TEGUCIGALPA, HONDURAS. En las últimas horas trascendió que dos reconocidos exfuncionarios de Honduras habrían perdido su visa para ingresar a Estados Unidos debido a que están bajo investigación por compras ligadas a la pandemia de COVID-19.
De manera específica, la versión indica que uno de ellos es Marco Bográn, exdirector ejecutivo de la Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H). El otro personaje mencionado es el diputado Gabriel Rubí.
Este último fungió como titular de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO). Él renunció a esa posición el 21 de abril, luego de permanecer en el mismo por ocho meses.
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¿Qué dice Rubí?
El ingeniero Rubí compartió una nota aclaratoria donde negó lo que circuló en redes sociales, portales informativos y medios de comunicación. Argumentó en su favor el hecho de que ninguna autoridad de Estados Unidos le manifestó algo al respecto.
Dirigió su mensaje a la totalidad del pueblo hondureño. En virtud de que aún no recibió ninguna notificación en su correo electrónico, procedió a acotar que el rumor es «totalmente falso».
Asimismo, expresó que, desde el momento en que renunció a su posición en COPECO, se colocó a disposición de las autoridades competentes para facilitar el proceso de investigación del caso.
Además, que procuró dejar en claro que los procesos administrativos que él manejó contaron «con transparencia, a pesar de las condiciones adversas generadas por la pandemia de COVID-19».
Silencio de EEUU
Por su parte, la Embajada de Estados Unidos no se pronunció para desmentir o confirmar la cancelación del documento migratorio. En ese sentido, las autoridades de ese país se remiten a su política de discreción en torno a casos individuales de visas.
En virtud de ese principio de confidencialidad, la embajada se negó a hacer algún comentario sobre lo que se especula.
Habría más involucrados
Según fuentes, la cancelación de visas incluiría a otros seis funcionarios de INVEST-H, cuyo rango en la institución sería de menor jerarquía de la cual ocupó Bográn.
Igualmente, se dice que el Departamento de Estado del país norteamericano basó su supuesta decisión en las denuncias de empresas locales. Las mismas habrían notificado al Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre irregularidades presentadas en las adquisiciones para la crisis sanitaria.
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