TEGUCIGALPA, HONDURAS. En el marco de la Operación Dragón VI, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó a varios funcionarios y exfuncionarios de la Secretaría de Salud y BANASUPRO por diferentes delitos.
Desde muy temprano se anunció que se buscaba dar con la captura de empleados de la Secretaría de Salud y de Obras sociales. Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público indicó que «esta operación es en el marco de la lucha contra la corrupción».
«Se ha establecido una estrategia de trabajo que ha dado con la captura de varios exservidores de la Secretaría de Salud», puntualizó.
CAPTURAS EN SECRETARÍA DE SALUD
1. Doris Obdulia Grádiz Sevilla
2. Nelson Antonio Rivas Grádiz
3. Iris Vanessa Nieto Grádiz
4. Claudia Fabiola Nieto Grádiz
5. Nelson Antonio Rivas Grádiz
6. Karla Regina Alfaro Vallejo
7. Ricardo Enrique Lanza
8. Gladys Carolina Zelaya
9. Noel Efraín Nieto Aguilar
CAPTURAS EN BANASUPRO
10. Santos Ubaldo Cerrato Canales, exgerente de BANASUPRO
11. Víctor Samuel Ancheta Castro, jefe de Recursos Humanos
12. José Norman Canales Fúnez, jefe de Contabilidad y Financiera
13. Claudia Monserrat Cáceres, jefe de Bienes Nacionales
Cálix detalló que se trata de una investigación comprendida entre los años 2009 al 2016; la cual surge a raíz de una línea de investigación relacionada con supuestos pagos fraudulentos mediante contratos beca.
Los contratos se otorgaban personas que no eran estudiantes de la carrera de medicina. Hasta el momento se ejecutaron unas 14 detenciones.
Doris Otilia Sevilla es señalada por 144 delitos de falsificación de documentos públicos. Por su parte, el ciudadano Nelson Antonio Rivas Grádiz, a quien se le presume responsable del delito de fraude.
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Capturan a exempleados de Banasupro
Santos Uvaldo Cerrato Canales es señalado por los delitos de fraude y abuso de autoridad. A Victor Anchecta Castro se le acusa por el delito abuso de autoridad, fraude, un delito de falsificación de documentos y usurpación de funciones.
En este mismo orden, a José Norman Canales Funez, señalado por el delito de usurpación de funciones.
Asimismo, según Jorge Galindo, portavoz de la ATIC: “este es un caso que trata de la compra irregular de software; es decir que erogaron más de tres millones de lempiras. Para este emitieron alrededor de 38 cheques a 12 compañías que fueron las beneficiadas con esta compra”.
