CORTÉS, HONDURAS. En las últimas horas se fijaron las fechas de dos audiencias más para conocer las solicitudes de amnistía interpuestas por la defensa del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, en el Juzgado de Letras Penal.
Una de las audiencias se programó para el lunes 4 de abril a las 10:00 a.m. La segunda es para el viernes 8 de abril en el mismo horario.
El Juzgado de Letras de lo Penal recibió y admitió la solicitud del abogado defensor del exacalde para beneficiarlo con la aplicación de la amnistía política aprobada recientemente en el Congreso Nacional. La primera audiencia ad-hoc, celebrada del pasado viernes en la sala segunda del Tribunal de Sentencia, negó beneficiar con amnistía a Padilla.
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Requerimientos fiscales contra Sunseri
El 30 de octubre y el 21 de agosto de 2009 y 2013 se presentaron los requerimientos fiscales con relación a los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Las acusaciones vinculan a Padilla Sunseri en el periodo del 25 de enero de 2002 al 24 de enero de 2006 cuando fungió como regidor. Posteriormente, asumió como alcalde el 25 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009.
Una de las imputaciones por parte del Ministerio Público es sobre el gasto y alto consumo de combustible asignado a los regidores. El segundo caso es porque el 26 de octubre de 2006 se inició el proceso de licitación pública del proyecto “Pavimentación del barrio Las Flores”, adjudicado a una empresa. El proceso inició el 6 de febrero de 2007 y a la constructora se le anticipó la cantidad de 1,096,814.19 lempiras.
La Fiscalía indicó en su momento que durante el desarrollo de la obra hubo atrasos. Según informes, la tesorería municipal incumplió con los pagos, según el contratista que hizo los reclamos.
Siete meses después, en octubre, la empresa abandonó la continuación de la obra. Un mes antes, el director de Obras Públicas de la Alcaldía había alertado y solicitado al procurador municipal iniciar acciones legales porque estaban vigentes la garantías de cumplimiento, según la cláusula 14 del contrato suscrito entre la Municipalidad y el contratista.
Para realizar el plan de inversión municipal, en diciembre de ese año instituciones bancarias otorgaron préstamos de 60 y 290 millones de lempiras. Esos recursos eran para ejecutar varias obras, entre ellas la pavimentación del barrio Las Flores.
Sin embargo, el dinero supuestamente lo desviaron por orden del entonces administrador, quien habría redestinado parte del dinero para cancelar otras deudas.
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