TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado nacionalista y exfutbolista, Wilmer Velásquez, presentó el proyecto de ley «Bono Bodas de Oro» ante el Congreso Nacional que propone crear un bono de 15 mil lempiras para parejas con 50 años de matrimonio.
El parlamentario propuso que los casados tienen que cumplir con una serie de requisitos para poder aplicar; entre las condiciones se debe presentar una constancia que certifique que la pareja no vive en medio de conflictos.
Asimismo, los cónyuges no deben tener ningún tipo de denuncia de violencia familiar, intrafamiliar o marital ante el Ministerio Público o Tribunales de Justicia del país.
Ante esto, la página del Congreso Nacional anunció el llamado «Bono Bodas de Oro» en fase de revisión. Otra propuesta del diputado Velásquez es la de regular la venta de vídeos violentos a menores de 18 años.
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Otra propuesta similar
Sin embargo, no es la primera vez que se propone un bono a los matrimonios. Augusto Cruz Asensio, exdiputado del partido Democracia Cristiana expuso esta iniciativa en el año 2014.
En ese tiempo el bono era de L. 45 mil para los cónyuges con más de 45 años de matrimonio. El diputado dijo que el propósito era fortalecer vínculos y valores familiares.
Funcionarios de la CSJ y MP no paguen impuestos
El diputado por el Partido Nacional, David Chávez Madison, presentó un proyecto de ley en Congreso Nacional para que algunos funcionarios del Estado de Honduras sean exonerados de pagar impuestos.
En dicha propuesta, el legislador solicitó que algunos funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público no paguen tributos. Según Chávez, hay que reformar, por adición, el literal del artículo 7 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Es de resaltar que los asalariados con ingresos de hasta L. 16,582.67 mensuales no pagan ISR; la cual es la segunda fuente de ingresos para el fisco, solo superado por el Impuesto Sobre Ventas (ISV).
Durante el año anterior, cerca de 4,600 asalariados dejaron de pagar el impuesto por el ajuste a la base exenta. Loo que habría dejado un sacrificio fiscal de L. 300 millones.
En lo que respecta, quienes serían los beneficiados con la propuesta del congresista están jueces y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y fiscales del Ministerio Público.
