Tegucigalpa, Honduras.- El próximo martes 7 de febrero del presente año, las autoridades judicial continuarán la audiencia inicial contra tres exfuncionarios de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por el caso de un alumbrado público.
La audiencia inicial contra los exfuncionarios comenzó su ejecución el pasado lunes de 30 de enero, sin embargo, se alargó y la reprogramaron.
Los tres señalados son Jesús Mejía y Mario Cardona, a quienes les atribuyen el delito de violación a los deberes de los funcionarios. También, Gerardo Rivera, acusado por malversación de caudales públicos.
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Según los detalles revelados por las autoridades, el caso del proyecto de alumbrado público por el que se les acusa se ejecutó en el departamento de Intibucá.
#JuzgadoPenal en Materia de Corrupción continuará el próximo martes la Audiencia Inicial para Jesús Mejía y Mario Flores acusados de Violación a los Deberes de los Funcionarios y Gerardo Rivera por Malversación de Caudales Públicos, caso por un proyecto de alumbrado en Intibucá. pic.twitter.com/JBkx6u8gsn
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) February 1, 2023
Detalles de la investigación
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) señala a los tres exfuncionarios de la empresa estatal por irregularidades en el proyecto.
En el año 2017 habrían incurrido en irregularidades relacionadas con un proyecto de electrificación en la comunidad de “El Rodeo”, Intibucá. No fue ejecutado, pese a que se retiraron los materiales.
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La FETCCOP también presentó un antejuicio en contra del regidor municipal de Intibucá, Selvin Sadi Márquez Euceda.
Al regidor lo suponen responsable del delito de malversación de caudales públicos.
ATIC reforzó la investigación
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) aseguró que el 17 de noviembre del año 2017, Selvin Márquez retiró del almacén central de la ENEE los materiales.
Dichos materiales estaban destinados para la electrificación de dicha comunidad, y mediante inspección realizada el 05 de abril de 2021.
Constataron que el proyecto no se ejecutó, causando un perjuicio de 722 mil 083 lempiras con 55 centavos al Estado, ya que aún se desconoce el destino de los materiales.
