Redacción. Alrededor de 191 proyectos de ley, que buscan beneficiar a la población en general, están engavetados en el Congreso Nacional desde enero de 2024, según un informe presentado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Durante el Primer Monitoreo Legislativo 2024, la organización hondureña de sociedad civil evaluó la crisis que ha enfrentado este poder del Estado; así, por ejemplo, la parálisis legislativa en 2023 que duró cuatro meses y provocó arbitrariedades en la junta directiva por medio de la Comisión Permanente —que impulsó el mismo Legislativo—.
Así también analizó la asistencia de los congresistas al hemiciclo, sesiones completadas y proyectos de ley aprobados y engavetados.
Decretos engavetados
El informe señala que desde enero de 2024 se han presentado 255 proyectos de ley. De ese total, solo 55 han sido aprobados y alrededor de 191 aún están «engavetados».
Entre los decretos aprobados figuran 11 contrataciones de endeudamiento externo por 34 mil millones de lempiras, nueve amnistías y exoneraciones, cuatro condecoraciones, dos ampliaciones al estado de excepción, tres elecciones de segundo grado, dos relacionados a cultura y patrimonio, y tres de tipo social.
A la lista le siguen 21 leyes, reformas y presupuesto, lo que «evidencia la falta de voluntad política para atender los grandes temas de país que fortalecen la democracia y el Estado de derecho». Hubo otras leyes aprobadas en beneficio para la población en materia de protección a víctimas de violencia doméstica, adultos mayores, pacientes oncológicos y áreas forestales.
En cuanto a los proyectos engavetados de gran importancia figuran:
- Ley de transparencia y rendición de cuentas
- Ley de autonomía de las personas con discapacidad
- La nueva Ley procesal electoral
- Ley de prevención y erradicación del trabajo infantil.
Igualmente, están pendientes de discusión y aprobación otras leyes para el fortalecimiento del Estado de derecho: Ley del consejo de la judicatura, Ley de colaboración eficaz, Ley de transparencia y acceso a la información pública, entre otras.
«No podemos quedarnos callados»
La situación, además, fue confirmada por el diputado del Partido Liberal, Yury Sabas, cuando en la sesión legislativa celebrada el martes recriminó la falta de interés en aprobar leyes a favor del medio ambiente, algunas ya propuestas desde un par de meses.
«La gente nos habla de los temas que les aprietan los zapatos a ellos y que le afectan su diario vivir. Y no podemos nosotros desconocer el enorme problema ambiental que tiene Honduras ahorita», dijo.
El congresista recordó que hace dos años presentó una ley para regular los desechos sólidos, y hasta el día de hoy no se ha discutido. Incluso, un proyecto de ley sobre guardias forestales —presentado por el congresista Jari Dixón— también continúa engavetado.
Así pues, pidió al Congreso Nacional darle interés e importancia a este tipo de temas ambientales. Esto, debido a la contaminación que se vive ahora en el territorio nacional.
Lea también: ASJ manifiesta preocupación por uso indebido de uniformes policiales
Asistencia y presupuesto
La ASJ también destacó en su informe que los legisladores tuvieron un promedio de asistencia de 73% este 2024, en 28 de 38 posibles días sesionados.
La puntuación más alta corresponde a los partidos Salvador de Honduras y Democracia Cristiana, con un global de 13 de 15 sesiones. A estos les siguen el Partido Libre y Partido Liberal con 11 de 15 sesiones; el Partido Nacional con 10 de 15 sesiones; y el Partido Anticorrupción con 9 de 15 sesiones. Sólo tres diputados permanecieron en las 15 sesiones completas.
En cuanto al presupuesto, de enero a abril de 2024, se han ejecutado 362.5 millones de lempiras: 75.4 millones destinados a sueldos de diputados y 54.2 millones a viáticos. Más 2.6 millones a viáticos para viajes al extranjero y 80.5 millones de lempiras a subvenciones (Fondo Departamental).
Ante los hallazgos, la ASJ y la Democracia en Acción instaron al Congreso Nacional a eficientar la labor de las diferentes comisiones para reducir la mora legislativa con la finalidad de evitar el rezago a través del seguimiento oportuno a los proyectos de ley presentados. Así como también la implementación de una verdadera agenda que responda a los intereses de país.