CORTÉS, HONDURAS. Ramón Barrios, diputado de Partido Libertad y Refundación (LIBRE), declaró recientemente que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, negoció con Estados Unidos la nacionalización de Juan Orlando Hernández.
Eso sucedió, según lo declarado, a cambio de reducir el embargo económico y sanciones contra su Gobierno. Esta información la relató el funcionario en el medio Une TV.
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Barrios es quien preside la Comisión de Extradición surgida en el Congreso Nacional (CN) y que se ha encargado de evaluar casos pendientes relacionados a la temática, en los últimos meses.
El parlamentario señaló que días antes de dejar su cargo, el expresidente, Juan Orlando Hernández, intentó cruzar la frontera hacia Nicaragua. Según declaraciones, lo quería hacer a través del punto fronterizo de Las Manos en los primeros días del mes de enero de este año 2022.
«Llegó a la frontera pero había un comando de la DEA, vigilándolo. Él quiso entrar y el comando le dijo que escogiera la forma en que se lo iban a llevar a Estados Unidos, si en ese momento o que esperara la extradición», comentó Barrios.
Asimismo explicó que, «Daniel Ortega ya había negociado con Estados Unidos algunas rebajas en el embargo que tiene Nicaragua, para no permitirle a Juan Orlando Hernández que entrara y solicitara la nacionalidad nicaragüense».
Acusaciones a Juan Orlando Hernández
El exmandatario se enfrentó a un juicio por narcotráfico, después de que una corte de Nueva York lo acusó de participar en una «conspiración», para facilitar el ingreso de toneladas de cocaína a territorio estadounidense y de recibir millones de dólares de organizaciones criminales de su país y México.
Ebal Díaz, ministro de la Presidencia en la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2018 y 2018-2022), y Ricardo Cardona, exsecretario privado de Hernández, recibieron la nacionalidad nicaragüense por naturalización durante la última semana, otorgada por Daniel Ortega.
Se conoció que sobre Ebal Díaz existen al menos dos procesos investigativos pendientes en el Ministerio Público (MP).
La primera investigación está en manos de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (Unaf). Se trata del mal manejo del denominado proyecto de Residencias Morazán y reasentamiento de pobladores de Lomas del Diamante.
La segunda está en poder de la Unidad Especializada contra Delitos Electorales. Esta indaga un presunto fraude electoral tras los comicios del 27 de noviembre de 2021.
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