TEGUCIGALPA, HONDURAS. El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, señaló que es un avance que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya aceptado la denuncia de parte del expresidente Manuel Zelaya y las demás víctimas del golpe de Estado en 2009.
Asimismo, Reina indicó que esta respuesta se conoció por otras fuentes, debido a que en los archivos de la Cancillería que dirigió Lisandro Rosales no estaban estos documentos.
En una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el canciller Reina destacó que ya las violaciones a los derechos constatadas por la CIDH, el sistema y la Corte Interamericana de DD.HH., instituciones internacionales y la Oficina del Alto Comisionado de los DD.HH.
Asimismo, Reina puntualizó que a través del tiempo se produjeron reportes y casos especiales como el de López Lone. Además, recordó algunos que involucraban a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y entre ellos a personas que las removieron de manera ilegal de sus cargos durante el golpe de Estado.
El canciller recalcó que no se trata de un caso de persecución, sino de uno donde prima la justicia. «En el caso de López Lone la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que lo que había ocurrido en 2009 era un ilícito internacional», recordó.
En tal sentido, el funcionario destacó que el hecho lleva responsabilidades tanto a los que ocasionaron el golpe, como al Estado de Honduras. Por lo cual, estos casos de DD.HH. son imprescriptibles y además son irrenunciables.
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Denuncia presentada a la CIDH
El canciller Reina recordó que después del golpe de Estado, en el mes de enero del 2010 varios funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya Rosales presentaron ante la CIDH una denuncia por los hechos ocurridos en el golpe de Estado.
«Esto no solo involucra a los funcionarios, también involucra a las víctimas. Hubo personas que las persiguieron, fallecieron, los asesinaron en el transcurso de 2009 y lo que transcurrieron prácticamente 12 años de dictadura», señaló.
Además, explicó que el 15 de diciembre, del caso que se presentó en enero del 2010, la Corte de DD.HH. comunicó al canciller Lisandro Rosales que se había aceptado el caso denominado José Manuel Zelaya Rosales y otros.
Los documentos no estaban en Cancillería
Por otro lado, Eduardo Enrique Reina destacó que la documentación no se encontraba en los archivos de la Cancillería. Por eso, destacó que llegó por medio de otras comunicaciones al presidente Zelaya Rosales.
Es por ello que pidieron a la CIDH que les enviara a ellos una copia de esa comunicación. En la misma se esbozan los casos de violación de los derechos humanos y por lo tanto lo admite la comisión a la luz de sus convenios en esa materia.
«En atención a estas consideraciones y tras examinar los hechos de derecho, esfuerzos por las partes, la CIDH estima que los alegatos de la parte peticionaria no resultan manifiestamente impugnadas y requieren un estudio de fondo», dicta el documento.
Los hechos alegados a corroborarse podrían caracterizar violación a lo siguiente:
- Artículo 5 que se refiere a la integridad personal
- Artículo 7 libertad personal
- 8 garantías judiciales
- 11 honra y dignidad
- 17 protección de la familia
- 22 circulación y residencia
- 23 derechos políticos
- 25 protección judicial, 26 derechos económicos, sociales, culturales, en marco de la obligación de respetar los derechos humanos», agrega el documento leído por el canciller.
Por último, el canciller Reina recalcó que el caso es importante porque hay mucha discusión, debido a que fue lo que usaron para perseguir a los funcionarios del gobierno de Manuel Zelaya y hubo motivación política para fraguarlos.
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