SAN PEDRO SULA. Un noveno implicado en el caso de Berta Cáceres fue capturado la mañana de hoy viernes dentro del aeropuerto Ramón Villeda Morales, mientras trataba de abandonar el país.
Se trata del ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía, acusado a título de autor intelectual del delito de asesinato en perjuicio de Cáceres Flores y quien en el momento del crimen fungía como Presidente Ejecutivo de la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
De acuerdo a la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la ATIC, Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesado por el crimen de la ambientalista.
Cabe destacar que el equipo de investigación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), mediante labores de inteligencia y pruebas técnicas científicas dice haber logrado vincular al detenido en el crimen de Cáceres Flores, hace 2 años.
La FEDCV a través de la Sección de Investigación de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios y la ATIC, en el marco de la Operación “Jaguar” el 2 de mayo de 2016, lograron la captura de los primeros cinco procesados por el asesinato de Berta Isabel.
A la fecha suman ocho personas detenidas por este caso, entre ellos: Sergio Ramón Rodríguez Orellana (Gerente DESA), Douglas Geovanny Bustillo (exmilitar), Mariano Díaz Chávez (Mayor Ejército), los hermanos Edilson Atilio Emerson Eusebio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Henry Javier Hernández Rodríguez y Oscar Aroldo Torres Velásquez.
Por este caso, la ATIC bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) ha capturado y procesado al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Arcángel Rosales Izcano, luego que presentaran pruebas falsas para tratar de desviar el caso en las primeras pesquisas que realizaron en torno al crimen de Cáceres Flores.
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Introducen al Congreso de Honduras “ley Berta Cáceres”
En las últimas horas fue introducido ante el Congreso Nacional de Honduras la “ley Berta Cáceres”. En su punto toral establece la derogación de la concesión del proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”. En el que fue otorgado a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
El proyecto de ley fue introducido por la diputada del departamento de Intibucá por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Olivia Marcela Zúniga Cáceres. Quihija de la extinta lideresa indígena y ambientalista, que fue asesinada la medianoche del 2 de marzo en su casa de habitación de la ciudad de La Esperanza, Intibucá.
Hija de Berta Cáceres exige mayor celeridad de la justicia
Berta Zúñiga, hija de la excoordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres, pidió hace dos años mayor prontitud para resolver el caso de la lideresa indígena.
“La justicia verdadera es desmontar la estructura criminal que la mató”, dijo Zúñiga entrevistada por el diario español El País. “Tenemos dudas que lleguemos a conocer a quién pagaron por este asesinato”, denunció.
Zúñiga en su momento desestimó la captura de uno de los implicados en el asesinato de su madre, al considerar que “solo se ha detenido a cargos intermedios”. “Ni siquiera hay certeza de que los detenidos estén implicados”, añadió.
Para la hija de la activista, el caso permanecerá impune porque las autoridades no darán con los autores intelectuales del hecho. “Nos hemos encontrado con un muro de secretos, una práctica habitual y además nos expone a posibles venganzas”, advirtió durante un acto de Amnistía Internacional.
A principíos del mes de marzo 2016, Berta Cáceres fue asesinada en el interior de su vivienda ubicada en el sector La Esperanza, departamento del Intibucá del sur-occidente del país.
En varias oportunidades, Cáceres denunció la expropiación de los territorios de las comunidades indígenas y las carencias en los sistema de salud y agrícola. A su vez, rechazó la creación de bases militares estadounidenses en el territorio Lenca.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dispuesto medidas cautelares para proteger a la líder ecologista tras denunciar amenazas de DESA por encabezar las protestas y movilizaciones en contra la construcción de una represa de esa empresa en el río Gualcarque, en las comunidades indígenas lencas. Su hija señala directamente al estado hondureño e insistió en que sea condenado “por todo lo que tuvo que pasar antes de ser asesinada”.
Según Zúñiga Cáceres, “nos hemos encontrado con un muro de secretos una práctica habitual y además nos expone a posibles venganzas” dijo durante un acto de Amnistía Internacional la hija de la coordinadora del Consejo de organizaciones populares e indígenas de Honduras (COPINH)
Precisamente Amnistía Internacional ha elevado la voz para denunciar el brutal acoso que sufren los ecologistas en América Latina que se oponen a proyectos mineros o hidroeléctricos y que están pagando con su vida. Según la organización Global Witness en el último año en el mundo hubo 185 asesinatos de ecologistas, de ellos, 122 cometidos en América latina. Según esta organización Honduras es el país con el mayor número de asesinatos entre ecologistas
Además de Berta Cáceres, otros cuatro activistas del COPINH se han dejado la vida en los últimos meses en defender el agua del Río Gualcarque. “Ese proyecto destruye la tierra, la envenena. El agua es el corazón de nuestra comunidad, nuestro medio de cultivo” denuncian desde la organización
