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jueves, noviembre 21, 2024

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Tegucigalpa, Honduras.– El alcalde sampedrano, Roberto Contreras, manifestó este miércoles que la disfuncionalidad de las cámaras de seguridad del 911 en San Pedro Sula han fomentado la delincuencia. Por lo que solicitó a las autoridades tomar las medidas correspondientes.

«Nosotros tenemos cerca de ocho meses desde que la ciudad no cuenta con la cámaras del 911, lo cual en algunas medidas fomenta la delincuencia en la ciudad. No tener un proceso de observación en San Pedro Sula», comenzó diciendo Contreras.

ROBERTO CONTRERAS
El alcalde de SPS, Roberto Contreras.

El edil resaltó la importancia de que el Gobierno central retome los contratos con la empresa que maneja las cámaras del 911. «Estamos hablando de cerca de 800 cámaras que están apagadas y que no contribuyen a disminuir la delincuencia», señaló.

En tal sentido, expresó su preocupación, pues los índices de delincuencia aumentan cada día, y debido al mal funcionamiento de los equipos de seguridad no hay evidencias para capturar a las personas que infringen la ley.

Nota relacionada: Acabar con secuestro de las cámaras del 911 proponen expertos

Deuda estatal mantiene apagadas más de 3 mil cámaras del 911

Desde hace más de un año, más de 3 mil cámaras del 911 dejaron de funcionar debido la deuda que mantiene el Gobierno con la empresa contratada para el manejo de las mismas. Esta situación pone en peligro la seguridad de los hondureños, según expertos.

La no renovación de los contratos para la operatividad de ese sistema de vigilancia provoca que no haya un monitoreo de los crímenes en el país.

Los datos indican que son más de 50 millones de lempiras los que se le adeudan a la empresa que se encargaba del sistema.

Cámaras del 911
Contrato con empresa que opera las cámaras de vigilancia tiene problemas legales en cuanto a sus procesos, según reportes

En julio de 2021, el Congreso Nacional (CN) aprobó la extensión del contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 a la sociedad mercantil Dinamyc Corporation S.A de C.V. Esta aprobación se hizo bajo la modalidad de adquisición directa.

Sin embargo, el actual Gobierno considera que se trató de una contratación ilícita o amañada por parte de las anteriores autoridades. Por lo que decidió no renovar el contrato y, al día de hoy, no se cuenta con una segunda empresa que se encargue.

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