de nuevo a esa cueva de humo. Ninguno de los dos salió ya nunca.
La mujer tiene miedo a dar su nombre y a que se conozca el de sus muertos. Ha dejado de estudiar abogacía porque sola, viuda, no hay quien le ayude a mantener a dos hijas de tres y nueve años. Antes vivía del negocio de comidas que él tenía en el penal. La cárcel en Honduras es una ciudad más, un exilio forzoso desde el que se envían remesas. Ella está convencida de que lo de Comayagua no fue fruto del azar y como la mayoría de familiares de víctimas del incendio piensa que fue un ataque más de esa mano negra empeñada en limpiar de presos Honduras, exterminarlos.
—Imagínese. Sobrevivir a la quema de San Pedro Sula para ir a morir de la misma forma en Comayagua. Es como que los eligieran. ¡Este año vamos a quemar este!
La mujer de negro dice que a ella y al resto de viudas de Comayagua no les va a pasar como a las de San pedro Sula, que tuvieron que esperar diez años para que les hicieran caso. Dice que ya están listas para poner, ellas también, una demanda internacional.
“El Estado, con lo de Comayagua, lo que hizo fue ponerse una pistola en la cabeza”. Sentado en una cafetería de San Pedro Sula, Joaquín Mejía se sonríe como un jugador de ajedrez que ve que su oponente acaba de dejar desamparada la reina. Justo como debió sonreírse él mismo una mañana de febrero de 2012, al revisar su correo electrónico y encontrar uno de la asistente de la Procuradora de la República, Ethel Deras.
Joaquín Mejía lleva botas, unos jeans azules, camiseta ajustada, un pequeño collar de cuentas y pulseras de cuero y tela. Viste más como un cantante de rock o un estudiante universitario poco aficionado a las clases que como uno de los abogados más influentes de Honduras. Pero con su barba perfectamente recortada y su verbo descarado, en los últimos cinco años ha impulsado y ganado desde el ERIC, una oficina jurídica fundada por los Jesuitas, varios casos por atentados contra ambientalistas o contra activistas de los derechos campesinos, entre otros. Tiene 39 años y ya hay quien lo promueve como posible Procurador de los Derechos Humanos en el futuro.
Cuando ardió el penal de Comayagua, este enfant terrible de la lucha por los derechos humanos en Honduras formaba parte de un equipo creado por Cáritas y Pastoral Penitenciaria, que llevaba ocho años presionando sin suerte al Gobierno para que diera una señal de arrepentimiento por la quema del penal de San Pedro Sula en 2004 y asumiera su responsabilidad por lo sucedido.
Puesto que en la justicia hondureña se había absuelto al director del penal sin investigar otros posibles culpables, ese equipo había llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después a la Corte Interamericana. Las únicas respuestas del Estado habían sido la negación unas veces y el silencio administrativo otras.
Pero a los pocos días del nuevo incendio a Joaquín Mejía le llegó un correo electrónico. La Procuradora de la República, dependiente del despacho del Presidente de la República, quería reunirse con ellos. A esa maniobra desesperada, evidentemente causada por las muertes en Comayagua, llama él “ponerse una pistola en la cabeza”.
—¿En qué sentido? —le pregunto.
—El Estado iba a sentarse a negociar un caso previo pero con una tragedia reciente encima de la mesa, totalmente deslegitimado, abierto a aceptar cualquier cosa. De ahí en adelante nosotros nos aprovechamos… así, literalmente, nos aprovechamos, de la inexperiencia de la gente del Estado en litigios en el sistema interamericano.
El gobierno estaba repentinamente desesperado por lograr un acuerdo porque para el 28 de febrero estaba programada una audiencia de la Corte Interamericana en su sede en San José, Costa Rica, para resolver el caso de San Pedro Sula. Urgida por borrar en días la imagen de indolencia ante la muerte de presos que el gobierno se había forjado por años, Ethel Deras se trasladó a San Pedro Sula para tener reuniones con los abogados de las víctimas. Los encuentros, celebrados en la sede del obispado, no bastaron para cerrar un acuerdo pese a la inédita flexibilidad de los negociadores del gobierno, abogados privados contratados para la ocasión. El día 27, el diálogo se trasladó a Costa Rica.
