Honduras. – Los Cachiros lavaron unos L. 143 millones en 28 contratos con el Estado hondureño, según información proporcionada por el Ministerio Público.

El Ministerio Público inició las diligencias en el caso de los contratos millonarios adjudicados por el gobierno de Pepe Lobo. Estos fueron adjudicados a las empresas de la familia de narcotraficantes Rivera Maradiaga. Dicha organización criminal es conocida como “Los Cachiros”, quienes están presos en New York.

Cachiros lavaron L. 143 con el gobierno de Pepe Lobo

El caso estará a cargo de la recién creada Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), apoyada por fiscales y agentes internacionales.

La investigación se centrará nuevamente en los 28 proyectos que se adjudicaron a “Los Cachiros”. Lo anterior por medio de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (Soptravi). También con el Fondo Vial y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Además se suman el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), entre otras.

Del mismo modo, revisarán a profundidad el caso de corrupción por supuestas irregularidades. Esto a lo interno del desaparecido Consejo de la Judicatura de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El director de comunicaciones del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que ya se hizo la solicitud formal de los fiscales internacionales. Los mismos trabajarán en conjunto con fiscales de Honduras. Esto para que los casos sean investigados por la Unidad Fiscal. Los mismos ya fueron aprobados por el fiscal general de la República, Óscar Chinchilla.

Teodoro Bonilla, otra vez será investigado

Agregó que las investigaciones incluirán también el sonado caso del desaparecido Consejo de la Judicatura (CJ). El caso está relacionado con la contratación irregular de personal. Del mismo modo, tata del despilfarro en el presupuesto asignado a esa entidad adscrita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Precisamente la gestión que está investigando el MP es la que presidió el ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla; preso por el delito de tráfico de influencias.

“Estos son los únicos casos que hasta el momento se solicitaron de manera formal. Por lo anterior todas las investigaciones que se habían hecho anteriormente van a ser transferidas a la UFECIC. Esto para que los nuevos fiscales conozcan los detalles de las mismas”, precisó.

Además de ello, los fiscales adscritos a esta nueva unidad están recopilando los expedientes. Mismos que fueron autorizados a traspasar a la recién creada unidad fiscal de parte de las fiscalías que estaban realizando las averiguaciones. Es decir, de la Fiscalía Especial Contra el Combate y la Transparencia (Fetccop). Del mismo modo, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Fiscalía para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del sector Justicia.

Mora habló acerca de las líneas investigativas que seguirán de ahora en adelante tras tener en su poder estos casos. Indicó que los fiscales nacionales e internacionales determinarán si en efecto continuarán con el mismo camino. Eso, o en cambio, si abrirán más investigaciones siempre con el fin de fortalecer la carga probatoria en contra de los responsables.

Devis Leonel Maradiaga confesó que pagó sobornos para lograr contraros

El exjefe del cartel, Devis Leonel Rivera Maradiaga, reveló el pasado mes de marzo ante la Corte Federal de Nueva York que pagó sobornos a cambio de recibir protección. Al tiempo que solicitó el otorgamiento de contratos en diferentes instituciones gubernamentales.

Según las investigaciones de la Fiscalía, entre las empresas de “Los Cachiros” que licitaron con las empresas estatales se destacan: Acrópolis, Lutopas; Consultorías Mantenimientos y Servicios, COMSSA, Concretos del Norte S de R.L, CONOR, Inmobiliaria Rivera Maradiaga (INRIMAR): con esta última los narcotraficantes licitaron más de 20 proyectos con Soptravi y unos ocho proyectos con Fondo Vial. Amasando solo en esas licitaciones más de 143 millones en menos de 3 años.

Las obras de pavimentación que ejecutó INRIMAR fueron realizadas en los tramos de Colón, Olancho y Yoro.

Otras de las empresas que detectó el Ministerio Público, es la de los señores Francisco Arturo Mejía y Nohelia Marina Murillo, madre de Nohelia Mercedes Pacheco, socia de INRIMAR y de ARQDICO, todos estos testaferros de “Los Cachiros”.

Es por ello, que en marzo y abril pasado, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), secuestró contratos de los años 2010 al 2014 en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (Insep), Fondo Vial y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) relacionadas a las empresas de “Los Cachiros”.

Según lo informado por las autoridades del MP, las acciones tienen como objetivo secuestrar más documentados ligados a la adjudicación de obras por parte de estas instituciones a la organización criminal de tráfico de drogas, cuyos líderes se entregaron de forma voluntaria a Estados Unidos en el 2015.

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