TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego de que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarara «inconstitucional parcial» la «Ley de Secretos», el Comité por la Libertad de Expresión (C-Libre) se pronunció inconforme.
El nombre oficial de la legislación es Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional y se aprobó en el Congreso Nacional en 2014; C-Libre presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de artículos de la misma en febrero de 2016.
Tres de cinco magistrados se mostraron a favor de la determinación parcial, mientras que los restantes votaron en contra de que se declare algún tipo inconstitucionalidad.
Por tanto, la decisión quedará en manos del pleno la Corte Suprema de Justicia. El decreto que dio vida a la norma fue el número 418-2013. Se publicó en La Gaceta en marzo de 2014.
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C-Libre: Resolución «a medias»
El representante legal de C-Libre, Mario Rojas hizo énfasis en que se declaró con lugar parcialmente el recurso, y no la totalidad como solicitó la organización.
En ese sentido, enumeró los artículos que habrían sido catalogados de inconstitucionales: el dos, cuatro, siete y 10; «estos artículos versan el tipo de clasificación: ya sea confidencial, secreto, ultra secreto, y el tiempo de la clasificación, que va desde 5 a 25 años», detalló al respecto.
No obstante, el fallo, debido a que sólo afecta una fracción de la ley, no satisface a la coalición de periodistas y representantes de la sociedad civil. ¿Por qué? Rojas lo explica, señalando que hay un término que abriría posibilidades de ocultar muchos datos.
«Nuestro recurso planteaba la inconstitucionalidad de toda la ley, desde la forma hasta el fondo. Los estándares internacionales establecen que, en la propia ley de clasificación, se tiene que establecer qué es seguridad nacional para así poder encajar la información que se considere confidencial dentro de la ley», inició explicando el abogado de C-Libre.
Y prosiguió: «Pero esta ley no establece qué es seguridad nacional; entonces, todas las instituciones usan esa término (seguridad nacional) para poder meter toda la información que ellos creen que no se debe mostrar al público«.
Acusación
El jurista también señaló que a su criterio la «Ley de Secretos» propicia la corrupción.
«La ley ha sido un pilar fundamental para seguir con la corrupción», denunció.
El mayor cuestionamiento que realiza a esta ley es que impide al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) realizar sus investigaciones; especialmente, las indagaciones de los fondos públicos que se manejan a través de la Tasa de Seguridad.