La noche antes de la audiencia se celebró una reunión definitiva en un hotel de San José. Las discusiones fueron muy tensas: Joaquín Mejía cuenta que los abogados de Cáritas y él se habían repartido los papeles de poli bueno y poli malo. Cada vez que había un desencuentro, él se levantaba de la mesa y amenazaba con irse y arrastrar al resto de la delegación. Normalmente, los abogados del Estado terminaban cediendo. Consciente de su superioridad moral en este caso y técnica en litigios internacionales, Joaquín Mejía admite que llegó, incluso, a engañar a sus interlocutores citando sentencias inexistentes de la Corte para sustentar sus puntos, ante la torpeza de las personas en las que el Estado había enviado a negociar, evidentemente legas en materia de legislación internacional en Derechos Humanos. El acuerdo que se terminó firmando cinco minutos antes de que iniciara la audiencia y en presencia de los magistrados de la Corte, era casi una rendición.
—Por lo que cuenta son ustedes unos cabrones.
—¡El estado es más cabrón! ¿Sabés por qué los engañé? Porque la procuradora, sabiendo eso de contratar gente privada para algo así es algo, pucha, terrible, se atrevió a decirme a mí, ella, en San José, que estos tres abogados privados, venían pagándose sus gastos y lo hacían por amor al país. ¡Piensa que uno es pendejo! Después me di cuenta de que al menos uno de ellos ganó por aquello medio millón de lempiras.
El 28 de febrero de 2012 el Estado hondureño aceptó formalmente su responsabilidad por los 107 muertos en 2004 en la cárcel de San Pedro Sula y se comprometió a indemnizar a los familiares de las víctimas. También se comprometió a emprender una profunda reforma del sistema penitenciario, y por ello en junio de 2013 comenzó a funcionar una comisión de transición llamada a sanear las cárceles del país. Sus primeros pasos han sido tímidos. El Ejecutivo le ha dado autoridad pero no presupuesto para nuevas cárceles, ni para formar a nuevos custodios, ni para investigar casos, ni para reforzar la seguridad…
Con la memoria puesta en la inutilidad de las promesas de reforma que Ricardo Maduro hizo tras la masacre de El Porvenir, Joaquín Mejía es pesimista respecto al proceso de reforma actual. Pero se consuela pensando que la sentencia de la Corte ayuda a hacer pública una verdad dolorosa:
—El Porvenir fue la confirmación de que la política de mano dura, de limpieza y exterminio social en las calles, se estaba trasladando a los centros penales —dice—. Y luego ves lo de San Pedro Sula y lo de Comayagua… No queda otra explicación lógica: hay una política de Estado, porque una política no sólo es hacer algo; la política de Estado puede ser no hacer nada.
La serenidad de Arabeska Sánchez contrasta con el ímpetu de Joaquín Mejía pero a ambos los une una tenaz filosofía de maratonista en su batalla contra esa política de Estado. Mientras termina su seven up, Arabeska Sánchez cuenta que su último trabajo para el Ministerio Público fue sistematizar en una base de datos toda la información forense de las víctimas del incendio de Comayagua. Cadáveres y más cadáveres. Después de eso renunció. Ahora trabaja en el Observatorio de violencia de la Universidad Autónoma de Honduras, la UNAH. Dice que aunque los testimonios hablan de custodios disparando a los presos para que no intentaran fugarse, ella no encontró en ningún informe de autopsia rastros de bala.
—Mi conclusión es que en Comayagua, a diferencia de lo que pasó en El Porvenir, aprendieron a matar sin dejar pistas.
En domingo de visita y con el día soleado, hasta un lugar tan sórdido como la cárcel de Támara ofrece una estampa de parque familiar. Parejas abrazadas, niños que corren por las canchas deportivas, bolsas de comida que van y vienen. Solo la mirada inquisitiva de los custodios, los límites que imponen a quien quiera moverse por el recinto, recuerdan que no todo lo controlan todavía los presos. Me impiden llegar hasta la celda de aislamiento en la que está Moncho Cálix; va a ser imposible entrar a los edificios de Sentenciados 1 y 2 en busca de los CORE, o llegar hasta El Escorpión, el sector que ocupan los presos del Barrio 18, para recoger su versión sobre la matanza más reciente.
El 3 de agosto de 2013, a las 7 de la mañana, pandilleros de la Mara Salvatrucha abrieron un boquete en uno de los muros que separa el sector el Barrio 18 del resto del penal y atacaron a sus enemigos con fusiles AK-47 y hasta once granadas. Murieron tres dieciocheros. La nueva comisión de transición para la reforma del sistema penitenciario llevaba apenas dos meses en sus cargos. Toda una bienvenida.
