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viernes, noviembre 22, 2024

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Redacción. La Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) expresó su rechazo contra cualquier intento de nombrar una junta interventora o de transición creada por el Congreso Nacional (CN) para intervenir el Ministerio Público (MP).

A través de un pronunciamiento, el ente aclara que «el MP es una institución independiente de los poderes del Estado y apolítica».

De igual manera, advierten que la creación de una junta interventora sería una clara intromisión política, que solo causará más daño al ente acusador del Estado.

Fiscales y personal del MP.

«La desconoceremos»

Además, la AFH aclara que «cualquier junta será desconocida por los fiscales y demás empleados del Ministerio Público».

La también: Rechazan carta de renuncia del fiscal general adjunto Daniel Sibrián

Asimismo, los fiscales hacen un llamado al Poder Legislativo al diálogo, para que haya una elección de fiscales democrática.

“Hemos expresado, desde el inicio del proceso, la necesidad de que las actuales autoridades del Ministerio Público concluyeran su función en el tiempo constitucionalmente previsto”, expresa la asociación. Seguidamente lamentaron que eso no haya sucedido.

Otro de los puntos importantes que señala el pronunciamiento es que al no haber consensos, los congresistas deben apegarse a la Ley.

“Al no existir consenso debe aplicarse la norma complementaria», es decir, «la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 80».

Esta Ley prevé «la continuación de los actuales titulares del Ministerio Público hasta que no se elija el nuevo fiscal general y fiscal general adjunto».

Pronunciamiento de la AFH.

Agregan que «si estos (los fiscales) no quisieran continuar en el cargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, previene un procedimiento de sustitución en su artículo 18, en el cual se determina que a falta de los titulares de nuestra institución, asume el Director de Fiscales».

Finalmente, la Asociación de Fiscales, exige al Congreso Nacional que «procedan de manera inmediata a la elección de fiscal general y fiscal general adjunto, como un deber ineludible como funcionarios públicos y en respeto al mandato Constitucional que se les ha delegado por el pueblo hondureño».

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