El presidente Rodrigo Duterte, ofreció cárcel a las personas que no quieran vacunarse contra el coronavirus. Filipinas lucha contra uno de los peores brotes de Asia, con más de 1,3 millones de casos y más de 23.000 muertes.
Este lunes, por medio de un discurso en televisión, expresó: «Tú eliges, o la vacuna o te encarcelaré». Esto, luego de conocer los informes de baja asistencia en varios sitios de vacunación en la capital, Manila.
Por el contrario, los discursos de Duterte van en contra de los funcionarios de la salud pues ellos aseguran que se invita a las personas a recibir la vacuna COVID-19, pero que aplicársela es voluntario.
Por su parte, el mandatario filipino dijo estar molesto porque los ciudadanos no ponen atención a lo que el gobierno dice. Argumentó que existe una crisis en el país por COVID.
PROCESO DE VACUNACIÓN
El 20 de junio, las autoridades filipinas vacunaron por completo a 2,1 millones de personas. El objetivo del gobierno es inmunizar hasta 70 millones de personas este año en un país de 110 millones.
El mandatario, quien ha sido criticado por su enfoque duro para detener el virus, mantuvo su decisión de no permitir que las escuelas volvieran a abrir.
De igual manera, cuestionó a la Corte Penal Internacional, después de que un fiscal de la solicitara permiso al tribunal para realizar una investigación completa sobre los asesinatos de la guerra contra las drogas en Filipinas.
Duterte, quien en marzo de 2018 canceló la membresía de Filipinas en el tratado fundacional de la CPI, repitió que no cooperará con la investigación y describió a la CPI como «una mi****».
«¿Por qué iba a defender o enfrentar una acusación ante los blancos? Debes estar loco«, dijo Rodrigo. Luego de ganar la presidencia en 2016, desató una campaña contra la droga, que ha matado a miles de personas.
Por su parte, los grupos de Derechos Humanos expresan que las autoridades han ejecutado sumariamente a sospechosos de drogas. Contrariamente, Duterte sostuvo que los asesinados se resistieron violentamente al arresto.
Finalmente, el portavoz de la CPI, Fadi El Abdallah, dijo que «la Corte es una institución judicial independiente y no comenta sobre declaraciones políticas».
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