Desde que supe del ataque, dos detalles me llamaron especialmente la atención: por un lado, para llegar desde sus celdas hasta las de sus enemigos, los miembros de la MS-13 tuvieron que atravesar todo el penal, tres sectores, controlados totalmente por paisas. Es obvio que hubo una alianza entre pandilleros y no pandilleros para atacar al Barrio 18. Por otro, la reacción de las autoridades fue esencialmente aumentar la seguridad perimetral de la cárcel, pero no hubo grandes novedades o acciones hacia el interior. De hecho, en los registros de celdas que se hicieron a los pocos días, la Policía y el Ejército no fueron capaces de encontrar ni un solo arma larga de las utilizadas en el atentado.
Pero estando aquí, en Támara, paseando por sus patios y hablando con algunos internos, aparece una nueva sorpresa: justo sobre el lugar en el que la Mara perforó el muro tras al menos una hora de martillar, hay una torreta de vigilancia ocupada las 24 horas del día por un centinela. Las autoridades del penal, me resulta evidente, toleraron de alguna forma el ataque.
Sentado en una banqueta de madera dentro de una de las pequeñas tienditas ilegales que hay por todo el penal, comento con El Guitarrista mis conclusiones. Se limita a sonreír.
El Guitarrista es un hombre joven, que no tiene mucho más de 30 años pero lleva más de una década en cárcel por homicidio y sabe que de muros para adentro es mejor no cruzar acusaciones con otros presos. Por eso calla y solo sonríe. Estaba en El Porvenir el día de la masacre, hace once años. Era uno de los rondines bajo las órdenes de Coca. Asegura que él no participó en la muerte de ningún pandillero.
—A mí, cuando el forense pidió ayuda, me tocó embolsar los cuerpos de la mujer y la niña que estaban visitando a los pandilleros…. Mire, yo no justifico lo que allí ocurrió, pero sí le digo que la intención de esos mareros era matarnos a todos los que estábamos allí. De haberles dejado nos mataban a todos.
No le creo una palabra. No me lo imagino de brazos cruzados o debajo de su cama durante aquella guerra de las dos horas. Parece un hombre tranquilo pero en la cárcel la mayoría de los que destriparían al vecino con la pata de una silla si se sintieran en peligro son, en el día a día, hombres tranquilos.
Mientras juguetea con unos acordes al azar, el Guitarrista asegura que lo de El Porvenir fue solo un caso más. Que en realidad cada preso muerto es un éxito en los planes de las autoridades.
—Se hacen la vista gorda porque piensan que si en una cárcel hay un motín no es pérdida, sino ganancia. Es una depuración, y cada preso que muere es un ahorro de gasto para el gobierno. Aunque sean inocentes.
—Es una idea cruel aunque sean culpables.
—Pues sí, pero así reducen. Se lavan las manos. ¡Un delincuente menos! Se supone que así reducen el índice de criminalidad, pero los criminales son ellos.
A su lado, El Ronco asiente. Tiene bigote y cuerpo de boxeador. Uno diría que el torso se le ha comido el cuello y que todavía, aunque tiene más de 50 años, entrena todos los días. Me cuenta que se crió en Estados Unidos y fue a la universidad allí. No me dice dónde. Si yo me pregunto qué le haría cometer el error de regresar a Honduras, seguro que él se lo pregunta también. Habla de la cárcel con la concisión del viejo que lo ha visto todo y recibe mis preguntas y mis dudas con un dejo de desánimo: le fastidia mi ignorancia.
—Detrás de muchas de las masacres está el gobierno, él es —dice con su voz grave. Esa es una acusación grave. ¿Tiene pruebas?
—¿Cómo va a ser de otra forma? El gobierno es aquí un simple mediador entre grupos. Nos echa leña, nos da las armas para que nos matemos, y si él es la Policía, al que tiene más dinero a ese apoya. Inclina la balanza para un lado o para el otro cada vez.
Támara debió ser una cárcel modelo y es actualmente un enjambre de negocios ilegales, odio y armas deseando purgar esos odios. Sentado en el corazón de este penal resulta difícil creer en soluciones. Cuando le pregunto a El Ronco si es posible que todo esto ocurra sin conocimiento del director del penal y también de sus superiores, él ríe.
—Como en cualquier empresa, nada pasa sin que el jefe reciba su parte del dinero. Créame. Yo he hecho negocios con ellos, con la administración del penal. Negocios ilícitos, pues.
—¿Así de simple? Así. Pero el gobierno es ciego y tonto, porque si esto sigue igual, si todo sigue podrido y sigue la matazón, ¿qué va a pasar con los hijos de ellos? ¿No los van a matar como a los hijos de usted o como a los míos?
