AFP. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el domingo que desplegó 6,000 militares y policías para cercar remanentes de pandillas en el norte del país tras la muerte de dos personas.
«En este momento 5 mil soldados y mil policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador para desarticular esa clica por completo», escribió el gobernante en X.
Argumentó que hace unos días «hubo dos homicidios» en esa zona, unos 90 km al norte de San Salvador. Además, que ahí se capturaron a «dos culpables», miembros de la pandilla Barrio 18 Sureños.
«No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas«, advirtió en la red social. Asimismo, publicó un video del impresionante despliegue de uniformados organizados en escuadras y dos detenidos hincados con las manos esposadas.
«Limpiaremos por completo la zona, vamos a extraer hasta el último remanente de pandillas», publicó también en X el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy. Esto al describir el despliegue al sur del departamento de Chalatenango.
Hace unos días, hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los dos culpables, miembros de la pandilla 18 Sureños.
En este momento, 5 mil soldados y mil policías han cercado los distritos de San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San… pic.twitter.com/Nhx2bL6k6R
— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 25, 2024
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Estado de excepción
El Salvador vive desde hace dos años bajo un estado de excepción ordenado por Bukele, que provocó la detención de casi 76.000 personas sin orden judicial, de los que más de 7.000 fueron liberados por ser inocentes.
A las pandillas, nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, el gobierno salvadoreño les atribuye unos 120.000 homicidios en casi tres décadas. Esto superando los 75.000 muertos que dejaron doce años de guerra civil (1980-1992).
Tras el fin de la guerra, los salvadoreños empezaron a vivir bajo el terror de las pandillas MS-13 y su rival Barrio 18. Juntas llegaron a sumar unos 100.000 miembros.
Organismos de derechos humanos critican el régimen de excepción, pues denuncian «detenciones arbitrarias», «torturas» y «muertes» en prisión.
