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jueves, noviembre 21, 2024

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San Pedro Sula, Honduras. El Ministerio Público (MP) informó, a primera hora de este viernes, que autorizó la ejecución de varias órdenes de captura contra varios empresarios y exfuncionarios municipales de San Pedro Sula por la construcción del proyecto residencial Ciudad Jaraguá.

La acción está siendo coordinada por la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF), en conjunto con la Fiscalía Especial del Medio Ambiente (FEMA); la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Fiscalía para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FERCCOP).

Dichos requerimientos fiscales se presentan, según el Ministerio Público, debido a que la construcción de Ciudad Jaraguá se realizó sobre una zona considerada área protegida en El Merendón. Desde tempranas horas elementos policiales llevan a cabo varios allanamientos de morada para capturar a los acusados.

Ciudad Jaragua
El proyecto habitacional Ciudad Jaragua no cuenta con los permisos y se desarrolló en una zona protegida.

El Merendón es considerado una de las áreas naturales más importantes del país y es protegida por su diversidad biológica. También es la principal fuente de agua para San Pedro Sula.

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Acusados

En tal sentido, el Ministerio Público acusó por una serie de delitos a las siguientes personas:

  • José Luis Gutiérrez Hermosilla, representante legal de la empresa constructora «Desarrollos Urbanos Gutiérrez G.U.G». A este se le acusa del delito de urbanización en perjuicio del orden territorial.
  • Wilfredo Umanzor Sabillón, representante Legal de la empresa Yesera Umanzor Comerciante Individual. Se le supone responsable del delito de uso ilegal de explosivos comerciales en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras.

Exempleados municipales 

  • Samuel Alexander Fajardo Escalante, miembro de la Unidad de Contaminantes de la División Municipal Ambiental (DIMA) de San Pedro Sula.
  • Martín Ramón Galo Roldán, miembro de la Unidad de Cuencas DIMA de la Municipalidad de San Pedro Sula.
  • Santos Turcios García, Jefe de la Unidad de Licencias Auditorías y Seguimientos.
  • Fausto Daniel Bográn Cárcamo, director de la Unidad de Protección y Control Ambiental de San Pedro Sula.

Además, a estos exfuncionarios se les supone responsables de tres delitos de violación a los deberes de los funcionarios a título de autores, en contra de la administración pública:

  • Cristy María Raudales Barahona, Gerente General de la División Municipal Ambiental de la Municipalidad de San Pedro Sula. Se le supone responsables de tres delitos de abuso de autoridad a título de autor, en perjuicio de la administración pública.
Municipalidad de SPS
Los empleados de la municipalidad de SPS incurrieron en delitos de abuso de autoridad.

Investigaciones 

La investigación del Ministerio Público apunta que este proyecto habitacional, ubicado entre Armenta y El Zapotal, inició con el corte y aprovechamiento de productos forestales y apertura de calles, lo que causó daños al medio ambiente de la zona de reserva de El Merendón.

De igual manera, la Fiscalía comprobó que los funcionarios antes mencionados incurrieron en acciones constitutivas del delito de abuso de autoridad. Usaron su puesto en la Gerencia de Ambiente de la alcaldía (antes DIMA) para autorizar el corte de árboles y otorgar las licencias ambientales sin disposición administrativa.

Otro de los puntos de la investigación es que las empresas “Inversiones MPG S. A. de C.V” e “Inmobiliaria El Activo S de R. L.”, al momento de realizar los descombros de árboles en los sectores de Armenta y el Zapotal, no contaban con el permiso para realizar dicha acción.

Impacto ambiental 

Además, los hallazgos de la investigación de la Fiscalía indican que los desarrolladores dividieron el proyecto habitacional en tres partes y luego solicitaron la licencia ambiental para un proyecto en categoría 3. Sin embargo, los dictámenes investigativos señalan que por la dimensión del proyecto y por el impacto ambiental, se considera categoría 4.

Pese a las irregularidades, el Ministerio Público afirma que las construcciones en Ciudad Jaragua continúan, aunque de manera ilegal, debido a que estas no cuentan con la aprobación final de la Comisión Técnica de Urbanismos y Obras Públicas, ni había sido del conocimiento ante la Corporación Municipal.

Es por ello que se considera una urbanización ilegal y se destaca que la Dirección de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de San Pedro Sula, recientemente realizó una inspección a la urbanización de “Cumbres de Jaraguá”. Estaa investigación concluyó que que la construcción del sistema de alcantarillado y agua potable no tiene la aprobación por parte de la autoridad municipal competente.

Por lo tanto, se procedió con nueve allanamientos de morada para hacer cumplir las órdenes de captura libradas contra estos empresarios exempleados de la Municipalidad.

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